Apertura democrática y paz

 
Fueron vanos los intentos realizados durante el proceso constituyente por la campaña Viva la Ciudadanía en ese entonces, por muchos otros actores y por el movimiento de Derechos Humanos, para lograr la democratización de los partidos por un lado y la reforma de las Fuerzas Armadas por el otro para adecuarlas al Estado de Derecho.
 
Antonio Madariaga Reales
 
Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Se encuentra en trámite en el Congreso de la República el proyecto de Reforma Política derivado del punto 2 del Acuerdo Final y uno de los instrumentos más importantes del mismo que textualmente señala desde la introducción: “La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación”1.

En Colombia han sido variados los intentos por desarrollar a nivel legal, en algunos casos, o corregir en otros, aspectos nodales de la Constitución de 1991, como por ejemplo el Estatuto de Garantías y Condiciones para el Ejercicio del Derecho a la Oposición, recientemente aprobado en el Fast Track 27 años después de haber sido definido por la Constitución o como en este caso lograr un proceso de democratización de los partidos y mayor transparencia en la arquitectura, la financiación y la operación electoral, que fue una deuda con la que quedó la Carta Magna.

De hecho, fueron vanos los intentos realizados durante el proceso constituyente por la campaña Viva la Ciudadanía en ese entonces, por muchos otros actores y por el movimiento de Derechos Humanos, para lograr la democratización de los partidos por un lado y la reforma de las Fuerzas Armadas por el otro para adecuarlas al Estado de Derecho.

Aun hoy, esta última es una asignatura pendiente: una deliberación democrática sobre el papel de las fuerzas militares y de policía en un Estado Democrático y la prueba de ello es que el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc – EP es de los pocos acuerdos en el mundo que no considera la transformación de las Fuerzas Armadas, tal como lo ha estudiado el Instituto Kroc, y por el contrario usa la extraña regla del tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el mismo DIH, para los agentes del Estado que hayan cometido delitos, incluso violaciones del Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto.

Por lo anterior hay que celebrar que con el caso de la Reforma Política hay varios aspectos que representan indudables avances en la deseada dirección de la apertura democrática, así como señalar otros que todavía nos generan gran preocupación y que deberían ser modificados en el debate parlamentario.

Representan avances significativos en primer lugar, el que se restrinja la posibilidad de limitar el ejercicio de derechos políticos por parte de sanciones administrativas; la unificación del régimen y causales de pérdida de investidura para los miembros de todas las corporaciones públicas, manteniendo la “muerte política”.

En lo que respecta a los partidos son avances, desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso, y referirla al sistema de afiliados la implementación de una ruta para adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional, lo que en Viva la Ciudadanía hemos llamado “la incubadora de partidos” premia la estructuración de las organizaciones políticas y no como ahora, su fragmentación.

Contribuirá también al fortalecimiento de los partidos y a su democratización, la obligación de crecer su número de afiliados, el castigo a la doble militancia y la obligación de realizar las consultas internas, únicamente entre sus afiliados, para excluir las consultas abiertas que son remedos de democracia.

La posibilidad de coaliciones, que fue de manera acertada defendida por los partidos minoritarios, que consagra la ponencia y las reglas para las mismas permitirán a estos seguir existiendo en la vida política, pero les obligarán a buscar fortalecerse a través de los afiliados.

Son de gran importancia los cambios para la búsqueda de la transparencia en la financiación de las campañas, que deberá ser predominantemente estatal, el transporte de los electores a cargo del Estado, así como los incentivos en la distribución de los recursos estatales para la promoción de la participación de jóvenes y mujeres, así como la obligación de aumentar al 40% su presencia en las listas hasta llegar a la paridad; la rendición publica de cuentas de los donantes y el Registro de proveedores electorales son medidas en la dirección correcta. Esperamos que en el debate se introduzca la medida propuesta por nosotros de sanciones para los particulares, que violaren los topes de financiación privada, y no dejarlo a la ley, lo que permitiría en caso de adoptarse que Odebrecht por ejemplo no pueda seguir contratando con el Estado y se garantizaría una efectiva lucha contra la corrupción. Hay otros asuntos de periodos consecutivos en las Corporaciones que merecen comentarios, sin embargo, analizaremos finalmente el principal problema que tiene el Proyecto de Acto Legislativo Nº. 012 de 2017.

La creación del Consejo Electoral colombiano, creado para reemplazar el inoperante Consejo Nacional Electoral, si bien representa algunas ventajas sobre lo actualmente existente, mantiene su principal debilidad: su origen partidario. Ya era suficientemente malo que fueran los presidentes de las Cortes y no las salas plenas con tiempos precisos e ineludibles los que eligieran a 6 de los 9 Consejeros para la primera conformación del Consejo y que el presidente escogiera los otros 3, para que en la ponencia actualmente a estudio y debate del Congreso se agrave y se disponga que serán elegidos 3 por los presidentes de las Altas Cortes, 3 por el presidente de la República y 3 por el Congreso de la República.

Este es tal vez el mayor exabrupto que tiene la ponencia presentada a consideración del Congreso y demuestra la incapacidad del Congreso actual y en general de los políticos profesionales de comprometerse efectivamente con la transparencia. De hecho, podríamos decir que esta propuesta borra con el codo lo bueno que con la mano se hizo en el resto de la propuesta de articulado.

Coda: A la polarización venezolana y al sinsentido de la violencia en el vecino país, desde Colombia solo se puede ayudar permitiendo que las y los venezolanos resuelvan su conflicto interno y estimulando el que se desarrollen caminos de diálogo para ello. Pareciera por los discursos incendiarios que se escuchan y leen, ahora que estamos en dirección a terminar del todo con nuestra guerra, que algunos quisieran que esta se desarrollara entre nuestros hermanos venezolanos.

1 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Sostenible y Duradera, Pág. 7.

Edición 553 – Semana del 4 al 10 de Agosto de 2017

   
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
 
 
 
comentarios suministrados por Disqus