Defender y rodear a la
universidad pública – estatal en Colombia

 
Frente a la situación de las universidades públicas-estatales, es claro que el Gobierno del presidente Santos ha generado un conjunto de medidas que, como políticas de Estado, tienden a la deslegitimación y el debilitamiento progresivo de éstas.
 
Juan Carlos Amador
 
Profesor Universidad Distrital Francisco José de Caldas
 
 

Durante las últimas semanas se ha difundido ampliamente, a través de medios de información hegemónicos y alternativos, la crítica situación que viven los sectores de educación, cultura, ciencia y medio ambiente en Colombia. No solo se trata de los recortes ya anunciados de cara al presupuesto nacional de 2018, los cuales están distribuidos así: Ciencia y Tecnología 45.6%; Medio Ambiente 51.2%; y Cultura 13.7%. Se trata también de medidas calculadas por parte del Gobierno Nacional, y sus aliados en el legislativo, las cuales pretenden desestabilizar a estos sectores y desestimular la movilidad social de las clases sociales menos favorecidas que mínimamente acceden a éstos, como consecuencia del carácter desigual y excluyente del modelo de desarrollo. Específicamente, frente a la situación de las universidades públicas-estatales, es claro que el Gobierno del presidente Santos ha generado un conjunto de medidas que, como políticas de Estado, tienden a la deslegitimación y el debilitamiento progresivo de éstas.

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional (presidente de ASCUN e integrante del SUE), Adolfo León Atehortúa, así como diversas organizaciones sindicales y estudiantiles, de manera precisa y valiente lo han expuesto: aumentos pírricos de presupuestos anuales (basados en el IPC desde 1992), los cuales no alcanzan para financiar los gastos de funcionamiento mínimos; disminución de la base presupuestal a la par con un conjunto de exigencias que requieren altas inversiones, tales como investigación de alto impacto, publicaciones indexadas, internacionalización, infraestructura tecnológica y acreditación de programas académicos; y por último, además de este lánguido panorama, el Gobierno Santos anunció que no incluirá el 40% del medio punto del IVA, comprometido a partir de la aprobación de la última reforma tributaria, que por demás es una obligación legal (Ley 1819 de 2016). Lo más indignante de esta medida, la cual difícilmente será modificada en el Congreso, es que parte de esos recursos se destinarán al ICETEX, específicamente al famoso programa “Ser Pilo Paga”. Sobre este programa existen varias críticas, de hecho hace varios meses escribí una columna sobre este tema en este mismo medio. No obstante, uno de los aspectos más sorprendentes es que este gobierno decidió otorgar educación universitaria a 40.000 “pilos” en universidades privadas, empleando recursos públicos que hubieran podido garantizar la financiación de 600.000 “pilos y no pilos” en universidades públicas-estatales.

Además de esta absurda forma de brindar educación universitaria, a través de una lógica de subsidios a la demanda, estrategia fallida en varios países por su carácter discriminatorio, la orientación gubernamental sigue dirigida hacia la mercantilización de la Universidad. Por esta razón, se motiva a que ésta se dedique a vender servicios, incrementar tarifas de matrículas, contratar de manera abusiva a profesores y trabajadores, así como introducir teleologías basadas en la propiedad intelectual, las patentes y el copy right, en el marco de los llamados business university y capitalismo cognitivo. Esto explica la obsesión de la tecnocracia por las pruebas académicas, las certificaciones, las acreditaciones y la medición de grupos y productos de investigación. No obstante, a pesar de estas estrategias de desfinanciación y deslegitimación de las universidades públicas-estatales, desde 1992 en adelante, la mayoría de éstas han logrado acreditaciones institucionales, acreditaciones de alta calidad de programas, indexación de revistas científicas y un número significativo de investigaciones en áreas del conocimiento vigentes, entre otros logros.

Esta injusta situación, la cual pone orgullosos a los integrantes del gobierno en los consejos superiores de las universidades (que por demás son mayoría) es nuestra propia “espada de Damocles”. Así las cosas, esta crisis estructural difícilmente cambiará, pues muchos de los que hacemos parte de las universidades públicas-estatales seguimos cumpliendo las tareas que nos pone el gobierno, y de paso los organismos financieros multilaterales. En otras palabras, denunciamos y nos movilizamos, pero somos los más obedientes para cumplir con los procedimientos y las lógicas de la mercantilización y la burocratización de la Educación Superior. A manera de ejemplo, la Universidad Distrital tenía en 1995 cerca de 5.000 estudiantes y hoy tiene casi 28.000 con una base presupuestal que se incrementa anualmente según el IPC. Otro ejemplo es la Universidad Nacional de Colombia, la cual completa cerca del 50% de su presupuesto a través de consultorías y venta de servicios. Un tercer ejemplo, lo ofrece la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la cual pretende incrementar drásticamente las matrículas para cubrir parte de su déficit.

Este análisis no es un llamado a abandonar la calidad de lo que hacemos. Tampoco se trata de demeritar las funciones misionales de la universidad (docencia, investigación y proyección social). Sin embargo, sí implica repensar cómo, desde los propios entes universitarios estatales, facilitamos las condiciones para que estos gobiernos continúen con las estrategias ya mencionadas. Por ejemplo ¿Qué tal si las universidades estatales hubieran decidido conjuntamente no presentarse a la última convocatoria de medición de grupos de Colciencias? ¿O qué implicaría si éstas no se presentan a la famosa acreditación institucional? ¿O qué tal si no continúan ampliando cobertura? Por otro lado, es necesario que los sectores demócratas y partidarios del Estado de Derecho de la sociedad civil rodeen a la universidad pública- estatal. En días pasados, Cecilia Ceraso, profesora de la Maestría en Comunicación para la Transformación de la Universidad de la Plata, de visita a la Universidad Distrital, explicó cómo en la Argentina muchos sectores de la sociedad tuvieron que salir a “defender y rodear a la universidad pública” dadas las intenciones del gobierno del presidente Macri de privatizarla. Dijo de manera espontánea afirmó: “Lo hacemos porque como sociedad valoramos las luchas que otros hicieron por nosotros para contar con una universidad pública-estatal y gratuita para los que quieren y necesitan habitarla”.

Edición 562 – Semana del 6 al 12 de Octubre de 2017
   
 
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