Un reto mayúsculo

 
El fin del conflicto armado exigirá que en adelante el Estado, con la presión de una sociedad comprometida con la defensa de la vida, por fin obtenga para sí el monopolio de las armas. Y para lograrlo, resulta inaplazable desmontar las estructuras mafiosas que existan al interior de la Policía y las Fuerzas Militares…
 
Germán Ayala Osorio
 
Comunicador social y politólogo
 
 

Es claro que para implementar el contenido del Acuerdo Final que firmarán el Gobierno y las Farc, se requerirá de fuertes ajustes institucionales. Pero hay un reto de mayor calado: exigirle al Estado que por fin se haga al esquivo monopolio de las armas.

Se trata, ni más ni menos, de un enorme desafío político representado en parte en la urgente necesidad de proscribir las armas del ejercicio de la política lo que conllevará enormes esfuerzos institucionales, pero también humanos. En concreto: una profunda y sustancial transformación cultural, lo que implica el redireccionamiento de los procesos educativos de cara a recomponer los procesos civilizatorios que devienen truncados por las múltiples expresiones de violencia, la histórica debilidad del Estado, la connivencia de la clase política y empresarial con el crimen y los escasos referentes éticos y morales con los que la sociedad se ha relacionado con el Estado y el Mercado.

El fin del conflicto armado exigirá que en adelante el Estado, con la presión de una sociedad comprometida con la defensa de la vida, por fin obtenga para sí el monopolio de las armas. Y para lograrlo, resulta inaplazable desmontar las estructuras mafiosas que existan al interior de la Policía y las Fuerzas Militares, responsables de la comercialización ilegal de armas con las que se producen homicidios y atracos en ciudades capitales. Armas que en el mediano plazo puedan servir para atentar contra los líderes del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia1 y en general, para continuar con las amenazas y asesinatos contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicalistas, académicos, dirigentes y militantes de izquierda, entre otros.

De igual manera, se requiere con urgencia que el Estado ejerza efectivo control de las empresas de seguridad. Allí puede estarse dando un fenómeno parecido al que se da dentro de las Fuerzas Armadas. Incluso, en escenarios de posconflicto, de transformación social y cultural y con una efectiva presencia del Estado, estas empresas deberían de desaparecer o por lo menos, no seguir creciendo como opción de seguridad para los ciudadanos.

Es claro que las instituciones represivas y coercitivas del Estado deben estar libres de cualquier vínculo con actores ilegales, redes de narcotráfico, oficinas de cobro y bandas criminales. La experiencia que el país vivió con el DAS2, penetrado por el Paramilitarismo durante la administración de Uribe Vélez, debe servir de ejemplo para expulsar de los organismos de seguridad del Estado a aquellos funcionarios que mantengan relaciones con grupos al margen de la ley y/o que tengan simpatías ideológicas con grupos de extrema derecha.

El reto mayúsculo de sacar las armas de la Política pasa por la consolidación de una sociedad pacífica, que confíe en la justicia y que sancione moralmente –y que denuncie- a aquellos grupos societales privilegiados, los llamados “ciudadanos de bien”, que usan las redes de sicarios para saldar cuentas, dirimir conflictos, desavenencias, diferencias y para conseguir objetivos económicos.

Si los ciudadanos no incluyen la defensa de la vida dentro de su ethos cultural, quedará muy difícil presionar a las instituciones estatales, con todo y sus funcionarios, para que proscriban el uso de las armas, pero sobre todo, para ellos y todos desterremos del lenguaje y de las prácticas sociales, todo aquello que señale y abra la posibilidad de tomar la justicia por mano propia.

Hay que decirlo con vehemencia: los sicarios que crecen en zonas vulnerables de las ciudades capitales, son fruto de ciudadanos que no solo desconfían del aparato estatal de justicia, sino que ellos mismos representan la descomposición moral de una sociedad que creció bajo los principios de un ethos mafioso y criminal arraigado en la clase dirigente. En las élites de poder. Mientras sigan siendo porosos los límites entre lo legal y lo ilegal, será muy difícil avanzar en la transformación del Estado en lo que corresponde a hacerse con el monopolio legítimo de la violencia.

Adenda: muy bien por el Consejo de Estado al anular la sanción que el ladino Procurador Ordóñez Maldonado profirió en contra de la entonces senadora, Piedad Córdoba. Pero el echar para atrás los fallos del Procurador General de la Nación no nos puede distraer del gran desafío ético y político que tiene dicha corporación: anular la espuria reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado. Estamos esperando que los magistrados fallen en derecho. Queda poco tiempo para limpiar el ya mancillado nombre del Consejo de Estado. Véase “Del ahogado el sombrero”.

1 Harán parte de este partido los miembros de las Farc que se desmovilicen y decidan hacer política sin armas. Este movimiento fue lanzado en la clandestinidad por esa guerrilla. Es posible que Marcha Patriótica recoja el pensamiento de esa agrupación insurgente que está ad portas de firmar el fin del conflicto con el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010 – 2018).

2 Departamento Administrativo de Seguridad – DAS. Esta institución fue remplazada por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Edición 507 – Semana del 12 al 18 de Agosto de 2016
   
 
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