El voto de los militares

 
Permitir que de manera temprana militares y policías ejerzan el derecho a decidir a través del voto, bien podría darle vuelo a proyectos militaristas que, apoyados en políticos afectos a la guerra y al mundo castrense, terminen llevando al país a una dictadura o a otro gobierno de Mano Dura como el que ejerció Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010.
 
Germán Ayala Osorio
 
Comunicador social y politólogo
 
 

Resulta inconveniente la propuesta del Partido de La U1, consistente en modificar el artículo 2192 de la Carta Política que prohíbe ejercer el derecho al sufragio a los miembros de la Fuerza Pública. La inconveniencia radica en los siguientes puntos:

1. Existe un sector importante de la Fuerza Pública que no acompaña al Presidente Santos en su idea de ponerle fin al conflicto armado, por la vía de la negociación política con las guerrillas de las Farc y el ELN. Esta circunstancia daría la oportunidad para que militares y policías, afectos al proyecto militarista que Uribe entronizó en las filas durante sus largos ocho años de mandato, terminen votando por los candidatos de la Derecha y la ultraderecha que se oponen al proceso de paz de La Habana y que harán todo para ponerle trabas al proceso de implementación de lo que se acuerde finalmente entre Farc y Gobierno.

2. Una vez convertidas las Farc en partido político, la doctrina de seguridad nacional debe modificarse, transformarse o finalmente proscribirse. Esa nueva circunstancia doctrinal deberá modificar sustancialmente la formación en las escuelas de instrucción militar y policial, tanto para oficiales, como para suboficiales. Como se trata de un profundo cambio misional y cultural, habría que dar un tiempo prudencial de por lo menos cuatro años para ajustar los programas de formación y para que se dé el cambio ideológico de los instructores y de la cúpula militar. Si bien esos cambios pueden no darse, por lo menos ajustar los mecanismos de control necesarios, por parte de la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades, con el fin de asegurar una formación militar y policial distinta y acorde con los nuevos tiempos que el posconflicto brindará.

3. Los odios, resquemores y las actitudes vindicativas de muchos familiares de militares asesinados o mutilados por las guerrillas, en razón del conflicto armado interno, bien podrían torpedear o afectar los procesos de reconciliación y perdón que institucionalmente se emprendan y por supuesto, los que de manera “natural” se van a dar una vez los ex guerrilleros cumplan con lo firmado en La Habana y el Establecimiento haga lo propio. El voto, en esas circunstancias, podría convertirse en una peligrosa oportunidad para llevar a la Presidencia a quien comulgue con acciones que se puedan emprender en contra de los ex guerrilleros, en especial contra los comandantes de las Farc desmovilizados. No podemos olvidar que los ‘Falsos Positivos’ y los asesinatos selectivos de dirigentes políticos, por ejemplo de la UP, fueron posible gracias a la connivencia de sectores castrenses con la causa paramilitar.

4. El proyecto paramilitar sigue vigente, solo que se está transformando. Si bien hay un declive en la representación y visibilidad política, sus principios y objetivos continúan con anclajes sociales y económicos en actores de la sociedad civil.

5. Es importante que la paz se consolide en el tiempo y ello se logra con el fortalecimiento institucional y la proscripción de ese ethos mafioso que ha permeado tanto a las instituciones castrenses, como a la sociedad civil y en general, a la sociedad colombiana.

A partir de los señalados puntos, resulta a todas luces inconveniente la propuesta del Partido de la U. Ojalá la llamada Unidad Nacional en el Congreso no apruebe la modificación constitucional que se va a proponer al legislativo.

Insisto: permitir que de manera temprana militares y policías ejerzan el derecho a decidir a través del voto, bien podría darle vuelo a proyectos militaristas que, apoyados en políticos afectos a la guerra y al mundo castrense, terminen llevando al país a una dictadura o a otro gobierno de Mano Dura como el que ejerció Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010. Vargas Lleras debe estar atento al devenir de dicha propuesta, en tanto que él funge como oficial de la reserva, hecho que pone en evidencia su simpatía, admiración y quizás, un obcecado respeto hacia la formación militar.

2 Artículo 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

Edición 505 – Semana del 29 de Julio al 4 de Agosto de 2016
   
 
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