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Un libro que recoge la memoria histórica de la violencia antisindical en Antioquia, Atlántico y Santander (1975-2012)

“Nos hacen falta”, es el escueto pero significativo título del libro que lanzó este miércoles la Escuela Nacional Sindical en el marco del Encuentro Nacional por la Defensa de la Libertad Sindical.

En el arduo esfuerzo por esclarecer las tramas de la violencia contra el sindicalismo en Colombia, este libro recoge algunos apartes de las historias y las lógicas de la violencia vividas por Sintraelecol-Corelca, Anthoc y la CUT, en el departamento de Atlántico; por Sintrapalmas-Puerto Wilches y Sintraunicol- Bucaramanga, en del departamento de Santander; y por Adida, Sutimac-Puerto Nare y Sintrasema-Amagá en Antioquia.

Aparte de ser un esfuerzo en la búsqueda de la restitución de los derechos de las víctimas, el libro “Nos hacen falta” aporta instrumentos metodológicos para la medición del impacto de la violencia antisindical y para la construcción de agendas de reparación colectiva.

Para el profesor Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien fue uno de los presentadores del libro, con éste la construcción de una propuesta de reparación colectiva para el movimiento sindical alcanza un momento de madurez importante.

“La descentralización de las agendas de reparación, así como la conceptualización y los modelos planteados, son una gran noticia para el país, para quienes trabajamos por la memoria, para el sindicalismo, para las víctimas, sobrevivientes y familiares de quienes, como se nos recuerda desde el título del libro, tanta falta nos hacen”, señaló en su presentación el profesor Sánchez.

Por su parte José Luciano Sanín, de la Escuela Nacional Sindical, anotó que esta publicación tiene varios significados. Primero para las víctimas, porque así se reivindican sus historias, sus vidas, su memoria, sus luchas. Segundo para las organizaciones sindicales, porque con esta memoria histórica identifican el daño colectivo y la agenda de reparación colectiva que deben reclamar; tercero para el movimiento sindical, porque esta experiencia deja una metodología de cómo hacer memoria histórica y cuantificar el daño sufrido por los sindicatos y así proyectar las agendas de reparación. Y finalmente, es un insumo para la Comisión de la Verdad que se acordó en la mesa de La Habana, comisión que recogerá las verdades de las consecuencias del conflicto armado en Colombia.

El libro hace un compendio de los efectos de la violencia en las 7 organizaciones sindicales mencionadas, a saber:

El silenciamiento de los líderes de Sintraelecol

El fortalecimiento y consolidación del proyecto de unidad sindical a través de la creación de la CUT Atlántico, sumado a la emergencia de movimientos políticos alternativos, desencadenó una violencia sistemática como forma de regular las relaciones laborales y desarticular las alianzas políticas entre los movimientos sociales y sindicales en esta región.

En esa lógica se inscribe la violencia ejercida contra Sintraelecol Corelca, marcada por varios elementos estrechamente vinculados, como fueron: las movilizaciones y protestas en procura de defender las condiciones de trabajo decente; las manifestaciones públicas frente a las irregularidades y actos de corrupción; las denuncias por la apropiación de recursos por parte de los grupos ilegales; los impactos de los procesos de reestructuración iniciados en el sector eléctrico en los años 90.

Barbarie y la corrupción contra Anthoc Atlántico

Los procesos de reestructuración del sistema de salud a comienzos del nuevo siglo se articularon con la precarización del trabajo, la cooptación de los recursos de la salud por parte de las autodefensas, y el incremento de las denuncias y movilizaciones por parte del sindicato. Lo anterior desató una oleada de violencia los integrantes de Anthoc en Atlántico: asesinatos, amenazas, hostigamientos y desplazamientos, que se agudizaron entre 2001 y 2006. Aunque la violencia persistió y se extendió hasta el 2012.

Amenaza colectiva desata exterminio de Sintrasema Amagá

Sintrasema Amagá fue un sindicato creado, principalmente, para defender los intereses de los funcionarios de la administración municipal. Su principal lucha fue por la estabilidad laboral y el bienestar de los empleados y sus familias, a través de una orientación política hacia la concertación y el diálogo.

Sintrasema Amagá solo enfrentó un periodo corto de violencia: entre diciembre de 2001 y enero de 2002, pero fue suficiente para acabarlo. Suceso que se enmarcó en la lógica de la violencia contra los sindicalistas en el sector de las empresas estatales, los entes municipales y oficiales, que tuvo un arraigo fuerte en Antioquia. Fue cometida en gran medida por grupos paramilitares.

La implementación de la Ley 617 o Ley de ajuste fiscal, una normatividad que buscaba reducir el gasto en la gestión de los entes públicos, sirvió de escudo para esconder la violencia que los paramilitares, en alianza con la administración municipal de Amagá, cometieron contra el sindicato.

Sutimac Nare sobrevivió al paso del terror

Alrededor de dos juntas directivas desaparecieron por efecto de la violencia que se ejerció contra este sindicato, un dato que lo dice todo.

A finales de los años setenta Sutimac Nare le apostó a la estrecha relación entre las luchas sindicales y las luchas populares. Así mismo, tuvo auge la movilización obrera. La violencia presenta unos primeros brotes en esta época, proveniente principalmente de las fuerzas del Estado mediante amenazas, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales.

Un segundo momento, que va desde mediados de los ochenta hasta la primera mitad de los noventa, estuvo marcado por una acción ampliada del sindicalismo en la región, la confrontación entre el sindicato y la empresa, el exterminio de los más reconocidos dirigentes sindicales. También creció la presencia de grupos paramilitares, que confluyó con el periodo más cruento de violencia vivido por Sutimac Nare en su historia.

El tercer periodo va desde 1995 hasta el 2001. Se caracterizó por el deterioro paulatino de las conquistas laborales y la proliferación del desplazamiento forzado de líderes sindicales y activistas de base.

Y el último va del 2001 al 2012. En este periodo no proliferaron las manifestaciones de violencia respecto a periodos anteriores, sin embargo la organización sindical y las condiciones laborales se vieron perjudicadas por la implementación de reestructuraciones administrativas.

Adida, el sindicato más victimizado en Colombia

El rol sindical ampliado de los docentes, manifestado en sus ejercicios de liderazgo integral de amplia trayectoria organizativa y comunitaria, los convirtió en actores trascendentales dentro del tejido social. Y esto estuvo estrechamente relacionado con los asesinatos, las desapariciones forzadas, las amenazas, los desplazamientos y otras violencias ocurridas en el periodo de estudio.

Entre 1978 y1985 se presentan los primeros asesinatos. Entre 1985 y 1991 se configura una violencia recurrente y sistemática, que coincide con la apertura política y el nacimiento de nuevos movimientos y partidos políticos. Entre 1992 y 1997 se fortalecen los grupos paramilitares, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos guerrilleros como agentes victimizantes.

La violencia antisindical se expande entre 1998 y 2002, periodo en que el paramilitarismo se extiende hacia otros departamentos, y hay una leve reducción de la violencia contra docentes respecto al periodo anterior. Entre el 2003 y el 2008 hay un giro estratégico. Se reducen los homicidios, hecho articulado a dos fenómenos: desmonte de grupos paramilitares y cooptación de la institucionalidad. Se presenta un aumento de las amenazas y desplazamientos forzados.

Las CTA y el debilitamiento de Sintrapalmas en Puerto Wilches

La irrupción de los grupos armados durante los años ochenta en la zona del Magdalena Medio, en primer lugar la guerrilla, jugó un papel fundamental a través de la ejecución de una estrategia encaminada a la cooptación ideológica desde la intimidación.

Luego, a finales de esta década y principio de los noventa arribaron los paramilitares, entonces la espiral de violencia, los procesos de estigmatización y de señalamientos se acrecentaron, proceso que se intensificó de una manera dramática a partir del 2000, momento en el cual irrumpieron de lleno los paramilitares en la zona. Éstos se erigieron en elementos reguladores de las relaciones laborales y favorecedores de la presencia de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA).

Sintrauis, entre la “Mano negra” y las AUC

La creación de Sintrauis en la Universidad Industrial de Santander (UIS) contribuyó a mejorar aspectos claves, como la estabilidad laboral, la posibilidad de empezar a negociar convenciones colectivas y las redes de solidaridad con otras organizaciones sociales y sindicales.

A partir de la segunda mitad de la década del ochenta, se constató la arremetida violenta contra dirigentes de Sintrauis mediante amenazas y asesinatos por parte de la fuerza pública, articulado con el accionar de grupos irregulares como el MAS, y la “Mano Negra”.

El arribo definitivo de las AUC a comienzos del nuevo siglo en las instalaciones de la UIS, conllevó a una marcada precarización laboral, y a la ejecución de varios procesos disciplinarios contra los integrantes del sindicato.

Posteriormente, con la unificación de Sintrauis con Sintraunicol en 1996, se agudizaron los conflictos laborales y las denuncias por la infiltración de los paramilitares dentro de los engranajes burocráticos de la universidad.

En archivo adjunto el texto completo de la presentación del profesor Gonzalo Sánchez. Aquí…

Edición 473 – Semana del 20 de al 26 de noviembre de 2015

   
 
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