¿Y qué viene ahora?

 
La firma de los acuerdos de La Habana representa una gran oportunidad para profundizar y extender la democracia colombiana, haciendo posible el cumplimiento de la promesa de la Constitución de 1991. Eso solo será posible si las elites y el gobierno mismo le pierden el miedo al poder ciudadano.
 
Antonio Madariaga Reales
 
Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Los avances que se conocen del proceso de negociación en La Habana permiten mantener un significativo optimismo sobre la concreción y firma del acuerdo final de terminación del conflicto entre las FARC y el gobierno de manera pronta. Puesto en marcha el mecanismo para la desvinculación de los menores reclutados por las FARC, las informaciones referentes al arribo de acuerdos en el mecanismo para el desmonte del paramilitarismo o como le denominan en La Habana, sucesores del paramilitarismo, el acuerdo para las garantías de seguridad física para los excombatientes a través de un mecanismo especial de la Unidad Nacional de Protección, los avances de la subcomisión de género y el serio abordaje que hay de los temas de zonas de campamentación, (horrible y antiestética denominación) y la dejación de armas alimentan esa mirada optimista.

Mientras eso sucede cada vez más el debate y la responsabilidad se trasladan desde La Habana a Colombia y exigen del gobierno, el Estado y la sociedad civil propuestas para la implementación de los acuerdos en lógica de participación ciudadana y aterrizaje territorial. Por ello la aprobación del Acto legislativo especial para la paz, y la próxima decisión de la Corte Constitucional sobre la llamada ley de plebiscito que reforma la ley estatutaria de participación, también dan señales sobre los retos que se avecinan.

El primero de ellos en el cortísimo plazo es la preparación de una masiva movilización para la refrendación de los acuerdos, que se traduzca en copiosa votación, de más de 6 millones de votos por el SI. Ese reto tiene particular importancia dado que la refrendación dependerá en buena medida de la participación de los habitantes urbanos y particularmente de quienes en las seis áreas metropolitanas, conforman el 43% del censo electoral, (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga) y en las demás capitales departamentales. Lo anterior implica un amplísimo ejercicio de pedagogía para la comprensión de los Acuerdos y sus beneficios a fin de procurar una participación informada de la población y una contundente derrota de quienes se resisten a la paz.

El segundo gran reto consiste en aterrizar lo que a nuestro modo de ver debe ser un enfoque de política pública en el postacuerdo y es la paz territorial.

En ese terreno tanto la institucionalidad de los territorios, como las organizaciones de la sociedad civil, deberán abordar la identificación clara y precisa de las formas como los contenidos de los acuerdos interpelan a cada uno de esos territorios y por lo tanto las formas de construcción –desde los mismos territorios- de respuestas a esa interpelación en forma de políticas públicas.

Ese ejercicio que debe ser lo más amplio y plural posible deberá continuar con la clara adopción de criterios de articulación entre lo nacional y lo territorial que supere el centralismo y la cooptación de los planes y programas por parte de las empresas electorales, de las elites locales y por consiguiente la apropiación indebida de los recursos por parte de ellos.

Lo que no puede considerarse como alternativa en un enfoque de paz territorial es la definición desde el nivel central de las características y estrategias de esos planes y programas con el pretexto de evitar su captura por intereses particulares en las regiones.

La firma de los acuerdos de La Habana representa una gran oportunidad para profundizar y extender la democracia colombiana, haciendo posible el cumplimiento de la promesa de la Constitución de 1991. Eso solo será posible si las elites y el gobierno mismo le pierden el miedo al poder ciudadano.

Coda: La recolección de firmas en las planillas de la resistencia a la paz utilizando argumentos falaces, y engañando a la población son un mal síntoma de lo que se viene en la campaña por la refrendación.

Edición 498 – Semana del 10 al 16 de Junio de 2016

   
 
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