Hablando de garantías

 
Creemos firmemente que es la hora de reconocer lo que está pasando, hacer apuesta por conquistar la legitimidad del Estado, tomar como punto de partida la hipótesis de la sistematicidad en los asesinatos, abandonar la discusión semántica del fenómeno y la disputa por las cifras de asesinados, que si 64 u 87 o 127 y desarrollar una acción contundente, que suponemos liderará el vicepresidente Naranjo, para detener ya el desangre…
 
Antonio Madariaga Reales
 
Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

En la década del 2000 en el marco del proceso tripartito, Londres – Cartagena – Bogotá, organizaciones plurales de la sociedad civil, comunidad internacional agrupada en el G-24 y el Estado Colombiano, desarrollamos un muy interesante y profundo ejercicio de interlocución, deliberación y construcción de consensos, no siempre fáciles, sobre acuciantes asuntos referidos a la cooperación internacional, el desarrollo y los derechos humanos. Eran tiempos del “innombrable” y la tensión que se derivaba de la negación del conflicto armado y la crisis humanitaria por un lado y de las agresiones y estigmatizaciones a las organizaciones de Derechos Humanos y a los liderazgos sociales, algunas procedentes del mismo presidente, por el otro, hacían de esa interlocución un encuentro difícil entre el gobierno y la sociedad civil en el que la mediación de la comunidad internacional y el respaldo a la sociedad civil por parte de la misma, fueron definitivos.

Formaba parte de ese grupo plural de la sociedad civil, en aquel entonces presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, quien de manera vehemente y franca, como son sus características, compartió con el movimiento de Derechos Humanos y frente a las agresiones y estigmatizaciones, la defensa del derecho a defender los derechos y contribuyó a la identificación de patrones de sistematicidad detrás de la grave crisis humanitaria y a desarrollar en múltiples eventos tanto académicos como políticos la tesis de la necesidad de un cambio de la mirada gubernamental y abandonar por tanto la política negacionista.

Partíamos todas y todos de la necesidad de reconocer la realidad del conflicto y de la existencia de fenómenos criminales enquistados en la sociedad, en intereses locales, regionales y nacionales, tanto legales como ilegales, que aún ahora no se han revelado en toda su dimensión, y que estaban en buena parte alentados y respaldados por la connivencia de diversos agentes del Estado, como ha sido claramente demostrado por la justicia colombiana y por el trabajo de las ONG y del Centro de Memoria Histórica, entre otros.

Desarticulados los grandes Bloques paramilitares en sus ejércitos, sin embargo buena parte de sus estructuras económicas, políticas y sociales, así como sus financiadores, quedaron al amparo de una política que representada en la ley 975 y a pesar de nuestro trabajo y el de la Corte Constitucional, nunca tuvo como propósito el desmantelamiento del paramilitarismo.

Esas estructuras económicas, políticas y sociales, esos poderes fácticos, hoy desarrollan de manera sistemática –aunque no necesariamente articulados en una federación y plan nacional como los de las AUC– una tarea de agresiones y terror contra toda forma de liderazgo y poder social que consideren se opone a sus intereses o tiene el riesgo de empoderarse lo suficiente para ponerlos en riesgo y como una forma de abrir camino para el control de los territorios, (242 municipios), antes controlados militarmente por las Farc.

Esa sistematicidad del terror hoy no se manifiesta a través de sangrientas y morbosas masacres con la complicidad de la oscuridad de la noche, como las de El Salado, o Macayepo o Chengue o el Aro, sino fundamentalmente a través de asesinatos selectivos de líderes sociales, de defensores y defensoras de Derechos Humanos con métodos sicariales, (dos hombres en una moto), a plena luz del día. Entonces la sistematicidad está dada por quienes asesinan, (líderes sociales y defensores/as de derechos humanos), el modus operandi ya descrito y los territorios donde estos principalmente se producen y que son Antioquia, Córdoba, Cauca, Norte de Santander, Tumaco y Buenaventura.

Reconocer la sistematicidad, Dr. Villegas no es dar legitimidad política a los bandidos, a los que por lo demás les interesa más controlar el poder político y económico de facto que el ser reconocidos formalmente como interlocutores políticos; es una necesidad para abordar adecuadamente el problema. El negacionismo, que justamente criticamos en el pasado, solo contribuye a profundizar la desconfianza de vastos sectores sociales y populares en la voluntad del Estado y del gobierno para hacer efectivo el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.

En la realización de la deliberación ciudadana, plural, diversa y de cientos de líderes y lideresas sociales que está caracterizando el desarrollo en 6 macroregiones de los Foros para los Lineamientos de Ley Estatutaria de Garantías para la Participación Ciudadana, el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Movilización y Protesta Social, como implementación del Acuerdo Final, ese sentimiento de desconfianza es muy, pero muy fuerte, y se podría expresar en la secuencia: “no les ponen atención a nuestras demandas hasta que no nos movilizamos y protestamos; siempre asimilan la protesta a alteración del orden público y por tanto la primera respuesta es policiva; si logramos que escuchen las demandas es posible que se negocie; y si se negocia lo más probable es que no se cumpla con lo prometido en la negociación hasta un nuevo tropel”.

Creemos firmemente que es la hora de reconocer lo que está pasando, hacer apuesta por conquistar la legitimidad del Estado, tomar como punto de partida la hipótesis de la sistematicidad en los asesinatos, abandonar la discusión semántica del fenómeno y la disputa por las cifras de asesinados, que si 64 u 87 o 127 y desarrollar una acción contundente, que suponemos liderará el vicepresidente Naranjo, para detener ya el desangre, y que tenga al menos los siguientes elementos:

1. Planes de contingencia por lo menos en esos territorios reseñados, construidos desde y con los actores territoriales en el curso de los próximos 30 días, que comprometan al conjunto de la institucionalidad estatal tanto del orden local como del orden regional y nacional y que se hagan en concertación con las organizaciones de la sociedad civil del territorio.

2. Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pactada en el Acuerdo de Colón, y puesta en marcha de sus instrumentos, con el fin de que pueda construir y desarrollar a la mayor brevedad la política pública que se le encomendó.

3. Desarrollar una estrategia de legitimación social permanente a todos los niveles del Estado, de los liderazgos sociales y de las acciones que estos desarrollan.

Todo lo anterior será posible si los funcionarios del Estado confían en la sociedad civil, la reconocen como esencial en la construcción de la paz sostenible y duradera y respetan su autonomía e independencia.

Coda1: Preguntamos si ¿la guerrillerada seguirá dedicada sólo a la construcción de sus campamentos o ya se dio paso a las tareas de la preparación para la reincorporación?

Edición 535 – Semana del 24 al 30 de Marzo de 2017

   
 
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