Preguntas mal intencionadas

 
Me atrevo a decir que al presidente Santos le mintieron en sus respuestas algunos de los ternados, como quiera que la mayoría de ellos son juristas muy conscientes de su papel en la defensa de los derechos humanos prestacionales que implican necesariamente obligaciones presupuestales para su otorgamiento.
 
Héctor Alonso Moreno Parra
 
Profesor Universidad del Valle
 
 

El Presidente Juan Manuel Santos en declaraciones a la cadena radial Caracol informó que les hizo dos preguntas a los aspirantes al cargo de Magistrados de la Corte Constitucional que presentó oficialmente como sus ternas en las que se destacan grandes juristas nacionales.

El presidente Santos aseguró en su declaración que todos sus ternados contestaron afirmativamente su primera pregunta sobre el tema de la paz, comprometiéndose con la defensa de la misma. Asunto por lo demás loable, como quiera que contribuir a consolidar el proceso de paz será uno de los propósitos que deberá abordar la Corte Constitucional en los próximos años.

La segunda pregunta que les formuló el mandatario fue acerca de si se comprometían en contribuir al mantenimiento del equilibrio fiscal del país, es decir, que se deberían comprometer con NO otorgar en sus fallos o providencias derechos económicos, sociales y culturales que pusieran eventualmente en peligro las finanzas de la nación; a lo cual, según el presidente, los seis ternados contestaron afirmativamente que SI se comprometían a ello.

Lo anterior quiere decir, como apenas es natural, que los ternados en su afán de ser nombrados magistrados de la Corte Constitucional se comprometieron con sus respuestas, de un lado, a defender los acuerdos de paz, y de otro lado, a no otorgar los suficientes recursos para su implementación.

Uno se pregunta entonces, ¿Cómo estos aspirantes a magistrados de la Corte Constitucional pueden ser amigos de la paz y al mismo tiempo, amigos del neoliberalismo? ¿Cómo pueden ser amigos de la política de la sostenibilidad fiscal que establece que no se pueden otorgar derechos prestacionales que pongan en déficit el fisco nacional; y al mismo tiempo, ser amigos de la defensa de los derechos humanos?

Quiero recordar que en parte el conflicto político armado en Colombia es precisamente debido a que más de veinte millones de colombianos carecen de los más elementales derechos humanos y viven en la más absoluta pobreza, y que unos siete millones de colombianos viven en la miseria. En total, cerca de veintisiete millones de colombianos no tienen acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, no comprendo cómo se puede ser amigo de la paz si se niegan los derechos más elementales de los ciudadanos como lo es el derecho a satisfacer sus necesidades básicas materiales.

De ahí, que no entiendo la respuesta de estos candidatos a ser miembros de la Honorable Corte Constitucional; reitero que la mayoría de ellos son eminentes juristas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y son grandes constitucionalistas. Conozco los planteamientos teóricos de algunos de ellos, en particular, las tesis del doctor Carlos Bernal Pulido sobre la Ponderación y el Neo constitucionalismo; igualmente es un lujo tener en esas ternas a las abogadas Isabel Cristina Jaramillo, y Cristina Pardo Schlessinger, profesoras de la Universidad de los Andes, abogadas de gran tradición académica con maestrías y doctorados en asuntos constitucionales.

Me atrevo a decir que al presidente Santos le mintieron en sus respuestas algunos de los ternados, como quiera que la mayoría de ellos son juristas muy conscientes de su papel en la defensa de los derechos humanos prestacionales que implican necesariamente obligaciones presupuestales para su otorgamiento.

Claro que debo decir, que en las ternas propuestas no todos son eminentes juristas; por supuesto, hay algunos colados con cierto sabor politiquero como el caso de la llamada Paca Zuleta y la señora Natalia Ángel Cobo, profesionales del Derecho con muy pocos méritos académicos a más de ser simplemente abogadas; eso sí, con extraordinarias conexiones políticas. Espero que al final no resulten elegidas por la politiquería del Congreso las personas más ineptas para el cargo, puesto que ello sería un gran golpe al papel que debe jugar la Corte Constitucional en defensa de los derechos de los más olvidados y pondría en grave peligro el futuro de la paz en Colombia.

Edición 537 – Semana del 7 al 20 Abril de 2017
   
 
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