La política como continuación de la guerra

 
El tránsito de la guerra a la paz no es otra cosa que el transito del ejercicio de la política con armas a la actividad política desprovista de la acción militar. Es decir, la paz es el fruto de proscribir el uso de las armas para el ejercicio de la política. De ahí, que no es entendible que quienes durante muchos años ostentaron el uso de las armas para hacer política, como el caso de las Farc, se les impida hacer política sin armas.
 
Héctor Alonso Moreno
 
Profesor Asociado, Universidad del Valle,
Doctor en Ciencia Política Universidad de Granada (España)
 
 

El General Prusiano Karl von Clausewitz, historiador especializado en temas bélicos y destacado profundizador del fenómeno de la guerra en un famoso aforismo afirmoque “La guerra es la continuación de la política por otros medios”, a lo que Foucault respondió con una interpretación del poder en base a que “La política es la continuación de la guerra por otros medios”.

Con lo anterior quiero significar que la relación dicotómica guerra y política o política y guerra, siempre han estado presente en la historia del pensamiento político; y afirmar, además, que solo ha sido posible mediante la búsqueda de la paz construir el propósito que permite remover los obstáculos para que el ejercicio de la política sea una actividad sin el auxilio perverso de la guerra, o si se quiere, que la construcción de una sociedad en paz es el único escenario natural en el cual la política asume una condición adversarial y controversial con base en la argumentación de ideas a través de la retórica.

De tal manera, que el tránsito de la guerra a la paz no es otra cosa que el transito del ejercicio de la política con armas a la actividad política desprovista de la acción militar. Es decir, la paz es el fruto de proscribir el uso de las armas para el ejercicio de la política. De ahí, que no es entendible que quienes durante muchos años ostentaron el uso de las armas para hacer política, como el caso de las Farc, y que hoy cuando han hecho un proceso de paz que reconoce que el monopolio de la fuerza recae exclusivamente en el Estado legitimo se les impida hacer política sin armas.

He dicho anteriormente, que hacer la paz es remover obstáculos, y uno de ellos, es permitir mediante el indulto y la amnistía que quienes ayer desafiaron al Estado y sus instituciones mediante la acción armada; puedan hoy expresar sus puntos de vista ejerciendo su derecho a la participación política dentro de los cauces institucionales. Y que quienes, además, cometieron crímenes de guerra, sean al mismo tiempo puestos a disposición de una justicia especial de paz sin que ello conlleve a la perdida de los derechos de participación política; así por lo menos quedo establecido en el quinto punto del acuerdo de La Habana, que no habría pérdida de los derechos políticos para los condenados por la justicia transicional.

Ahora bien, apreciar en su dimensión exacta el valor de esta transición democrática requiere de una gran imaginación y disposición generosa para poder comprender que es preciso y necesario hacer concesiones en aras de lograr consolidar los más nobles propósitos de un derecho contra mayoritario como lo es la paz. Propósito este que esta hoy día ausente del debate político acerca de la implementación de los acuerdos de La Habana; pues el escenario de la paz esta sobre pervertido por una profunda polarización política entre izquierdas y derechas.

Lo anterior es una gran preocupación como quiera que el nivel de polarización que el país ha alcanzado en estos momentos de implementación de los acuerdos de paz en el congreso es bastante superior, comparada con la polarización alcanzada como producto de los resultados del plebiscito que mayoritariamente voto por 54 mil votos más en favor de NO refrendar los acuerdos.

La profunda discusión que se vive a diario en el Congreso Nacional en las últimas semanas en el trámite de reformas de posconflicto, como la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz y de la reforma política que permitan una transición democrática para consolidar la paz, es alarmantemente preocupante. Agresiones verbales e improperios son el pan de cada día del debate parlamentario para la implementación de los acuerdos. No se nota un espíritu por parte de muchos legisladores en función de pasar la página de la guerra mediante un acuerdo de partes, sino el espíritu de continuar la guerra mediante la política sin que se vislumbre un horizonte de paz.

Creo que en el país estamos jugando con candela en medio de una feroz campaña entre quienes pretenden hacer trizas el proceso de paz y quienes desean consolidar mediante actos legislativos lo pactado en La Habana; lo anterior, en medio de un país que a diario se bate entre la indiferencia, la violencia mafiosa y la pobreza. No podemos resignarnos con la interpretación del poder de Foucault de que “La política es la continuación de la guerra por otros medios”, en este caso, en medio de mutuos insultos entre defensores y sepultureros de la paz en Colombia. Por supuesto que hay temas polémicos en la agenda de la implementación de paz que es necesario conciliarlos como lo que tiene que ver con la participación política y la justicia de paz.

Es preciso recordar que la Justicia Especial para la Paz es ante todo una oportunidad y una esperanza para que miles de actores del conflicto político armado de todos los sectores puedan resolver su situación jurídica, llámese guerrilla, paramilitares, terceros civiles y/o Estado; y no es un simple escenario judicial para el intercambio de impunidades. Allí, la búsqueda de la verdad y satisfacer los derechos de las víctimas son la esencia del proceso judicial especial.

En cuanto al tema de la participación política, es claro que no existen impedimentos ni inhabilidades para el ejercicio de los derechos políticos por parte de los ex combatientes; todos están habilitados para participar en política. Lo que eventualmente se podría discutir es un tema de incompatibilidad entre el ejercicio del cargo como funcionarios públicos o miembros de corporaciones de elección popular y la condición de condenados, para aquellos que concurran a la JEP y sean considerados culpables de delitos de guerra. Ellos, eventualmente, deberán dejar sus funciones públicas mientras pagan su condena, pues de lo contrario estaríamos frente a una rarísima y nueva figura del régimen penitenciario de “un cargo público por cárcel; o lo que es lo mismo, el Congreso por Cárcel; figura de medida combinada de pago de la pena que no tendría ninguna presentación ni pública ni política.

De tal manera, que podría eventualmente en un momento discutirse si es posible considerar que es incompatible al mismo tiempo pagar la pena de restauración en una comunidad rural afectada por el conflicto y legislar desde Bogotá; esto, para el caso de ex guerrilleros que estuviesen gozando de una curul en el Congreso producto del acuerdo de La Habana en el momento de su condena en la JEP.

Es preciso entonces adelantar el debate civilizado a fin de que se imponga la sensatez política y en algunos casos el sentido común en función de lograr consolidar los más nobles sentimientos de paz que animan a la inmensa mayoría de los colombianos. Considerando, incluso, que no todo lo acordado está plasmado en piedra de mármol y que hay cosas que es posible reglamentar; ni tampoco, que todo lo acordado en La Habana haya que dinamitarlo y volver a la guerra como la continuación de la política por otros medios.

Edición 566 – Semana del 3 al 9 de Noviembre de 2017
   
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
 
 
 
comentarios suministrados por Disqus