Tratamiento de dictadura militar a un conflicto laboral obstaculiza la construcción de la paz

 
Difícilmente se podrá construir una paz estable y duradera si la implementación de los acuerdos del fin del conflicto armado suscrito con las Farc, y el que se suscriba con el ELN, no se fundamenta en una política pública de trabajo decente que restablezca la importancia social que el trabajo tuvo en el pasado.
 
Carlos Julio Díaz Lotero
 
Director General Escuela Nacional Sindical – ENS
 
 

Según lo reseñó esta semana la Agencia de Información de la ENS, Ecopetrol y el Estado colombiano vienen dando un duro tratamiento al conflicto laboral originado en la grotesca política de precarización laboral en esta empresa estatal, consistente en la reducción del 50% del salario de los trabajadores tercerizados de apoyo logístico, como vigilantes, aseadores, personal de cafeterías, entre otros, a quienes además se les ha despojado del derecho a los servicios de transporte y alimentación, y les han eliminado garantías de estabilidad laboral.

Lo triste de esta historia es que quienes vienen siendo maltratados por esta política laboral de Ecopetrol, y por la fuerza pública, son los trabajadores de más bajo rango en la estructura de la empresa, es decir, los que menos ganan. Y es más deprimente aún que el escenario de la desigual confrontación sea Reficar, la refinaría de Cartagena, proyecto de Ecopetrol que ha ganado resonancia nacional por los sobrecostos en su ejecución, que según la Contraloría supera los 2.000 millones de dólares (unos 7 billones de pesos). Aunque en una versión anterior los cálculos superaban los 4.000 millones de dólares.

El ingreso promedio de estos trabajadores, que era de unos dos salarios mínimos, se redujo a un salario mínimo, esto en un contexto macro-económico de contracción en los salarios, rezagados frente a la espiral inflacionaria, y de una reforma tributaria profundamente regresiva.

En Reficar hay unos 400 trabajadores afectados por esa política “neonzi” de Ecopetrol, con la que ésta se ahorraría este año unos $3.600 millones. Mientras que los $7 o $14 billones que saquearon de la empresa aún no se recuperan, y ni uno solo de los responsables del saqueo se encuentra tras las rejas. Un saqueo en el que están comprometidos altos funcionarios de Ecopetrol y de los gobiernos de Uribe y Santos, que actuaron en contubernio con empresas del sector privado como Andamios Anderson de Colombia, Aseo Urbano de la Costa, transportes Calderón S.A, y la firma estadounidense CB&I, encargada de la construcción de la obra.

Dos salarios mínimos en Colombia equivalen aproximadamente al costo de la canasta mínima vital para una familia de ingresos bajos, por lo que la contracción salarial del personal de logística en Reficar significa que de ahora en adelante solo podrán acceder a la mitad de la misma, con todo lo que esto significa para una familia pobre.

La encuesta de la firma Invamer Gallup, dada a conocer el 2 de marzo, deja entrever que para los colombianos los dos problemas que más preocupan son precisamente la corrupción y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Difícilmente se podrá construir una paz estable y duradera si la implementación de los acuerdos del fin del conflicto armado suscrito con las Farc, y el que se suscriba con el ELN, no se fundamenta en una política pública de trabajo decente que restablezca la importancia social que el trabajo tuvo en el pasado.

Trabajo Decente es una vieja idea que ha acompañado al sindicalismo desde el origen de los tiempos, y que OIT se plantea como el nuevo reto, inicialmente para los Estados miembros. Según la OIT, el Trabajo Decente “resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, aspiraciones en relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad de género. Las diversas dimensiones del trabajo decente son pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad”.

De acuerdo con esta definición, podemos concluir que la paz se construye con empleo y una política salarial (ingresos) que cierre la brecha inicialmente entre salario mínimo legal y salario mínimo vital, y de manera progresiva se siga mejorando el poder adquisitivo para garantizar el desarrollo de las familias y las personas como tránsito hacia una Paz con Justicia Social.

Lo que se ve entonces es que el Gobierno Santos y Ecopetrol van en contravía de los compromisos internacionales adquiridos en la OIT, que a través de sus normas ha construido un estándar mínimo de condiciones laborales para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

No es con leyes arbitrarias y con violencia estatal contra las expresiones democráticas de movilización y protesta de los trabajadores como se construye la paz. Esta se construye creando nuevas oportunidades laborales, con ingresos que tengan poder adquisitivo que garanticen el mínimo vital; con un sistema de seguridad social con enfoque de derechos y no de negocio, como la Ley 100 de 1993; con garantías para el ejercicio de las libertades sindicales y dialogo social, no con garrote ni culatazos, ni penalización de la protesta.

¿Son los convenios de OIT y el reto estratégico de Trabajo Decente los referentes de la política laboral del presidente Santos y Ecopetrol? ¿O lo serán acaso los campos de concentración de la Alemania Nazi?

Toda nuestra solidaridad y respaldo a la Unión Sindical Obrera en esta nueva batalla que adelantan en defensa de los 7.000 trabajadores más precarizados por parte de la estatal petrolera Ecopetrol.

Edición 533 – Semana del 10 al 16 de Marzo de 2017
   
 
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