Las oportunidades
en la implementación en 2018

 
Una de las aristas que deberá ser objeto de especial atención es la puesta en marcha o la continuidad de la aplicación de las acciones que conducen a la paz territorial y de manera particular procurar la validez y racionalidad de los PDET y los PNIS en lógica de apertura democrática y planeación participativa.
 
Antonio Madariaga Reales
 
Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Superada la extendida opinión que hacía equivalente el final del fast track a la conclusión de la implementación del Acuerdo Final, corresponde ahora identificar las oportunidades que ofrece a la sociedad civil el escenario nuevo que 2018 ofrece.

En primer término, se encuentra el desarrollo de un conjunto de políticas públicas que se caracterizan por comprender mecanismos e instituciones nuevas o remozadas y por ofrecer espacios importantes para la participación de la sociedad.

Dentro de ellas debemos destacar en primerísimo lugar el Plan Marco de Implementación, finalmente acordado por las partes en la CSIVI y en camino de convertirse en un documento Conpes. Habrá necesidad de abordar de manera inmediata ejercicios de comprensión del mismo y a partir de esa reflexión construir un camino para hacerle seguimiento al Plan diseñando tanto una ruta, como los criterios, espacios y escenarios, que en la esfera política y en la esfera técnica den cuenta del cumplimiento de él. Lo anterior sumado al ejercicio que realiza el Instituto Kroc y el Grupo que componen los expresidentes Mujica y González dará luces a la CSIVI, tanto para potenciar y difundir los logros, aprendizajes y buenas prácticas que se identifiquen, como ubicar los cuellos de botella, vacíos y errores para introducir correctivos.

En segundo lugar tenemos la formulación participativa de la política pública de reconciliación y convivencia cuya asesoría está a cargo y ha sido asumida de manera entusiasta por parte del Consejo Nacional de Paz, Convivencia y reconciliación. Esta construcción que tendrá importantes connotaciones territoriales deberá a su vez implicar la creación, activación o reactivación de los comités departamentales y municipales de Paz, Convivencia y Reconciliación.

En tercer lugar tenemos la formulación concertada del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que además de dar cumplimiento al acuerdo final significa la concreción de un compromiso adquirido por el Estado Colombiano en Viena en 1993 y de un anhelo particularmente de las organizaciones sociales y del movimiento de Derechos Humanos.

Es decir los tres asuntos anteriores implican el avance en la formulación de las normativas necesarias, asegurar el financiamiento de las acciones a desarrollar y la puesta en marcha de las acciones necesarias para asegurar condiciones institucionales y sociales que además de legitimidad den entornos favorables al éxito en la implementación de esos puntos.

En lo que tiene que ver con la normatividad merecen especial atención el debate del proyecto de ley que tiene que ver las garantías de participación ciudadana y del ejercicio del derecho a la protesta social que deberá presentar el gobierno y que cuenta con acuerdo en la CSIVI; la reforma vía legal y vía decreto reglamentario de la ley de víctimas y restitución de tierras y finalmente la reforma a la ley de planeación que posibilite introducir en los planes locales y nacionales los resultados de los PDET y los PATR.

Habrá también que solicitar de manera vehemente a la Corte Constitucional que acelere y ofrezca respuestas a las más de 15 normas que tiene para estudio de sus condiciones de exequibilidad.

La otra arista que deberá ser objeto de especial atención es la puesta en marcha o la continuidad de la aplicación de las acciones que conducen a la paz territorial y de manera particular procurar la validez y racionalidad de los PDET y los PNIS en lógica de apertura democrática y planeación participativa.

Otro reto importante tiene que ver con la puesta en marcha de los mecanismos y componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, procurando en ello de manera especial la legitimidad y capacidad de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para lograr el cometido de hacer de la verdad un bien público fundamental y simultáneamente avanzar en el resto de la triada que junto a la verdad conforman la convivencia y la no repetición.

Es imperativo avanzar tanto en las garantías para la participación de las víctimas en los procesos de la Jurisdicción especial para la Paz, como en darle entidad y musculo técnico y financiero a la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por desaparecidas.

Finalmente y entre los desafíos tendremos que impulsar la realización de la Conferencia Internacional que aborde un nuevo paradigma en la política frente a las drogas y hay necesidad de abordar de manera reflexiva el tema de la cooperación internacional tanto en perspectiva de cooperación para la paz, como del desarrollo y los Derechos Humanos.

Todo lo anterior requiere además de voluntad política del estado, movilización social, incidencia, pedagogía y comunicación por parte de la sociedad civil, una presencia solidaria como siempre, de la comunidad internacional y el mantenimiento de la agenda de la implementación como un tema fundamental de la agenda pública, incluyendo su posicionamiento en la campaña electoral.

Agenda hay, que nos interpela y obliga a la sociedad civil a perseverar en la perspectiva de la construcción de una paz estable y duradera.

Coda: Urge la declaratoria de un nuevo Cese al Fuego y de alivios humanitarios por parte del gobierno y del ELN a fin de emprender rápidamente el desarrollo de la participación ciudadana, primer punto de la agenda de Quito.

Edición 573 – Semana del 26 de Enero al 1º de Febrero de 2018
   
 
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