X Informe de Trabajo Decente Colombia
(2007 – 2016)

 
En la medida que el país adopte una agenda por la igualdad y la inclusión socio-laboral, promueva un empleo digno con ingresos decentes, respete los derechos de las y los trabajadores, podremos lograr una paz sostenible, un mejor nivel de desarrollo humano, una inserción internacional reconocida por las buenas prácticas laborales y ambientales, y mejoras sustanciales en la distribución del ingreso y de los salarios.
 
Agencia de Información Laboral – AIL
 
Escuela Nacional Sindical – ENS
 
 

La grandeza de una nación se mide por la forma en que trata a los miembros más débiles
(Mahatma Gandhi)

Apenas dos décadas después de que uno de los profetas del sueño neoliberal-Francis Fukuyama- pronosticó el fin de la historia y el triunfo del capitalismo, la desigualdad, en lugar de erradicarse, ha subido significativamente en el planeta.

La desigualdad es un concepto relacional que expresa la existencia de “distintas oportunidades en el acceso, posesión, control y disfrute de recursos y poder, derivadas de diferentes condiciones, contextos y trayectorias” (Antón, 2015).

El objetivo del presente informe (versión resumida) es entonces relacionar este concepto de desigualdad con las realidades del trabajo en Colombia, desde diversas perspectivas del trabajo decente. Fue preparado por la Escuela Nacional Sindical, haciendo énfasis en el tema de la desigualdad social y laboral. Ver: Décimo informe nacional de trabajo decente

La desigualdad por ingresos:
los asalariados aumentan pero la desigualdad persiste

Es preocupante la inequidad en la distribución del ingreso en el país, una de las más altas del planeta. Para el año 2014, según el Banco Mundial, Colombia sobresalía como el país más desigual de América Latina (con un Gini de 0,535). Paraguay le sigue y Brasil está en tercer puesto. En 2016 el coeficiente de Gini en Colombia fue 0,517.

Llama la atención que la desigualdad social en Colombia no haya mejorado significativamente en la última década, cuando las tasas de crecimiento promedio fueron altas, rondaron el 4% del PIB anual. El Banco Mundial considera a Colombia país de ingresos medios altos, ya que su Ingreso Nacional Bruto per cápita se ubica entre 3,95 y 12,23 dólares. Pero esta categorización pasa por alto las enormes segmentaciones dentro de la población ocupada.

Según el seguimiento hecho por la ENS de los últimos 10 años, en el mundo laboral persisten los mismos problemas estructurales: tasas de desempleo en niveles superiores al promedio de la región, el cual es del 8,1%; elevada informalidad laboral, menor proporción de los asalariados en el total de ocupados, mayor participación del empleo cuenta propia (autoempleo) y el trabajo temporal; y un empleo cada vez más concentrado en el sector de los servicios.

En 2007 el empleo asalariado era del orden del 53,9% del total de la ocupación. A partir del 2008 esta relación se invierte. Para 2011 el empleo no asalariado fue 54,2%, mientras el asalariado bajó a 45,8%. En 2016 se estrechó un poco la brecha. El asalariado participó con el 48,7% y el no asalariado con el 51,3%.

La tasa de desempleo del 9,2% en el 2016 es una de las más altas de la región, así haya disminuido en los últimos años. Tampoco las cifras sobre informalidad laboral muestran mejoras. En esta condición está el 66,7% de las más de 22 millones de personas que trabajan en Colombia, en su gran mayoría bajo el rótulo de “cuentapropistas”, que ha ganado terreno. En 2007 éstos eran el 37,1% del total de ocupados, en el 2016 eran el 43,1%.

El empleo cuenta-propia generalmente está asociado a trabajos con menores ingresos, menor acceso a la seguridad social y menor posibilidad de beneficios laborales. Según OIT la reducción del empleo asalariado y el aumento del “cuentapropismo”, son malas noticias desde el punto de vista de la calidad del empleo. Son fenómenos claramente asociados con el deterioro del crecimiento económico.

Por ramas de actividad económica los resultados indican que la de mayor informalidad laboral se concentra en la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, con el 91,0%, seguido por el Comercio, hoteles y restaurantes (79,5%); la construcción (74,2%), transporte, almacenamiento y telecomunicaciones (65,4%).

Mirada por sexo, la informalidad afecta por igual a hombres y mujeres. En 2016 su tasa fue 66,7% para ambos sexos. Sin embargo, un análisis etario muestra grandes diferencias entre jóvenes y adultos. Los jóvenes, entre 18 y 28 años reportaron tasas de informalidad del 67,9% promedio en la última década. En 2016 esta tasa fue 62,3%.

En el caso de los adultos entre 29 y 40 años la tasa de informalidad promedio fue 63,4%, situación que se agrava para los mayores de 60 años, para quienes esta tasa supera el 90%.

La ocupación por ramas de actividad muestra una reconfiguración del empleo a favor del sector servicios. En la última década el comercio, hoteles y restaurantes generó en promedio el 26,6% del empleo total; mientras la agricultura y la industria cedieron participación. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y minería generó el 19,5% del empleo en 2007, en 2016 cayó al 16,9%. Igual la industria manufacturera, cuya participación en el empleo pasó en el mismo lapso del 13,4% al 11,5%.

Ingresos laborales no son suficientes para salir de la pobreza

El 51,3% de los trabajadores colombianos son ocupados no asalariados. Son personas que están por lo general en el rebusque, o incluso trabajan sin remuneración, en “negocios” familiares.

Es importante mirar la relación ingreso y pobreza, porque el ingreso se convierte en una variable relevante en cuanto da acceso a bienes y servicios que permiten un nivel de vida determinado. Si una familia tiene ingresos iguales al precio de los bienes y servicios necesarios para la vida de sus integrantes, tendrá ingresos de subsistencia.

El primer lugar de Colombia como país de desarrollo medio más desigual de América Latina, en buena parte se debe al comportamiento del mundo laboral. El decil más alto de ingresos laborales gana hasta cuarenta veces lo que devenga el decil más bajo. En 2015 el ingreso del 10% más rico de la población fue 43,9 veces el ingreso del 10% más pobre.

En 2016 el porcentaje de hogares para los que sus ingresos no alcanzan a cubrir los gastos mínimos, aumentó considerablemente. A nivel nacional el incremento fue de 9 pp (puntos porcentuales), para ubicarse en 32,1%. En las cabeceras el incremento fue de 7,7 pp y en las zonas rurales aumentó en 14,2pp.

Colombia tiene uno de los salarios mínimos más pobres de la región. De acuerdo con la Universidad de la Sabana (2017), es el cuarto país de la región con el salario mínimo más bajo (215 USD), lejos de países como Panamá (744 USD), Costa Rica (512 USD), Argentina (448 USD) y Guatemala (369 USD), que reportan los mejores salarios mínimos. Tanto es así que en 2016 el 48,7% del total de ocupados recibió menos de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv). Aumentó un poco con respecto a los años 2009 y 2010, cuando el 45,3% y 46,4%, respectivamente recibió menos del smmlv.

El 37,2% de los ocupados recibió entre uno y dos smmlv, y sólo el 14,1% recibió más de dos salarios mínimos, con una disminución de 3,1pp con respecto a 2015, cuando fue del 17,2%.

En el caso de los asalariados (obreros y empleados privados, del gobierno y trabajadoras domésticas) también se presentaron variaciones preocupantes. Sólo el 17,0% de los asalariados recibió más de dos salarios mínimos, mientras que en 2015 fue el 24,2%.

En 2015 la participación de los asalariados en el PIB fue del 33,5%. Se observa una menor participación de los salarios y una mayor participación de los beneficios empresariales (más del 50% en el PIB) y de los impuestos sobre la riqueza nacional. El retroceso en el peso de los salarios respecto del PIB, no se puede entender como pasajero. En los últimos años los beneficios empresariales han recuperado tasas de crecimiento importantes (en 2002 el excedente bruto de explotación participaba con el 31,7% en el PIB, en 2015 la participación fue de 33,1%).

Las mujeres y el escenario laboral:
reciben 18,7% menos de ingreso laboral que el de los hombres

Por la segmentación de actividades económicas, las mujeres son culturizadas y presionadas para trabajar con sueldos bajos y en condiciones laborales más precarias que las que tienen los hombres.

En 2016 el salario mensual promedio de las mujeres fue $854.328, es decir, sólo el 81,3% de lo que obtienen los hombres en promedio. Lo preocupante es que esta discriminación ha aumentado, en 2008 era un poco menor. Aquel año las mujeres recibieron el 82,1% del ingreso promedio de los hombres. Y otro dato significativo: en 2015 solo el 2,7% de las mujeres vinculadas al mundo laboral ocupaban cargos directivos.

Ese desbalance también tiene su correlato en la participación sindical. Las mujeres sindicalistas vinculadas a la educación, la salud y los servicios constituyen la mayoría de la afiliación sindical, pero su acceso a los cargos de dirección sindical es prácticamente nulo. A las pocas mujeres que logran llegar a las juntas directivas regularmente se les asignan cargos de menor valor político. Ninguna central sindical ha tenido hasta ahora una mujer de presidenta.

Los llamados trabajos del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, representan el 18,2% del PIB, según la Primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Libre 2012-2013, del DANE. Son trabajos de responsabilidad casi exclusiva de las mujeres.

En el caso del trabajo doméstico remunerado, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Dane 2016) señala que unas 677.218 trabajadoras domésticas (el 90,2% del total) tienen un contrato verbal, no escrito, lo que se entiende como un problema de precariedad laboral.

Se encontró que el 92,6% tiene protección social en salud, el 60,5% de ellas en el régimen subsidiado, y el resto en el contributivo. Pero a riesgos laborales sólo está afiliado el 15,7% de los y las trabajadoras domésticas, y a pensión el 17,6%. Solo el 1,7% obtuvo una pensión de vejez.

Sus ingresos son bastante precarios. El 38,6% gana entre medio y un smmlv; el 32,1% devengó entre medio y menos de un salario mínimo; y un 29,1% ganó más de un salario mínimo. O sea que el 70,7% de la población doméstica recibió menos de un smmlv.

La información de la GEIH indica que entre abril de 2016 a marzo de 2017 solo el 3,8%, o sea 25.511 personas, recibieron prima de navidad; el 18,9% (128.248) prima de servicios, y sólo un 2,4% obtuvo la prima de vacaciones. A nivel nacional el 76,5% no tuvo vacaciones, es decir, no tuvo su derecho al descanso.

Los jóvenes llevan la peor parte:
21,2% son “Ninis” (ni trabajan, ni estudian)

El panorama laboral para la juventud es desalentador. Las políticas implementadas no responden a los retos reales y condiciones de la población joven colombiana. En los últimos 10 años las tasas de desempleo para este sector estuvieron por encima, o fueron similares, a las tasas de desempleo de América Latina. Aunque a partir del año 2011 la tasa empezó a descender, con un leve incremento del 0,7% en 2016.

Los jóvenes entre 14 y 28 años representan el 57% de la población colombiana en edad de trabajar, y para ellos la tasa de desempleo en la última década siempre ha estado por encima de la tasa nacional, superior a 7 puntos. Significa que los efectos negativos de la política laboral se duplican para los jóvenes, con mayor afectación para las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo se mantuvo por encima de 20%.

En 2016 el 21,2% de los jóvenes hacían parte de la población llamada “ninis” (ni estudian, ni trabajan), hecho preocupante en un contexto como el colombiano donde suelen ser atraídos por formas de generación de ingresos delincuenciales e ilegales.

En Colombia las políticas frente al trabajo de los y las jóvenes se caracterizan por su focalización en sectores pobres, con énfasis en soluciones de emprendimiento, las cuales dan poca respuesta a las condiciones estructurales del desempleo.

En las zonas rurales hubo disminución del desempleo a partir de 2011, pero se mantuvo en una tasa del 10,5% en los últimos tres años. La tasa de desempleo de las mujeres jóvenes rurales es alarmante, la tendencia sigue siendo la de triplicar el desempleo de los hombres.

La terminación del conflicto armado con las FARC supone el reto de mejorar el acceso y las condiciones laborales para la población rural, específicamente para los jóvenes, pues persiste el riesgo de vinculación o creación de nuevas formas ilegales de generación de ingresos en zonas históricamente abandonadas por el Estado. Es necesario ampliar la oferta educativa de programas acordes con las exigencias del mundo laboral, y políticas de apoyo al emprendimiento para limitar el fracaso de las nuevas empresas o la falta de oportunidades laborales.

El trabajo forzoso: un problema invisibilizado

En Colombia existe el Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, creado en la Ley 985 de 2005, pero es evidente el vacío normativo y de política pública en torno a este tema, más allá de lo señalado por la Constitución y los 5 fallos judiciales de orden constitucional concernientes al tema.

El trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el entretenimiento son los sectores más afectados por este flagelo. En 2017, según la OIT, Colombia ocupaba el puesto 18, al lado de países como Perú y Venezuela, sin embargo, no hay cifras precisas que permitan un análisis más detallado. Al revisar la normatividad vigente, la acción institucional y las cifras oficiales, se concluye que no hay acciones, programas o políticas claras para la investigación, judicialización, asistencia a víctimas y ruta de identificación de la trata de personas y otras formas de trabajo forzoso.

El trabajo infantil:
disminuye pero continua muy alto en las zonas rurales

Los estudios sobre el trabajo infantil muestran que una de sus principales causas de éste, es la necesidad de aportar dinero o trabajo para la generación de ingresos a las familias de los niños y niñas, en las cuales los adultos por lo general se ocupan en trabajos informales y precarios.

La nueva metodología de medición del trabajo infantil nos permite comparar el fenómeno entre 2012 y 2016, encontrando una disminución de 2,4 pp (al pasar de 10,2% a 7,8%). Esto significa 291 mil niños menos trabando: una disminución del 25% en los 5 años. También la tasa de trabajo infantil ampliado (la suma de niños y niñas que realizan oficios en el hogar por más de 15 horas a la semana) disminuyó en 3,3 pp en este periodo (15,8% frente a 12,5%).

Las zonas rurales presentan las mayores tasas de trabajo infantil, con promedio de 15,4%. En las cabeceras el promedio es 6,9%.

En 2012 la mitad de los niños y niñas que trabajaban no recibía ingresos por su labor, tendencia que se mantuvo hasta 2016.

Las principales ramas de actividad en las que se ocupan los niños y niñas son agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un promedio de 365 mil niños y niñas, seguida por comercio, hoteles y restaurantes, con 355 mil niños y niñas; e Industria manufacturera con 130 mil.

Mientras las condiciones laborales de los adultos no mejoren, se mantengan altas tasas de informalidad y precariedad, permanezca vigente la visión cultural del trabajo como agente formador y no como espacio de riesgo sicosocial para niños y niñas, estos seguirán siendo alternativa de generación de ingresos para sus familias, perpetuando así los círculos de pobreza y desigualdad.

Seguridad social y salud laboral: 74% de los activos que cotiza a pensión sólo lo hace 8 meses por año

La cobertura del sistema de protección social resulta clave para medir, no sólo cuánto hemos avanzado en la construcción de condiciones de trabajado decente, sino también para evaluar el impacto de las políticas públicas del Estado.

Entre el 2008 y 2013 más del 70% de los ocupados en Colombia no contó con acceso a los 3 sistemas básicos de protección social (salud, pensión y riesgos). En 2016 la situación mejoró un poco: bajó al 66,7%.

Más de 11 millones de trabajadores no cuentan con cobertura pensional. Según los datos del PILA, sólo 57% de la población económicamente activa cotiza a pensiones. Y de estos el 74% solo cotiza al sistema 8 meses al año en promedio.

Esta baja cobertura en seguridad social es consecuencia de las características del empleo en Colombia, donde el trabajo generado durante los últimos años es de mala calidad, precario; y donde el desempleo hace que los trabajadores cesantes suspenden los aportes al sistema. Además, el 60% de los trabajadores son informales, con salarios inferiores al mínimo. Según el DANE, apenas 0,8% de éstos estaba afiliado a la seguridad social, y 11,96% lo estaba el régimen contributivo de salud. En sectores como la construcción la ausencia de seguridad social superó el 90%.

También es consecuencia de un conjunto de políticas laborales que, al fomentar el autoempleo y el microcrédito, desestimularon la permanencia en el sistema de seguridad social. Y de la evasión de los patrones, que es todavía muy común.

La protección social en salud es la que más amplia cobertura tiene: el 92,7% de los trabajadores. Sin embargo, solo el 49,1% cotiza al régimen contributivo, lo que indica el alto nivel de trabajo informal que predomina en nuestra economía, y los bajos ingresos de la mayor parte de la población trabajadora.

En 2016 apenas el 45,3% de las y los trabajadores estaba protegido contra accidentes de trabajo y enfermedades laborales, siendo los más desprotegidos los del sector agropecuario, con apenas el 10,2% de afiliación al sistema de riesgos laborales. Le siguen las trabajadoras del comercio, hoteles, bares y restaurante (24,2%); en actividades del transporte, almacenamiento y comunicaciones (41,6%); y en la industria el 43,7%. Y otro dato contundente: solo el 5,6% de los cuenta-propia está afiliado a riesgos laborales.

De cada 100 trabajadores ocupados sólo 39 cuentan con el auxilio de cesantías. El 59,6% de los asalariados cuenta con este beneficio, y apenas el 1,5% de los cuenta-propia hace aportes a este sistema.

Y en cuanto al sistema pensional, éste está diseñado para que únicamente se pensionen los trabajadores del sector formal de la economía. Por eso Colombia padece un grave problema de exclusión: apenas el 36,3% cotiza activamente al sistema, y solo el 39,8% de los adultos mayores está pensionado, los demás, sino cuentan con una renta para vivir, tienen que sobrevivir de la solidaridad de la familia, o en la indigencia.

Para resumir, ha habido avances en cobertura de los derechos de protección social, pero estos no han sido estructurales sino más bien producto de  algunas políticas de gestión con un impacto positivo pero coyuntural, como la Planilla PILA, que disminuyó la evasión del pago de la seguridad social; el incremento del número de inspectores del trabajo y las políticas de formalización laboral. Sin embargo, estas políticas están agotando sus efectos positivos, lo que requiere cambios en el modelo económico y en el sistema de protección social.

Empleo inestable y precario: el 37% es temporal y afecta al 41% de mujeres, 41% en las zonas rurales

La inestabilidad laboral afecta negativamente al trabajador en la medida en que lo hace más vulnerable al desempleo. Un factor que ha contribuido a esta vulnerabilidad son las nuevas formas de contratación atípicas, como la que se hace mediante Empresas de Servicio Temporal (EST), Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), contratos sindicales, entre otros, que en muchas ocasiones conllevan trabajo precario.

En los últimos cuatro años, más de la tercera parte de los ocupados del país tenía un empleo temporal, es decir, con contrato a término fijo o través de cooperativas o empresas temporales. En 2016 el 37,0% de los ocupados se encontraba en esta situación.

En las zonas urbanas el porcentaje de empleo temporal es menor (36,7%) que en las zonas rurales, donde alcanza el 41%. Por sexo, en el último año las mujeres fueron las que más empleo temporal reportaron: 41%, frente al 33,9% de los hombres.

La estrategia de los trabajadores sindicalizados en contra de la intermediación laboral ilegal ha sido la presentación de querellas administrativas y suscripción de acuerdos de formalización. Entre 2014 y 2015 el movimiento sindical presento 106 querellas por intermediación ilegal, pero solo 5 se resolvieron a favor de los trabajadores, lo que pone en evidencia la falta de operatividad y eficacia de la inspección laboral a cargo del MinTrabajo.

En cuanto a los acuerdos de formalización, entre 2012 y abril de 2017 el MinTrabajo suscribió 216 acuerdos, con 40.036 trabajadores beneficiados, en su mayoría en el sector salud. Y de ellos solo 27.212 cuenta con contrato indefinido, el resto están por contrato fijo, obra o labor y de prestación de servicios. Lo que claramente indica que no han tenido un impacto que permita superar el fenómeno de la intermediación ilegal.

Libertades sindicales: no hay garantías ni acceso a la justicia

En los últimos 10 años ha sido inexistente la protección efectiva del derecho a la libertad sindical, que se ha visto reflejada en la proliferación de pactos colectivos, la tercerización laboral ilegal, las limitaciones del sindicalismo para acceder a la justicia; y los tribunales de arbitramento que sobrevienen cuando las empresas se niegan a llegar a acuerdos con los sindicatos. Estos tribunales siguen siendo un serio obstáculo para el ejercicio de la libertad sindical.

En 2016 sólo el 4,6% de todos los ocupados estaba afiliado a un sindicato. Y aunque en el país hay una superabundancia de sindicatos (5.449), estos se caracterizan por su dispersión y fragmentación: el 80% tiene menos de 100 afiliados, algo que golpea fuertemente el poder de la negociación colectiva, de la cual en 2015 sólo 309.600 trabajadores se beneficiaron. Estas cifras incluyen los contratos sindicales (que no son más que subcontratación ilegal a través de falsos sindicatos) y los pactos colectivos, que suelen establecer mejores condiciones que la convención colectiva, lo cual se convierte en un límite para la negociación de ésta, y lleva a los sindicatos mayoritarios a una posición minoritaria, pues disminuyen su membrecía.

Las cifras anteriores no incluyen el sector público, en el que los sindicatos lograron que se reglamentara el Convenio 151 de la OIT, que les permite acuerdos colectivos que benefician a más de 800.000 trabajadores, independiente de si están o no afiliados a un sindicato. Han logrado la firma de tres acuerdos marcos nacionales (años 2013, 2015 y 2017), acuerdos sectoriales y en más de 1.000 en entidades públicas y territoriales de todo el país.

El gobierno ha avanzado positivamente en leyes y decretos para regular algunos aspectos. También jurisprudencialmente se han dado cambios, en la dirección de ajustarse al cumplimiento de convenios de OIT y las recomendaciones de sus órganos de control. Pero en el país existe una realidad que sobrepasa la expedición de normas.

En efecto, cada vez más jueces emiten sentencias con decisiones contrarias al bloque de constitucionalidad, a los convenios 87 y 98 de OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. También el MinTrabajo sigue emitiendo resoluciones abiertamente contrarias a esos lineamientos, no investiga ni sanciona casos claros de violación a la libertad sindical. No vigila el uso de los pactos colectivos y contratos sindicales, pese al incremento desmesurado de estas figuras. Y por otra parte, proliferan las negociaciones colectivas bloqueadas y los tribunales de arbitramento.

Con relación a la aplicación del artículo 200 del Código Penal, ninguna de las investigaciones de la Fiscalía ha culminado con condena, mientras los trabajadores siguen denunciando casos graves de persecución sindical sin obtener real protección por parte de los jueces, el MinTrabajo y la Fiscalía.

Violencia antisindical e impunidad:
351 homicidios con impunidad del 87%

Es indudable, y las cifras lo confirman, que en la última década la violencia antisindical mermó notoriamente.

No obstante, entre 2007 y 2016 se registraron 5.271 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física de los sindicalistas en Colombia. Entre ellas 351 homicidios (33 contra mujeres), 159 atentados, 3.478 amenazas, 420 hostigamientos, 183 detenciones arbitrarias y 30 allanamientos ilegales. Se presentaron 200 hechos de violencia en los cuales la víctima fue el sindicato como colectivo: amenazas contra la organización y ataques a sus sedes. Y 97 de ellos padecieron el asesinato de al menos uno de sus integrantes.

La amenaza ha sido el tipo de agresión más recurrente contra sindicalistas y sindicatos: 3.478 y 159, respectivamente. Llama la atención la variación en el desplazamiento forzado, ya que de 101 casos en 2007 se pasó a 1 caso en 2016, datos que no consideran el subregistro de los casos de docentes sindicalizados.

Una característica principal de la violencia antisindical en la última década, bastante alarmante, es que se ha focalizado en la dirigencia sindical, tendencia que ha venido en aumento. En el 75,4% de los casos de 2016 las víctimas fueron dirigentes sindicales, 25 de ellos mujeres.

Por sectores, el 46,7% de los casos se concentró en la educación. Le siguen los casos en los sectores rural y minero. Y los sindicatos más victimizados son Fecode, Fensuagro, USO, CUT, Sinaltrainal, Anthoc, Sintraunicol, Asogras, Sintramienergetica, Sintraemsdes, Sintraemcali, Sindesena, CGT, Astdemp y CTC.

Antioquia fue el departamento con más alto índice de victimización sindical: 1.190 casos, de los cuales el 86,5% fueron amenazas y desplazamientos forzados contra docentes afiliados a Adida.

En cuanto a presuntos responsables de la violencia antisindical de la última década, el actor no se identificó en el 62,9% del total de casos. Para los casos restantes los paramilitares fueron los principales victimarios (70,3%), organismos estatales (20,2%), guerrilla (5,6%).

Lo más grave es que la impunidad por estos crímenes sigue rampante. La Misión de Alto Nivel de la OIT (2011) produjo un importante fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Fiscalía, sin embargo, esta no se ha traducido en avances significativos. En 2010 la impunidad fue del 98%, en 2016 del 95%. En los casos puntuales de homicidio la impunidad es del 87%.

El número de sentencias sigue siendo ínfimo con relación al número de violaciones que han sufrido los sindicalistas. Entre 2007 y 2014 se emitieron 497 sentencias. En suma, para transformar la impunidad en justicia, verdad y reparación para las víctimas es necesario la adopción de medidas que no solo impliquen el fortalecimiento de la capacidad de la Fiscalía, sino la atención sobre nuevas metodologías, la interlocución con las víctimas, y el fortalecimiento de un plan que posibilite una política de investigación eficaz.

Criminalización de la acción sindical

A la violencia antisindical se suma la criminalización de las protestas laborales y sindicales, restringidas por el ESMAD; el incremento en los procesos judiciales contra sindicalistas con el ánimo de desgastar los sindicatos a través de sanciones, en lugar de resolver los conflictos laborales por el diálogo.

Estas acciones en su conjunto son graves porque la acción y la protesta sindical son tratadas como un delito o problema de orden público, no como un derecho, y desde allí se fundamenta la criminalización. El ejemplo más emblemático de 2017 es el conflicto colectivo entre los pilotos y la empresa Avianca, quienes han sido calificados como criminales por el dueño de la compañía, y tanto el MinTrabajo como algunos Jueces de la República han parcializado sus decisiones a favor de la empresa, con la convocatoria irregular del Tribunal de Arbitramento.

La protesta laboral y sindical: aumentó en 303% en 10 años

Según el registro de la ENS, en el último cuatrienio la protesta laboral y sindical tuvo un promedio de 368 actividades por año. Es decir, en Colombia cada día se presentó más de una protesta de trabajadoras y trabajadores, sobre todo en los sectores rural, transporte, educación, salud, minero energético, industria manufacturera, agroindustria, judicial y los sectores informales.

Entre 2007 y 2016 la protesta laboral y sindical aumentó en un 303%, al pasar de 90 acciones, en el primer año, a 363 acciones registradas en el último año.

A partir del registro de la ENS, se observa como los repertorios de protesta durante estos años se han volcado principalmente hacia las jornadas o manifestaciones, con el 73,6%. Los paros y las huelgas representaron solo el 21,6% del total de acciones. Las huelgas se concentraron en los sectores minero-energético, industria manufacturera, rama judicial, docentes y agroindustria.

Ahora, mientras los paros han venido en aumento, no sucede lo mismo con las huelgas. Además de las pocas que logran realizarse, hay alta probabilidad de que sean declaradas ilegales. La Corte Suprema produjo 33 sentencias, 19 que declaran la ilegalidad, 11 la legalidad, y en 3 no hubo pronunciamiento.

Algunos sindicatos que adelantaron huelgas fueron: Uneb, Sintracarbón, Anthoc, Fecode, USO, Sintramienergetica, Sintraime, Sintrainagro, Asonal Judicial, Sintratablemac, Sintrasalinas y Sintracoala.

En materia de diálogo social se destaca el funcionamiento y los logros de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT-CETCOIT. Es una de las pocas experiencias de diálogo social que han dado fruto. De los 181 casos estudiados en esta Comisión, en 116 se han llegado a acuerdos, lo que corresponden a un porcentaje de eficacia del 65 %. Del total de los acuerdos que se han logrado el 14 % son convenciones colectivas, el 41% hacen parte de acuerdos en el sector público y el 24% en el sector privado, según el MinTrabajo.

Consideraciones finales

Para lograr construir una sociedad pacifica, equitativa, inclusiva y sostenible es necesario mejorar las condiciones de las y los trabajadores del país, especialmente de aquellos grupos en condición de desventaja, como los de las zonas rurales, las mujeres, los jóvenes, los cuenta-propia, entre otros. Así mismo, es ineludible el cumplimiento y respeto del libre ejercicio de la libertad sindical (asociación, negociación y huelga).

Si bien el país ha mostrado por años un déficit de trabajo decente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas se convierte en una oportunidad precisa para elaborar y moldear estrategias efectivas que ayuden a resolver este déficit, superar la pobreza, disminuir la desigualdad social y laboral, generar oportunidades para los jóvenes, empoderar a las mujeres,  aminorar la informalidad, la tercerización laboral y aumentar la protección social (salud, pensión y riesgos) de las y los trabajadores, especialmente en las zonas rurales.

El desafío es grande e implica cambios económicos, sociales, laborales y culturales. En especial, modificar la cultura y las prácticas antisindicales. En necesario que tanto el gobierno como los actores claves del mundo del trabajo mantengan como prioridad esencial la consecución de trabajo decente para las y los trabajadores del país, basados en el diálogo social y la garantía de los derechos fundamentales del trabajo, consagrados como derechos humanos, en el sistema internacional.

En la medida que el país adopte una agenda por la igualdad y la inclusión socio-laboral, promueva un empleo digno con ingresos decentes, respete los derechos de las y los trabajadores, podremos lograr una paz sostenible, un mejor nivel de desarrollo humano, una inserción internacional reconocida por las buenas prácticas laborales y ambientales, y mejoras sustanciales en la distribución del ingreso y de los salarios.

Edición 567 – Semana del 10 al 16 de Noviembre de 2017
   
 
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