Implementación y pobreza legislativa

 
No ha culminado el trámite del Acto Legislativo, para dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, y mucho menos el Acto Legislativo que regula parcialmente la reincorporación política de las Farc. El Gobierno nacional debe rápidamente reconducir y relanzar el proceso…
 
Antonio Madariaga Reales
 
Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

La política colombiana de la semana estuvo marcada por la renuncia de Vargas Lleras para el lanzamiento de su candidatura a la presidencia de la República; el golpe a la figura y la gobernabilidad del presidente Santos con las revelaciones de haber recibido ilícitamente dineros de Odebrecht, por parte de Roberto Prieto su gerente de campaña; el reclamo del Partido Verde por lo que llamaron “la tumbada de la presidencia en 2010” y su afianzamiento de campaña alrededor de la lucha anticorrupción; los dilemas del innombrable para tener candidato/a y procedimiento que valide su omnímoda voluntad y finalmente el inicio del posicionamiento de Humberto de la Calle, como el candidato del Acuerdo de Paz.

Es decir, arrancó la campaña presidencial abierta mientras terminaban lánguidamente las sesiones extraordinarias del Congreso que desde diciembre presenta un balance realmente pobre.

No ha culminado el trámite del Acto Legislativo, para dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, y mucho menos el Acto Legislativo que regula parcialmente la reincorporación política de las Farc. Para destacar, a pesar de las inconvenientes modificaciones introducidas a última hora sobre terceros en la Comisión de la Verdad y sobre responsabilidad de mando, en la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, es la aprobación del acto Legislativo del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

En cuanto a los proyectos de ley, ha culminado el trámite y ha sido sancionada la Ley Orgánica que permite la actuación de los Voceros de Voces de paz, así como las disposiciones sobre Amnistía, Indulto y tratamientos penales especiales mientras que todavía está en trámite el Estatuto de la oposición.

En lo que hace a los decretos con fuerza de ley, se han creado la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y se ha asegurado el establecimiento de las Zonas y Puntos Veredales de Normalización. La pobreza de este panorama es inmensa si se compara con la necesidad de expedición de Actos legislativos, leyes y decretos Ley en un número superior a las dos decenas.

Ese o peor es el panorama que nos espera de aquí en adelante. Mientras los asuntos que dependan del Congreso y en parte del gobierno, para la implementación del acuerdo irán perdiendo importancia en la agenda pública, esa agenda estará saturada por los ires y venires de la contienda presidencial.

Por otra parte, en lo que hace a las acciones concretas para la reincorporación de los más de 7.000 guerrilleros y milicianos de las Farc no sabemos si es más grave el ritmo lento de la logística para las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización o la complacencia y naturalización por parte de los encargados, encabezados por la estulticia del gerente Córdoba, de la puesta a punto de esa logística.

Si eso sucede con los guerrilleros, el incumplimiento con las comunidades que habitan en esos territorios es mayúsculo. En contravía de la necesidad de ganar legitimidad para el proceso, estos incumplimientos profundizan la desconfianza en el Estado y llevan a la pérdida de fuerza social necesaria para llevar a cabo las transformaciones que la implementación del acuerdo promete.

Eso en cuanto a lo fácil. No se conocen, por otra parte avances suficientes y esperanzadores sobre aspectos cruciales y de suma urgencia como el Plan Nacional de Reincorporación, la cedulación de los guerrilleros, el censo y la caracterización de los mismos a cargo de la Universidad Nacional, fundamental para definir su formación para el trabajo y para la vida ciudadana, en fin de los prerrequisitos para una exitosa reincorporación. Y ese es el terreno en el que la construcción de una paz sostenible y duradera no admite fracasos. Más allá del regreso a la guerra, que desde nuestra perspectiva las Farc han descartado, el enorme riesgo que estamos corriendo es que se debilite su cohesión y que el mensaje para el ELN, sea que no vale la pena negociar.

Creemos que el Gobierno nacional debe rápidamente reconducir y relanzar el proceso, tanto en lo legislativo como en lo operativo, las demoras y dilaciones deben ser conjuradas y la idea de las llamadas victorias tempranas debe dar paso a un plan de contingencia que recupere el tiempo perdido, supere la fragmentación y dispersión de las acciones y construya propósitos de gobierno en el día a día consistentes con la coyuntura por la que atraviesa el proceso.

Corresponde a la sociedad civil seguir insistiendo en los procesos de pedagogía y de estímulo a la participación de la ciudadanía mediante la construcción y gestión de Agendas Ciudadanas de Implementación del Acuerdo, la elaboración anticipada de propuestas de normas para el trámite legislativo y los decretos a expedir por el presidente. La actividad desplegada y por desplegar por parte de las organizaciones de la sociedad civil, serán las que marquen la diferencia.

Reiteramos que mientras la guerra nos impuso como tarea la resistencia, aun frente al Estado, la sociedad civil tiene que avanzar en la comprensión que la paz solo se puede construir con Estado Social y Democrático fuerte y presente en todos los territorios, Estado y no sólo fuerza pública y el Estado y el Gobierno tienen que entender que la sostenibilidad de la paz descansa sobre una sociedad civil fuerte y una ciudadanía de alta intensidad, autónoma e independiente.

Coda1: El informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, nuevamente pone de presente la enorme magnitud de las agresiones a los líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos y da razones suficientes para identificar sistematicidad en los crímenes.

Coda 2: En lógica de implementación y de ganar legitimidad para la misma, estaremos en esta semana realizando 6 procesos territoriales de deliberación ciudadana para los lineamientos de garantías para la participación ciudadana y la movilización y la protesta social.

Edición 534 – Semana del 17 al 23 de Marzo de 2017

   
 
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