¿Qué sigue después del golpe
de la Corte Constitucional?

 
Los magistrados de la Corte Constitucional no decidieron con el sentido que el momento histórico les exigía. Lo actuado confirma la enorme dificultad política, cultural y jurídica para construir una perenne Institucionalidad Estatal de Paz, que de manera excepcional y temporal, fuera capaz de superar los odios, resquemores y los disímiles intereses de aquellos actores a los que la guerra interna les sirvió para consolidarse dentro de un pérfido Establecimiento.
 
Germán Ayala Osorio
 
Comunicador social y politólogo
 
 

Horas después de la polémica decisión de la Corte Constitucional (CC) con la que se golpeó1 la estructura jurídica y política del Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016, y se abrió un enorme boquete para que el Congreso modifique, a discreción, el sentido y los alcances del Acuerdo Final (II) al que llegó el Jefe del Estado, Juan Manuel Santos Calderón, y la cúpula de las Farc, es importante revisar las alternativas y las acciones que quedan y que se puedan emprender para bajar los niveles de incertidumbre que generó el fallo del alto tribunal y encauzar el ya tortuoso proceso de implementación.

El camino que ya exponen expertos, en cabeza de Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En este escenario, posible, pero lejano, las fuerzas políticas, sociales, económicas y militares que han acompañado el proceso de paz con esa guerrilla, buscarían blindar lo acordado en La Habana y darle vida constitucional a los cambios institucionales que acordaron los plenipotenciarios de las Farc y del Gobierno, con los que se buscará consolidar una paz estable y duradera, al tiempo que se construyen escenarios de posconflicto.

Imagino que Enrique Santiago ha sopesado los riesgos2 que trae convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en las actuales circunstancias. Es clara y evidente la polarización política que se respira en el país entre quienes buscan hacer “trizas”3 el Acuerdo Final (II) y los sectores convencidos de que esta la oportunidad para hacer las transformaciones que las guerrillas buscaron lograr, en vano, a través de las armas, y que comprometen las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado.

La vigencia política de Uribe Vélez es un factor y él mismo constituye un actor a tener en cuenta al momento de pensar en convocar a elecciones para elegir delegatarios para derogar y/o modificar la Carta Política de 1991. A pesar de que su imagen deviene débil en los últimos años, con el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y con el apoyo interesado de cristianos, de Acore y de fanáticos religiosos como Ordóñez Maldonado4, logró repotenciarse y ahora, con renovados bríos, a pesar del evidente cansancio que ya dejan ver sus combativos “huesitos”, Uribe Vélez puede, fácilmente, hacerse a varias curules en esa deseada Asamblea Nacional Constituyente. Y todos sabemos que una vez ahí, Uribe, como ganadero y latifundista, buscará imponer sus ideas en torno al modelo de Estado (el de opinión) y el de sociedad que “requiere” el país, según su óptica conservadora, en lo social y cultural, y neoliberal en lo económico.

De esta forma, pensar en una ANC es un enorme riesgo que correría el país y el actual ordenamiento jurídico-político si los conservadores, la derecha más recalcitrante y la ultraderecha, con cristianos abordo, llegan a un escenario en el que se pueda derogar y modificar la Constitución política de 1991. Las posturas radicales de unos y otros, podrían llevar al país a peligrosos niveles de crispación política e ideológica, guiados por los miedos que lograron infundir estos mismos agentes y actores en millones de colombianos que votaron negativamente a la refrendación del Acuerdo Final, por el temor que les generó la tal “ideología de género” y la llegada al país del “Castrochavismo”5. Les bastó con crear estos dos fantasmas, para asustar a millones de incautos, eso sí, con el apoyo irrestricto de empresas mediáticas como el Noticiero RCN6, importante actor político siempre dispuesto a confundir a las audiencias y de esta manera servirle a esa parte del Establecimiento que no quiere y menos aún acepta que se hagan transformaciones institucionales en el marco de la relación Estado-sociedad-mercado.

Otra salida que se plantea es llamar a una “Diálogo Nacional” tal y como quedó consignado en el Acuerdo Final. Las preguntas que me hago son: ¿para qué, en qué condiciones y entre quiénes? Digamos que el primer interrogante se responde con algo de facilidad, pues es claro que lo que se busca es generar fuertes consensos en torno a la necesidad de avanzar hacia la implementación de lo acordado en La Habana. Eso sí, hay que tener en cuenta que los Opositores al proceso de paz se mueven entre hacer “trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo Final” y modificar aspectos sustanciales, en particular en lo que tiene que ver con la JEP y las transformaciones en el sector rural (legalización de tierras y actualización de Catastro). Es decir, no dejan espacio a la discusión, sino que se trata de una “particular renegociación (sin contraparte) por imposición.

En qué condiciones contextuales se daría ese “Diálogo Nacional”? En un escenario pre o electoral atravesado por la intemperancia y el fortalecimiento del paramilitarismo en las regiones y territorios abandonados por las Farc? En esas circunstancias los congresistas han demostrado que por encima de todo están sus intereses personales. Sin disciplina de partido y con partidos que funcionan como maquinarias clientelistas y mafiosas, es difícil promover una discusión política seria y con claras motivaciones de consolidar un Estado moderno.

Además, no se vislumbra una figura política o un intelectual que logre sentar en una Gran Mesa Nacional a los del CD, a la maltrecha Unidad Nacional, a la sociedad civil comprometida con la paz y con la extensión de la naturaleza del conflicto armado, a los representantes de los medios masivos, a los de Acore, a los militares activos, a la Academia, y a los débiles partidos políticos, entre otros. Por lo anterior, no está claro quiénes participarían de ese Diálogo Nacional, que bien puede terminar en un pacto entre élites, con el objetivo claro de hacerle “conejo a las Farc”, o en su defecto, dicha alianza buscaría erosionar la probada unidad de mando de las Farc, logrando la cooptación de sus principales cuadros.

Así las cosas, solo queda que el Congreso cumpla con la tarea encomendada y entienda el momento histórico y el dolor de los millones de víctimas que dejó y deja aún el conflicto armado y deseche las pretensiones de los sectores, actores y factores de poder que los presionan para modificar sustancialmente el Acuerdo Final y dilatar las discusiones legislativas, para esperar el retorno de Uribe Vélez al poder, por su puesto, en el cuerpo ajeno de Germán Vargas Lleras7, Alejandro Ordóñez Maldonado e Iván Duque, entre otros.

Insisto en que los magistrados de la Corte Constitucional no decidieron con el sentido que el momento histórico les exigía. Lo actuado confirma la enorme dificultad política, cultural y jurídica para construir una perenne Institucionalidad Estatal de Paz8, que de manera excepcional y temporal, fuera capaz de superar los odios, resquemores y los disímiles intereses de aquellos actores a los que la guerra interna les sirvió para consolidarse dentro de un pérfido Establecimiento. Una vez superada la excepcionalidad que la misma Corte Constitucional reconoció que no reducía las funciones del Congreso, dándole a la búsqueda de la Paz una misión de Estado y no de Gobierno, bien podría el país empezar a caminar por senderos distintos, eso sí, orientado ese trasegar por un nuevo Ethos9.

Adenda: La decisión de la CC afecta de manera directa el proceso de negociación con el ELN. Los Elenos están pendientes del avance del proceso de implementación de lo acordado en La Habana.

9 Véase: “Por un nuevo ethos”.

Edición 542 – Semana del 19 al 25 de Mayo de 2017
   
 
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