Antonio Madariaga Reales
  Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

El Congreso de la República, con el liderazgo del Ministro del Interior, aprobó en su último trámite, la conciliación, el proyecto de ley que modifica la Ley Estatutaria de Participación, recientemente sancionada, y consagra el plebiscito especial para la refrendación de los acuerdos que se firmen con las FARC.

El debate del proyecto de ley permitió clarificar la situación dentro del Congreso, mostró la eficacia de la coalición de gobierno y desnudó la pobreza argumental del Centro Democrático. Esa es una parte del camino recorrido que ahora pasa al control previo de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. El otro camino que tiene que recorrer es el de la Mesa de la Habana, porque está claro que solo el método de refrendación que sea acordado por las partes será el que sea implementando y no hay seguridad como no la hubo con el Marco Jurídico para la Paz, que esta alternativa sea suficiente para las FARC, en particular por la no incorporación de los acuerdos al bloque de constitucionalidad.

Todavía transitamos un camino lleno de incertidumbre en cuanto al método de refrendación, pero peor aún un camino de incertidumbre sobre la disposición de la sociedad colombiana a votar positivamente la refrendación toda vez que persiste una limitada pedagogía para la movilización ciudadana en favor de los acuerdos, previa comprensión de los mismos.

Lo anterior sin perjuicio de los resultados de la encuesta publicada hoy viernes 11 de diciembre en la que se encuestó a 1.582 personas de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga y que dan cuenta de una posible participación del 59% de los encuestados en el plebiscito y de una intención de voto a favor del SI del 61% de los que posiblemente votarían. Sin embargo falta aún mucha agua por correr debajo de ese puente.

Lo que si resulta claro es que el eje de la coyuntura se deriva progresivamente de la negociación misma y su éxito final, hacia las características y condiciones del postacuerdo. Una fuerte señal envió el presidente Santos con el nombramiento de Rafael Pardo y su rápida posesión como Ministro del Postconflicto, la seguridad y los derechos humanos. Pardo tiene experiencia, fue director del PNR, negociador con el M-19, tiene peso político propio, (más de 600.000 votos en las presidenciales de 2010 y más de 700.000 para la alcaldía de Bogotá en este agosto), y un talante democrático.

Su gran desafío es, sin causar turbulencias en la mesa de la Habana, poner en la agenda de debate con la sociedad civil temas cruciales en el postacuerdo. Lo anterior sobre la base de insistir que mientras la negociación del fin del conflicto armado en la Habana es fundamentalmente entre gobierno y FARC, la implementación de los acuerdos como parte de la construcción de paz sostenible y duradera es un asunto de la sociedad colombiana.

Dicho de otra manera, si bien para efectos analíticos y pedagógicos hay que diferenciar entre la negociación y la construcción de paz habrá que insistir en que el camino para la paz sostenible y duradera pasa central e inevitablemente por una implementación completa y exitosa de los acuerdos de La Habana.

Lo anterior sirve para decir que si el gobierno y el ministro Pardo aprovechan la cualificada reflexión de un número importante de organizaciones de la sociedad civil, especialmente en su reflexión y propuestas sobre la democracia y los derechos humanos, no con el ánimo de crearle hechos a la mesa de negociación sino de preparar y empezar a hacer cierta la participación de la sociedad civil en el diseño e implementación del postacuerdo estaremos facilitando un importante salto cualitativo en la construcción de paz.

Vasta experiencia en el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos, en la construcción participativa de políticas públicas, en la vigilancia electoral, contacto con amplias redes en el territorio nacional, características de estas organizaciones que son activos que encajan perfectamente en la idea de postacuerdo que se desprende de los contenidos de la negociación. Hombres y mujeres que pueden ayudar a pensar los ajustes normativos, constitucionales y legales que requiere la implementación de los acuerdos o la arquitectura electoral que se deriva del punto de participación política o las formas de involucrar a la población a través de metodologías y enfoques de planeación y presupuestación participativa o en la inclusión de enfoques de derechos y enfoques diferenciales en las políticas públicas, en fin que quieren poner experticias y voluntades al servicio de la paz.

Coda: Los resultados electorales en Venezuela, aparte de demostrar la fortaleza democrática de ese país que surtió exitosamente una nueva contienda electoral en paz, resolvieron un tema de logística de las negociaciones con el ELN; será Quito y no Caracas. Lo que ni Venezuela ni Ecuador pueden resolver, sólo lo pueden hacer ELN y el gobierno, es concretar el inicio de la fase pública de la negociación para la terminación del conflicto. ¿Serán capaces?

Edición 476 – Semana del 11 al 17 de Diciembre de 2015

   
 
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