Avances y retrocesos
de los derechos humanos en Colombia (II)

 
El interesante informe titulado: “Protección en Colombia, la amenaza fantasma”, del Programa Somos Defensores, organización no gubernamental que se dedica a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Colombia, del que hicimos unos comentarios en nuestra columna anterior en el Semanario Virtual Caja de Herramientas, amerita seguir compartiendo, con la aquiescencia de nuestros editores, algunos aspectos de trascendencia.
 
Fabio Monroy Martínez
 
Abogado-Periodista – Coordinador en Colombia del Servicio
Paz y Justicia en América Latina, SERPAJ-AL
 
 

En la presente ocasión, nos dedicaremos a dos temas que nos han parecido columnas vertebrales de tan sensible análisis, como son: I. El Derecho Fundamental de la Seguridad Personal y II. “Origen y evolución de los programas de protección”.

El derecho fundamental a la seguridad personal

Sentencian sabiamente los tratadistas del informe, “Protección en Colombia, la amenaza fantasma”, que: “La sola existencia de normas y programas no basta para sostener que se está en presencia de una política pública, pues se precisa de otros elementos que fueron definidos en la jurisprudencia de la Corte”.

Enfocan sus comentarios iniciales al respecto, sobre los siguientes puntos: “Los programas de protección a personas en riesgo se inscriben en el conjunto de las obligaciones del Estado en materia del deber de respeto y garantía de los derechos humanos, de suerte que deben entenderse como un componente de la política de seguridad del Estado, de la seguridad ciudadana y de la de derechos humanos”.

Enfatizan, además, que: “Sin embargo, esta articulación sólo empieza a darse recientemente y como una consecuencia del reconocimiento de la existencia de un derecho fundamental a partir de la incorporación de las directrices de la Corte Constitucional”.

Y ratifican: “El derecho a la seguridad personal constituye una obligación internacional del Estado colombiano que se incorpora al orden jurídico, bajo la figura del llamado bloque de constitucionalidad”.

La Corte Constitucional y la seguridad personal
de los defensores de derechos humanos en Colombia

El estudio referido nos hace mención de la actuación especial de tan importante instancia jurídica, y nos indican: “En la Sentencia T-719 de 2003, la Corte consideró que el Estado debería crear un sistema de protección jurídica para garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad personal de los defensores de los derechos humanos y de otras poblaciones vulnerables, entre los cuales se debía incluir a los líderes sindicales”.

Siguen ratificándonos en dicho informe que: “La Corte identifica, al menos, tres instrumentos internacionales que consagran el derecho a la seguridad, y que son vinculantes para Colombia y hacen parte del contenido obligacional del Estado”.

Nos clarifican, además, que: “Dichos instrumentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, norma de jus cogens o derecho imperativo, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Y precisan: “La Declaración establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, la Convención señala que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”, y el Pacto “que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…”

Otro aspecto de suma trascendencia tratado por la Corte, indicado en el informe por los analistas, nos lo precisan, así: “En la mencionada sentencia la Corte estableció que hace parte de las obligaciones del Estado, en materia del derecho a la seguridad personal, la identificación del riesgo y la valoración sobre el grado de intensidad del mismo, y la definición de las medidas que lleven a la protección de ese derecho o cuando se trata de riesgo extremo a la protección del derecho a la vida y a la integridad personal”.

Nos dicen los analistas de Somos Defensores, que la Corte: “Para tal efecto, definió una serie de criterios que permiten establecer si se trata de un riesgo ordinario, el cual todos los ciudadanos deben soportar en condiciones de igualdad, de un riesgo extraordinario que amerita medidas especiales de protección, o riesgo extremo cuando es obligatorio proteger con medidas apropiadas para impedir que exista una vulneración a la vida y a la integridad”.

El funcionamiento del Programa de Protección del Ministerio del Interior se fundamenta en esas premisas, y la adopción de las medidas se sustenta en la definición del nivel de riesgo y de amenaza.

Inconvenientes presentados

El análisis nos precisa: “En desarrollo de la investigación se pudieron identificar varios problemas de diversa índole: Excesivo burocratismo para el ingreso al programa de protección, falta de criterios claros para establecer el nexo causal entre la amenaza y la actividad sindical, alto margen de discrecionalidad por parte de los analistas para definirlo, problemas con el centralismo del programa que hace que personas amenazadas tengan dificultad en acceder al mismo; el hecho de que el Programa esté dirigido a líderes sindicales y activistas y no a trabajadores sindicalizados, y que necesariamente se exija el hecho de la amenaza”.

Además, indica: “A estos problemas puede agregarse la falta de confianza en la idoneidad y objetividad de los estudios de riesgo realizados por la Policía Nacional, problemas en la oportunidad de los estudios de riesgo que pueden durar hasta ocho meses sin realizarse, inconformidad con el hecho de que la persona amenazada no pueda conocer y discutir el resultado del estudio”.

“Origen y evolución de los programas de protección”

Los analistas de Somos Defensores nos refrescan la memoria haciéndonos varias precisiones al respecto, como el que: “Entre 1986 y 1991 fueron asesinados 497 sindicalistas, incluido el líder sindical de la USO, Manuel Gustavo Chacón, y defensores de derechos humanos como Héctor Abad Gómez. El Estado no ofreció entonces una respuesta coherente y eficaz a su obligación de proteger la vida e integridad de ciudadanos que por razón de su actividad tenían un riesgo especial”.

Situación ésta muy particular, puesto que, en las fechas mencionadas, se fueron presentando en la geografía nacional atentados de lamentar en contra de los defensores de derechos Humanos, y en particular de centenares de miembros de las organizaciones sindicales, sin que hasta esos momentos las entidades gubernamentales hubiesen adoptado las políticas públicas atinentes a la protección y defensa de éste grupo de personas.

Nos siguen recordando en el informe mencionado, que: “Entre 1996 y el 2000 fueron asesinados varios defensores de Derechos Humanos, entre los que se encuentran Mario Calderón y Elsa Alvarado del CINEP, crimen que produjo una profunda conmoción en la comunidad de Derechos Humanos, Jesús María Valle, y catedráticos como Jesús Antonio Bejarano. También fueron víctimas de atentado Eduardo Pizarro y el líder sindical Wilson Borja, quienes lograron salir con vida. Es de anotar que en ese período fueron asesinados 767 sindicalistas”.

Así mismo, es de tener en cuenta lo manifestado por los estudiosos quienes nos precisan: “Este panorama de violencia fue la antesala de los esquemas de protección que empezaron a implementarse desde 1997 como respuesta del Estado a una situación que se entendió asociada al conflicto armado interno, tal y como lo definió la Ley 418 de 19979. Los esquemas de protección empezaron a operar bajo el sistema de escoltas de confianza, es decir, recomendados por los propios protegidos, una experiencia que había sido exitosa en el caso de los reinsertados de los procesos de paz de los 90 y de la propia Unión Patriótica, y que buscaba hacer frente a la desconfianza que producía en los protegidos la seguridad ofrecida por agentes del Das”.

El extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, dejó una estela de atentados en contra de los defensores de Derechos Humanos que le llevó a su entierro bajo las más severas críticas tanto nacional como internacionalmente; tanto así que, varios de sus exdirectivos y funcionarios de medio y bajo rango se encuentran judicializados cumpliendo condenas por varios delitos en contra de la vida e integridad personal de quienes fueron declarados “objetivos militares”.

Y nos dice el mencionado informe, que: “Esta primera fase de la protección a personas en situación de riesgo, que va desde 1995 hasta 2006, se caracterizó por ser una fase reactiva del Estado sin mayor articulación con las políticas de seguridad y de derechos humanos, en la que la participación de las poblaciones objeto de la protección en todo el proceso de decisión fue fundamental para definir un sistema que ha crecido y se ha fortalecido en un escenario de desconfianza y antagonismo, sobre todo con el mundo sindical”.

Aún, en el escenario actual, se siguen presentando condiciones de desconfianza y descoordinación entre las entidades  estatales que tienen responsabilidad en la protección de los defensores de los Derechos Humanos en la Colombia del posconflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Farc – EP, y a punto de lograrse con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las expectativas en el país, como en el resto del mundo, se centran en que sí sea posible el convivir en paz, promoviendo y defendiendo los Derechos Humanos a lo largo y ancho del país. Que así sea.

Edición 553 – Semana del 4 al 10 de Agosto de 2017
   
 
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