Todo sobre la mesa

 
Estamos hablando de la necesidad de desarrollar por un lado un gran esfuerzo por transformar la cultura política, de hacer verdaderos partidos políticos y de propiciar el tránsito de las organizaciones y movimientos sociales al ejercicio de la política.
 
Antonio Madariaga Reales
 
Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

El escándalo de corrupción de Odebrecht ha puesto de presente uno de los grandes males de la política colombiana y es la enorme mentira que se esconde detrás de los topes de campaña, y que consiste en el respeto formal de estas sumas y la utilización de un importante número de triquiñuelas para lograr hacerse a los recursos que efectivamente posibiliten el éxito en la contienda electoral.

Si no se producen significativas transformaciones en la forma de hacer política y sobre todo de financiar la política y la obtención de curules, la apertura democrática que el acuerdo final promete será eso, una promesa vacía, imposible de llevar a la práctica, el estatuto de la oposición letra muerta y las garantías para la participación política de las organizaciones y movimientos sociales y del partido que resulte del tránsito de las Farc a la política sin armas, una entelequia.

Estamos hablando de la necesidad de desarrollar por un lado un gran esfuerzo por transformar la cultura política, de hacer verdaderos partidos políticos y de propiciar el tránsito de las organizaciones y movimientos sociales al ejercicio de la política. Por otro lado estamos hablando de la construcción de una arquitectura de garantías para el ejercicio de la política y la participación ciudadana y el control tanto del costo de las campañas como a su ilegal financiación.

En tal sentido rodear la puesta en marcha de las Circunscripciones Transitorias de Paz y controlar la corrupción por parte de los beneficiarios de la contratación pública son tareas urgentes. Para lo primero es necesario avanzar rápidamente, con la colaboración de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un registro voluntario y expedito de las organizaciones y movimientos sociales que les habilite para competir por las 16 curules en juego. También se requiere avanzar en un mecanismo, que en lógica de primarias, coincidiendo por ejemplo con las consultas de los partidos a finales del presente año, permita disminuir la dispersión y otorgue legitimidad a ese proceso electoral. En cuanto a lo segundo se trata de que la contribución privada a las campañas y de manera particular la de las firmas contratistas se haga sobre la mesa y con la intermediación del Estado.

Aquí se juntan dos grandes necesidades. Qué las garantías para el ejercicio de la política y la participación sean normativa e institucionalmente sólidas y que se cuente con financiación estatal de ambas actividades. La participación ciudadana y la transparencia en la actividad política, así como las condiciones de equidad para el desarrollo de ambas actividades entre actores de diferentes tamaños y capacidades, del centro y de los territorios, resultan ser retórica vacía sin recursos públicos asignados transparentemente.

La pregunta que surge una y otra vez cada vez que se aborda esta discusión es sobre la fuente de los recursos para este fin. Está meridianamente demostrado que la actual coyuntura fiscal hace impensable el volumen de recursos que se requieren.

Juan Fernando Londoño ha avanzado una sugestiva propuesta que permitiría resolver simultáneamente la recolección de los recursos necesarios para financiar la participación ciudadana y a los partidos políticos y disminuir el riesgo de la financiación ilegal de las campañas.

Se trata en esencia de imponer una sobretasa del 1 por ciento, con cargo a los contratistas, a toda la contratación pública de los órdenes nacional, departamental y municipal, tanto del sector central como de las entidades descentralizadas, para constituir con esos recursos Fondos de financiación de la participación ciudadana y de los partidos.

Esta propuesta tiene diversas ventajas, pero nos interesa destacar especialmente el que permitiría disminuir drásticamente la financiación ilegal de las campañas. Se trata de que Odebrecht, los Solarte y Sarmiento Angulo no financien por debajo de la mesa.

Coda: La discusión semántica de si son o no paramilitares los que amenazan y asesinan líderes y lideresas sociales y a quienes defienden los Derechos Humanos, debe dar paso al Desarrollo de planes efectivos de contingencia que comprometan a autoridades nacionales, regionales y locales, por lo menos en los departamentos dónde estas agresiones se concentran, como Cauca, Antioquia, Valle, Nariño, Córdoba y Norte de Santander.

Edición 533 – Semana del 10 al 16 de Marzo de 2017

   
 
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