Antonio Madariaga Reales
  Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

Las pasadas elecciones locales en las que la MOE acertadamente identificó como principal amenaza la corrupción, demostraron –sin embargo-, las fortalezas que tiene nuestra democracia electoral. Y ese no es un asunto de poca monta.

El que se pudieran desarrollar los comicios en condiciones de tranquilidad en el 99% el territorio nacional; el que contrariando las intuiciones y las obviedades el Centro Democrático ganara la alcaldía de San Vicente del Caguán y perdiera la alcaldía de Medellín; el que perdiera Yahir Acuña en Sucre; el que saliera derrotado el poderoso clan Aguilar en Santander; en el que los partidos y los candidatos y candidatas que perdieron, reconocieran el triunfo de quienes los derrotaron; el que la Registraduría haya avanzado de manera significativa en la velocidad del conteo de los votos; son todas señales que algunas de las características propias de una democracia electoral funcionan.

Si es así, en donde radican entonces las deficiencias de esta democracia electoral ¿que impiden que, a pesar del positivo recuento anterior, esta sea una democracia políticamente desarrollada y donde la voluntad popular se exprese de manera realmente libre?

Una primera y fundamental razón se encuentra en la condición de nuestros partidos. Lo más elemental es que los partidos abandonaron la política para dedicarse a ganar, a cualquier costo las elecciones. Las señales más claras de ello las podemos encontrar en la entrega de avales a personajes provenientes o de la corrupción o de la parapolítica, como Oneida Pinto en la Guajira o Luis Pérez en Antioquia, hasta completar más de 130 y en las alianzas y coaliciones inverosímiles o en las adhesiones impensables entre ellos, como por ejemplo en Barranquilla donde todos se subieron al carro ganador de Alex Char. No existe tampoco organización de los partidos y movimientos políticos, que salvo excepciones como el MIRA, no poseen estructura interna con militancias identificables, ni procesos de construcción de agendas con los sectores sociales a quienes dicen representar, excepto tal vez en algún momento el PDA. Finalmente son pan de cada día las prácticas patrimonialistas de los partidos y candidatos.

Una segunda se encuentra en nuestro sistema electoral que está lleno de debilidades y huecos por donde se cuelan la corrupción y el desvío de la voluntad de los electores, donde desde la cárcel puede ganar las elecciones en Yopal, el conocido con el alias de John Calzones, y tiene a la cabeza un organismo como el Consejo Nacional Electoral, cuya composición deriva de componendas entre quienes deben ser por él vigilados.

Una tercera está en los déficits de ciudadanía existentes. En muchas zonas del país prospera la compra venta de votos, ya sea por dinero o en especie, (tejas, cemento, etc.), o por promesas de recompensas burocráticas. No existe una práctica ni de los partidos ni por parte del Estado para superar este déficit de ciudadanía. Por el contrario en general este comportamiento o es estimulado por los partidos o es tolerado de manera cómplice. De igual manera el Estado se limita a las exhortaciones vehementes en la cercanía de las elecciones para pedirle a la ciudadanía que “vote por los mejores” o “por los más honestos”.

Por lo tanto si queremos tener una democracia fuerte, capaz de afrontar el desafío de construir una sociedad de los derechos, tenemos que volver a la política, a la contrastación entre modelos y énfasis en la conducción del Estado como base para la escogencia por parte de la ciudadanía de quienes deben gobernar; a una ciudadanía de “alta intensidad” que se reconozca como titular de derechos pero sobre todo como quien tiene el poder de definir la composición y dirección del gobierno y dotarnos de un entorno normativo y de una arquitectura institucional del sistema electoral apropiada a este propósito.

Solo en un entorno de esta naturaleza podrá tener consecuencias positivas suficientes en la transformación de nuestra sociedad política el necesario paso de las FARC, como consecuencia del fin del conflicto, de insurgencia armada a movimiento político sin armas. Mientras tanto, como lo hemos dicho en el pasado, habrá que facilitar mediante favorabilidad política, (hemos mencionado la de pactar una representación transitoria en el Congreso de la República, con un 10% del Congreso, que a los 4 años se vuelve 5% y que a los 12 años desaparece). Sin esa favorabilidad resultará difícil para la sociedad y para las FARC, reconocer a corto plazo todos los beneficios de la negociación del fin del conflicto.

¡Hay que volver a la política!

Coda: Se acerca la elección del reemplazo del Magistrado Mauricio González en la Corte Constitucional. Debe ser reemplazado por una mujer, para mejorar la composición de género, por una experta en derecho constitucional, con conocimiento y experiencia en Derechos Humanos y con trabajo en justicia transicional. A nuestro parecer Catalina Botero es, entre las tres personas ternadas, la más indicada por reunir los criterios señalados y tener una independencia a toda prueba.

Edición 470 – Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015

   
 
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