Los campesinos en el post acuerdo

 
Los cambios para el campesinado no pueden circunscribirse simplemente a bienvenidos programas de desarrollo social si este sigue siendo sometido al imperio del gamonal o del politiquero local. La aspiración es más amplia y es convertirse en sujeto de derechos que lo conduzcan a ser parte de cualquier coalición de poder que consulte sus intereses.
 
Alfonso Cuéllar Solano
 
Consultor agrario, miembro Comité Político de Anuc
 
 

Los campesinos como la tercera parte de la población colombiana enfrentan el gran reto del post acuerdo para alcanzar derechos políticos y una ciudadanía efectiva y no de papel como hasta ahora. Esa aspiración hace parte de la gran reforma política que requiere Colombia y que reconozca al campesino productor de alimentos como sujeto de derechos. El campo sigue siendo el eslabón débil del estado colombiano. Sin que esto quiera decir que la tesis que muchos violentólogos sostienen en cuanto a que Colombia tiene sitios vedados para el poder, porque, no tienen fin los ejemplos de cómo las autoridades institucionales desde concejales, alcaldes, inspectores, personeros, gobernadores, notarios, fuerzas armadas y de policía, así como ministros, senadores y representantes y el aparato judicial, de alguna manera se aliaron o apoyaron toda clase de actividades delictivas y conformaron un poder territorial que copó diversas instancias institucionales. Esa alianza ha alcanzado su punto culminante en los acuerdos de paz y merece una refrendación contundente en tanto que se desmonta el principal factor de intimidación y terror sobre los habitantes rurales de una guerra que nunca fue suya y que podría ser de duración infinita mientras esté sostenida con recursos del narcotráfico y del juego perverso de liderazgos políticos territoriales. Es así como, el paramilitarismo entre otros actores se hizo al 30 % o más del parlamento.

Los cambios para el campesinado no pueden circunscribirse simplemente a bienvenidos programas de desarrollo social si este sigue siendo sometido al imperio del gamonal o del politiquero local. La aspiración es más amplia y es convertirse en sujeto de derechos que lo conduzcan a ser parte de cualquier coalición de poder que consulte sus intereses, esta sería la verdadera idea de la nueva ruralidad y la manera de construir el desarrollo político, social, económico y cultural de los territorios y que pueda gozar de una circunscripción especial que garantice una representación de acuerdo con su proporción poblacional que le permita un entrenamiento parlamentario y administrativo de la cosa pública para poder competir luego abierta y libremente en la contienda política.

La primera tarea de este nuevo poder es dotar de tierra y agua de regadío a la población rural de campesinos productores directos de alimentos, que no la tiene o la tiene muy escasa de manera que como mínimo se garantice a las familias pobres un ingreso siquiera de tres salarios mínimos mensuales vigentes. Los campesinos deben ser ejecutores y no espectadores de esta política. Lo segundo es el tema del saneamiento de los derechos de propiedad sobre la tierra que ya ocupan, pero que están carentes de títulos legales. Tercero, contribuir positivamente al incremento de la producción de alimentos y dotarlos de un sistema moderno y red del mercadeo agropecuario con los excedentes, luego de alimentar a su familia, en que el campesinado pueda ser actor directo productor-consumidor y no sujeto de especulación perpetua.

Cuarto, se requiere ejecutar programas de desarrollo rural para incrementar la productividad agropecuaria y contribuir a reducir la pobreza rural que en su forma multidimensional alcanza un 46%, esto es, que en las zonas rurales de cada dos personas del país una es pobre. El reciente censo nacional agrario demostró que la economía coquera tampoco es una solución para los campesinos. Por ejemplo, una población del Catatumbo, como El Tarra, es el municipio de Colombia con los mayores índices de pobreza, este alcanza el 92,6% de la población.

De los dos millones y medio de productores agrícolas, los campesinos carecen de infraestructura productiva, de instalaciones adecuadas, de vías terciarias, de electricidad, de maquinaria adecuada, de sistemas de riego y asistencia técnica, carecen de recreación y cultura y todos estos bienes están concentrados en los agricultores ricos, que disponen de ejecutores directos de las políticas desde el gobierno. El conjunto de los medianos y pequeños productores agrícolas son los principales productores del país, pues de 8 millones de hectáreas en uso agrícola, cinco millones, un 60 % están cultivadas por campesinos tradicionales y 3,4 millones de hectáreas tienen un uso agroindustrial.

Es significativo entonces que, un 40% del área cosechada que está en predios menores de 50 hectáreas se genere un poco más del 43% de la producción agrícola nacional, particularmente de alimentos de la canasta básica de los colombianos.

Por otra parte, Colombia requiere una actualización del catastro, dando prioridad a que se contrate a hijos de campesinos con un nivel medio de educación y el debido entrenamiento, para efectuar tareas con la dirección de expertos de IGAC. Y acometer la tarea de actualizar los avalúos catastrales pues las sumas irrisorias que pagan los grandes fundos y la ineficiencia del recaudo son el perjuicio principal para los campesinos en cuanto los entes municipales carecen de recursos propios para el desarrollo rural.

Si los campesinos no se apersonan y se les brinda la seguridad a sus reclamos y derechos para promover la formalización y la restitución de tierras a la población desplazada, está será letra muerta de los programas gubernamentales como hasta hoy lo ha sido. Las instituciones por si solas no son suficientes para garantizar el éxito de los programas donde están en juego intereses que tienen que ver con la verdadera democracia. Deben contar con el respaldo del trabajo mancomunado de autoridades locales alineadas en la solución de los problemas y no en la captura del presupuesto y con los sectores de campesinos por siempre marginados de las decisiones y no se diga de su ejecución. Las instituciones locales –arena política donde se mueve el campesinado– están copadas por intereses politiqueros y clientelistas que son una talanquera al desarrollo y que puede ser sobrepasada con la acción colectiva como fuerza creadora y transformadora de las instituciones. Hasta hoy se entiende que el campesinado de Colombia no ha delegado en nadie en particular, la representación de sus intereses y no practica la arrogancia para alcanzar sus fines.

Los cambios para superar la crisis rural comprenden reglas de juego propuestas por los propios actores que configuren instituciones equitativas donde las organizaciones sean jugadores centrados en el cambio institucional y no en intereses personales o de grupo y en la modificación de las restricciones que generan inequidades que junto con las restricciones económicas cotidianas son las que determinan el conjunto de las oportunidades en la sociedad.

Edición 534 – Semana del 17 al 23 de Marzo de 2017
   
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
 
 
 
comentarios suministrados por Disqus