Miguel Ángel Herrera Zgaib
  Ex rector Universidad Libre
 
   
 

Al hacer memoria, treinta años, después, hoy 6 de noviembre de 1985, recuerdo que cuando se produjo el inicio de lo que terminó en masacre, estaba ejerciendo mi profesión de abogado, desde mi casa en Bogotá. Revisaba una escritura que tenía que ver con el título de un lote de una propiedad ubicada en la vecindad de Guatavita.

A medida que leía iba escuchando lo que se transmitía en las primeras horas, y buscaba, en parte, imaginarme lo que pasaba en la Plaza de Bolívar y sus alrededores. Lugares con los cuales alguna familiaridad tenía, por estar conectados con la práctica judicial, aunque mi quehacer regular se cumplía en otros edificios, a varias cuadras del Palacio de Justicia.

Ahora, cuando además he vuelto a leer algunos apartes testimoniales; a escuchar las grabaciones que se han reproducido, y analizar las revelaciones y disputas que no cesan en relación con los responsables, y las víctimas insepultas, por supuesto, no quiero omitir los contextos, y el proceso histórico de nuestra maltrecha, malavenida democracia, aunque se recite en un vacío de carácter institucional hasta llegar al año 1985.

Además, hoy, cuando empezaba a escribir al respecto, y llevaba tres páginas mecanografiadas, lo perdí todo. Después, cuando vuelvo a escribir, ya no fluyen del mismo modo los asuntos, y, claro, se reordenan los hechos que citaba. No hay, pues, dos escritos idénticos, aunque algo llevando la contraria intentara decir, el inmortal Borges en las vicisitudes padecidas por El Quijote, en el marco de los ensayos de literatura fantástica ofrecidos por Jorge Luis y Adolfo, un dúo cómplice.

Un enfoque histórico

El desenlace de noviembre de 1985, cuando no llegó el arzobispo, sino un asesinato en masa, y a mansalva, para enlutar a una república patas arriba, esto es, gobernada de modo discrecional por una oligarquía bipartidista, que jamás fue aristocracia, provenía del lejano 9 de abril de 1948, y la semana trágica que lo siguió. Entonces se abría una crisis orgánica y de hegemonía en el bloque histórico contrahecho que mal habitaba, encerraba a la nación colombiana, asfixiada por la cerrazón religiosa que era transversal a la cultura política imperante sobre la población subalterna, explotada, dominada y subordinada.

A aquel engendro ya se le llamaba democracia, contrariando cualquier evidencia histórica, porque ni siquiera superaba los estándares de una democracia representativa, liberal, porque después de la hegemonía conservadora, con el retiro de los liberales, luego se había invertido la medicina aplicada, con el retiro de sus rivales sempiternos, que no sabían ser oposición civilista.

El líder de la oposición liberal fue liquidado, y sus seguidores, los más radicales se enmotaron, y se acrecentó la violencia. La fórmula de solución fue la imposición de un régimen de coalición consociacional, bipartidista, que estableció la exclusión de toda oposición. Lo cual condujo a la resistencia subalterna, armada y desarmada. La más eficaz fue la última, que orientada por el “pacificador” de los Llanos, el exdictador Rojas Pinilla se tradujo en el triunfo electoral de su bipartido, Anapo, que ganó la elección presidencial del 19 de abril de 1970.

A partir de allí se sacudió el establecimiento bipartidista, aterido y fastidiado que su dominio fuera a ser puesto en entredicho por una fuerza legal, que resolvía la crisis de representación política a su favor, ante el olvido práctico de las promesas de reforma social y económica que eran parte necesaria de producir una cura duradera para la violencia.

Más aún cuando el remedo de reforma agraria se hundía en procesos interminables de recuperación de tierras por vía burocrática que nunca culminaban, o adjudicaban terrenos no aptos para la agricultura y otras faenas rurales; y sí para enriquecer a propietarios, como se alimentó la sonada polémica entre el senador Nacho Vives y el padre del actual alcalde electo de Bogotá.

La crisis de representación del Estado de derecho

Este triunfo fue birlado mediante el fraude electoral perpetrado por Carlos Lleras y su ministro de gobierno, el tigrillo Noriega, quien empaquetó votos suficientes en el departamento de Nariño, mientras el presidente interceptaba Telecom; y establecía motu proprio el toque de queda, para con los protestantes en las calles de Bogotá, so pena de perder la vida a manos de las fuerzas militares. De esa manera continuaba la agonía del remedo de democracia que dejaba la República de las armas, gobernada por un cuasi permanente estado de sitio.

El 19 de abril le dio nombre a la insurgencia subalterna urbana que prometió democracia con el pueblo y las armas, y una dosificada y novedosa forma de conmover a la opinión pública a través de los medios convencionales, con El Tiempo, manipulado en primera línea. Luego con la ridiculización de las FF.AA, al extraerles miles de armas convencionales de las “bodegas” del Cantón Norte usando un túnel incruento.

En su recuperación se estrenó el estatuto de seguridad, obra conjunta del presidente Turbay y el ministro de guerra, Camacho Leyva, con el apoyo y asesoría del gobierno estadounidense. Ahora se volvió de común práctica la tortura, la desaparición y, en últimas, el asesinato como política de un estado que presumía ser democrático.

El “M” hizo la audaz y cruenta toma de la embajada de la república dominicana, y logró unos millones de dólares, y salir con vida rumbo a La Habana, el comando que orientaban Rosemberg Pabón y la Chiqui, al tener, entre sus rehenes a ni más ni menos que el embajador Miles Frechette. La denuncia recorrió toda la tierra haciendo la segunda voz al éxito literario de Gabo.

El siguiente episodio lo inauguró el presidente B. Betancur, quien se proclamó abanderado de la paz, y empezó las negociaciones con la guerrilla de las Farc, e hizo a un lado al M-19, que convocó al Congreso por la democracia, en Los Robles, Cauca, a donde llegaron, desafiando la prohibición del ministro Jaime Castro, periodistas, y hasta Estanislao Zuleta, donde conversó con la insurgencia subalterna sobre la democracia de verdad.

Con ese fracaso, se pensó y se llevó a cabo el copamiento del Palacio de Justicia, al poco tiempo después, para enjuiciar al presidente Betancur. Al frente de la operación se supo que estuvieron dos abogados, Alfonso Jacquin, de la U. del Atlántico, y Andrés Almarales, egresado de la Nacional, donde fue condiscípulo con el ministro de justicia, que le tocó la toma del Palacio de Justicia. El mando militar lo tuvo Luis Otero. Los tres murieron, o fueron sacrificados/masacrados en el intento, según decir de algunos periodistas.

Ratonera y/o terrorismo de estado

Las comisiones y las indagaciones realizadas hasta la fecha cuestionan sin atenuantes por qué se removió la seguridad del Palacio de Justicia, a cargo de la Policía Nacional; mientras que las explicaciones ofrecidas por los altos mandos no han satisfecho a nadie. Antes, durante la visita de Mitterand había tres anillos de seguridad que nadie podría sobrepasar sin ser detectado. Y el día de la toma, dos magistrados vivos, Murcia Ballén y Betancur Jaramillo, se sorprendieron al constatar tal ocurrencia, y uno ironizó acerca de la situación premonitoria.

El comando del M-19 entró por la carrera 8a., allí hubo respuesta de los celadores, y las primeras muertes. Los guerrilleros se dirigieron al cuarto piso, donde estaban los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, con su presidente a bordo. Al poco tiempo empezaron las acciones por tierra y aire. Las últimas a cargo de un comando especial, donde perdió la vida el capitán Héctor Talero, impactado por las balas de un francotirador dispuesto al cuidado de la azotea, cuando descendía del helicóptero policial.

En simultánea vino la avanzadilla desde el Cantón Norte, con seis tanques al comando del coronel Plazas Vega, y a órdenes del comandante de la Brigada XIII, el brigadier general Jesús Armando Arias Cabrales ambos condenados, pero sin sentencia en firme, por casación interpuesta ante la Corte y pendiente de fallo.

Este viernes, el general al frente de la operación de la retoma, que ese día había regresado de Israel un día atrás, se ha declarado inocente, en la entrevista de Blu Radio; pero reconoció que estuvo dos veces en la casa del Florero, al inicio de la operación, y tarde en la noche del día 6 de noviembre, pero que nada extraño vio allí. Recordó sí, que allí estaban operando la inteligencia y contrainteligencia de la policía, del ejército y unidades del Das.

Pero el militar nada dijo de su conversación cifrada por radio teléfono con el coronel Luis Carlos Sandovnik, quien murió dos días después de ser llamado a indagatoria por la Fiscalía. Es lo que recuerda el abogado Germán Romero, quien adelantó la causa contra el coronel Vega y el general Arias Cabrales, por las desapariciones de tres personas del Palacio de Justicia; y quien reemplazó a Eduardo Umaña Mendoza quien fue el apoderado inicial, asesinado también en su propia casa oficina.

Él recordó también que su superior era el comandante del ejército Rafael Samudio Molina, quien no ha sido procesado por nada; y quien recientemente reconoció que para ese día había ordenado el traslado de tropas desde Tunja y Villavicencio para reforzar la acción sobre Bogotá. Todo lo cual corroboró las versiones del militar que denunció las torturas en la escuela de caballería, el cabo Edgar Villamizar, que los militares habían buscado desacreditar a toda costa, quien luego se retractó, y al poco tiempo murió.

El misterio del sastre y su colofón mortal

Pero, lo más notable, es que el general Arias Cabrales nada dijo de la enigmática expresión que intercambió el coronel Sandovnik, “espero que si aparece la manga, no aparezca el chaleco” con otro militar del servicio de inteligencia, Edilberto Sánchez, responsables de identificar e interrogar a los sobrevivientes del palacio que fueron llevados a la Casa del Florero, como sospechosos de ser guerrilleros. Y de haber torturado a dos estudiantes de derecho, de la U. Externado, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, quienes, por fortuna, no terminaron perdiendo la vida.

Hoy se sabe que allí llegaron con vida la guerrillera Irma Franco, el administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, y el magistrado Carlos Urán. Los tres fueron asesinados, y figuraron como desaparecidos por una buena cantidad de años.

Es sabido que la fiscal Ángela María Buitrago, que estuvo al frente de las indagaciones por los desaparecidos del Palacio, a partir del año 2005, encontró videos y documentos personales de Carlos Horacio Urán en la visita que hizo a la oficinas del B2, y las que ocupaba el coronel (r) Plazas Vega como lo denunció la viuda del magistrado asesinado, Ana María BIdegaín. La funcionaria fue retirada intempestivamente por el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago.

Pasados treinta años, de los que muchos llamaron el holocausto, para asimilarlo con la mitología religiosa, y con los millones de judíos exterminados por el nazismo, yo encuentro necesario hacer un cambio drástico en tal expresión, para llamarla, sin atenuantes, una masacre.

Palabra que por supuesto ni se soñó pronunciar el presidente Juan Manuel Santos este viernes cuando pidió perdón ante las familias de las víctimas, y ante la sociedad toda. Luego que el gobierno de Colombia fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como quedó consignado en el histórico fallo del 14 de septiembre de 2014.

Después seguirán las citaciones a los exministros de Belisario Betancur, quienes estuvieron participando de la crisis del Palacio. Los tres primeros en ofrecer sus versiones serán Enrique Parejo, Jaime Castro y Noemí Sanín, responsable de las Comunicaciones, y quien ha adelantado que no se arrepentirá de lo que hizo en aquella aciaga, bestial jornada. Coaccionando a los comunicadores, y ordenando la transmisión del partido de fútbol entre el Santafé y el Magdalena. Para distraer a la opinión pública de la masacre, sin conseguirlo siquiera en los mismos futbolistas, como lo recordó este viernes, el jugador Peluffo, reporteado por RCN.

En el Palacio de Justicia no solo colapsó la justicia, sino el establecimiento oligárquico que domina en Colombia, sin una pizca de legitimidad; y que sobrevive en un mar de mediocridad que solo prolonga el rumbo errático de una pacata, y descaminada dirigencia de los subalternos, que por ratos parece recobrar el rumbo. El horizonte de la paz subalterna puede ser el desenlace de esta prolongada crisis de hegemonía que estalló en la masacre de la justicia que hoy cumple treinta años.

Edición 471 – Semana del 6 de al 12 de noviembre de 2015

   
 
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