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La aceptación por el líder de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, de un pedido de juicio político contra la presidenta del país, Dilma Rousseff, abre hoy un extenso proceso con un final imprevisto.

Al anunciar esta decisión, Cunha resaltó que no había motivaciones políticas en su posición de dar luz verde a una acusación contra Rousseff por supuestas anomalías en las cuentas públicas este año.

Puntualizó que hasta ahora había rechazado 27 de 34 reclamaciones de juicio contra la jefa de Estado por considerarlas en desacuerdo con la ley y por referirse a actos cometidos el pasado año, en el anterior mandato de la gobernante.

Censuré todos los pedidos relacionados con hechos registrados en el mandato anterior para respetar la Constitución, pero acepte esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales e imputa a la dignataria de crímenes de responsabilidad fiscal reportados en este 2015, aseveró.

Miembro del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la máxima autoridad de la Cámara, no ofreció detalles sobre la acusación presentada por varios abogados y agrupaciones políticas de oposición.

Según la Carta Magna de Brasil, el presidente del país puede enfrentar un juicio político cuando existen razones jurídicas que determinar la violación de delitos de responsabilidad fiscal por la ocurrencia de anomalías en las finanzas públicas.

Tras este paso, se deberá ahora crear una Comisión especial parlamentaria, la cual estará integrada por 132 legisladores (66 congresistas e igual número de suplentes) que tendrá la misión de evaluar el pedido de juicio político y pronunciarse tras la celebración de 10 sesiones plenarias.

En el caso que este consejo se pronuncie a favor del enjuiciamiento de la jefa de Estado, esa decisión será presentada ante el plenario de la Cámara y deberá contar con el respaldo de 342 los 513 diputados.

De aprobarse este pedido, Rousseff sería apartada de manera temporal de sus funciones durante un máximo de 180 días para presentar su defensa en el Senado, órgano encargado de decidir la destitución de la jefa de Estadio.

Sin embargo, todo este proceso podría anularse por un dictamen del Supremo Tribunal Federal (STF), en caso que algún parlamentario presente una queja y se determine que el pedido de juicio carece de fuerza legal por no contar con evidencias solidas contra la jefa de Estado.

La autorización para iniciar un proceso de juicio político se registró poco después de que diputados de Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno, anunciaron que votarían a favor de la continuidad de un proceso en contra de la autoridad parlamentaria por supuesta quiebra de decoro.

La reunión de la Comisión de Ética, en la cual sería votado este trámite, fue pospuesta pues coincidía con la celebración de una sesión plenaria de esa casa.

Cunha, según medios de prensa locales, amenazó en días pasados con aprobar el pedido de juicio político, presentado por varios abogados y partidos de oposición, si percibía que sería procesado en el consejo de Ética.

Acusado de tener cuentas bancarias no declaradas en Suiza, el líder de la Cámara es también investigado por la Fiscalía General por recibir propinas de fondos desviados y sucios negocios con Petrobras.

Presidenta brasileña censura pedido de juicio político en su contra

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, manifestó hoy su indignación y rechazo al pedido de juicio político en su contra autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

“Recibo con indignación la decisión de señor presidente de la Cámara de los Diputados de procesar un pedido de enjuiciamiento contra el mandato democráticamente conferido a mí por el pueblo brasileño”, destacó Rousseff en un breve pronunciamiento realizado en el Palacio de Planalto.

Se trata de una acusación inconsistente e improcedente pues no existe delito alguno, ni he cometido durante el ejercicio de mis funciones irregularidades con las cuentas públicas, subrayó.

Sin mencionar a Cunha, la mandataria dijo que ella no es sospechosa de recibir dinero de sucios negocios con Petrobras, ni tiene cuentas bancarias en el exterior.

Tras hacer un llamado a la tranquilidad, manifestó que su pasado y presente demuestran su idoneidad e incuestionable compromiso con la ley y la cuestión pública, así como mostró su esperanza de que ese pedido sea anulado, al demostrarse la falsedad de las imputaciones.

Además del Rousseff, el líder nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcoa, calificó de golpista la postura asumida por la máxima autoridad parlamentaria, al aceptar el inicio de un proceso de enjuiciamiento político contra la dignataria de Brasil.

En claves: Juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó este 2 de diciembre abrir un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.

Pese a la campaña mediática que se lleva a cabo en su contra y la intolerancia que se vive actualmente en el país la mandataria expresó que no cree en un Brasil fascista si no en un país donde vivan todos.

Qué sigue tras la aceptación del pedido de juicio político contra Dilma Rousseff

1. ¿Por qué se inicia el proceso? La oposición acusa a la presidenta Dilma Rousseff de haber “maquillado” la cuentas públicas de 2014 y 2015 y de haber “cargado” a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno por 41 mil millones de reales en 2014 (equivalente a unos 10 mil dólares). Las prácticas ilícitas se habrían producido a inicio de 2015, tras su reelección, según la oposición.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio un empujón a la oposición a principios del mes de octubre recomendando a los diputados que rechazaran las cuentas del pasado año. Los partidarios del juicio político “impeachment” afirman que las prácticas constituyen un “crimen de responsabilidad” por parte de la presidenta y representa uno de los motivos de destitución consagrados en el artículo 85 de la Constitución brasileña, por violación de la Ley de Finanzas públicas.

2. ¿Quién pidió abrir el juicio político? La petición fue elaborada por prominentes abogados y miembros de la oposición.

3. ¿Quién aprobó la solicitud? El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció su decisión y aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación.

4. ¿Qué sigue tras la petición? El juicio en contra de la presidenta debe tener aprobada la mayoría de votos de los parlamentarios (342), proceso que puede demorar un tiempo. Si tiene una mayoría de 342 dentro de los 513 podría perder el mandato. El Senado es quien tiene la última palabra: 54 de los 81 senadores deben apoyar la petición.

5. ¿Se puede destituir? Se necesita de un delito preciso que pueda imputarse directamente a la presidenta, situación que hasta el momento no está clara.

Edición 475 – Semana del 4 al 10 de Diciembre de 2015
   
 
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