El acoso sexual es un delito
y debilita la democracia

 
En un país que se autodenomina democrático como Colombia, el acoso sexual debe ser comprendido y abordado por un legislador y un gobierno que entiendan la necesidad de erradicar estas violencias, que tienen un fuerte componente de género, a partir del fortalecimiento de la respuesta institucional pública al problema, el cambio de valores sociales y la promoción de una cultura de respeto a la mujer.
 
Wilson Castañeda Castro
 
Caribe Afirmativo
 
 

Bienvenida a nuestro país la campaña #YoTambien, liderada por el movimiento contra el acoso sexual que está haciendo evidente la sistematicidad, crueldad y afectación de una práctica social que es un delito y éste grave, así muchos se resistan a reconocerlo y que se expresa en su mayoría, en relaciones de poder y autoridad que se ejercen con violencia sobre cuerpos de ciudadanos, en su mayoría mujeres, reproduciendo y manteniendo un roles hegemónicos, machistas y patriarcales que tiene como norma de vida la violencia y ésta naturalizada; conduciéndonos incluso a la perversidad de pensar que es un acto menor; la víctima es responsable y el problema no está en el acto del violador sino en el reclamo de autonomía y dignidad de la víctima.

En los últimos meses se ha observado cómo en varios países del mundo –y Colombia no es la excepción– se incrementan las denuncias en redes sociales y medios de comunicación sobre una práctica delictiva que hasta hace unos años eran un asunto moral, que terminaba con la sanción social de la víctima y no del victimario: el acoso sexual. Importantes personalidades de la cultura, la política y los negocios se han visto denunciados por hacer uso de está practica degradante y poner en riesgo la vida y la integralidad, casi siempre de mujeres compañeras de trabajo u oficio, demostrando que el binomio de dominación machista y sexista no solo es una realidad social y cultural, sino que se ha encubado en prácticas violentas. Los feminicidios, la violencia de género, la transfobia, la inequidad laboral, la desigualdad social, la no paridad política, entre otras, son expresiones externas –igual de graves– que han permitido cultivar acciones de violencia en relación con la sexualidad, que lastimosamente crece en la sociedad y que todavía no encuentra en el Estado mecanismos de prevención, atención y sanción efectivos.

El Código Penal del 2000 tipificaba como delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual los siguientes: el acceso carnal violento, el acto sexual violento, el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, los actos sexuales con menor de 14 años, y el acceso carnal o acto sexual abusivos con incapacidad de resistir. A su vez, contemplaba como como circunstancia de agravación para estos delitos el hecho de que la conducta fuera cometida por una persona que ostentara cualquier carácter, posición o cargo que le diera autoridad sobre la víctima o la llevara a depositar en ella su confianza. Sin embargo, el acoso sexual –del que muchas personas, principalmente mujeres, han sido víctimas históricamente– no estaba tipificado de manera autónoma.

Desde el año 2000 este grupo de delitos fue objeto de una reforma en el 2004, que llevó a un incremento de las penas establecidas. Así por ejemplo, el acceso carnal violento pasó de tener una pena de 8 a 15 años a tener una pena de 128 meses a 270 meses (aproximadamente entre 10 años y medio, y 22 años y medio). En 2008, una nueva ley vuelve a modificar las penas de este grupo de delitos, e incorpora finalmente el tipo de penal de acoso sexual como delito autónomo. El tipo penal cuando una persona “en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona” (Código Penal, art. 210-A).

En Colombia la expansión del derecho penal ha sido exacerbada e irracional, porque han sido producto en muchas ocasiones de los intereses políticos de quienes ejercen el poder legislativo en el país y, por tanto, ha obedecido a tendencias relacionadas con el populismo punitivo o el derecho penal del enemigo. Eso ha llevado a que el legislador criminalice nuevas conductas y aumente las penas de las existentes, sin tener en cuenta que el derecho penal es de última ratio, que históricamente se ha demostrado que el derecho penal no logra cumplir una función de prevención efectiva del delito, y que los niveles de impunidad del país son extremadamente elevados. En ese sentido, su labor no puede terminar en la tipificación del delito de acoso sexual, o el consiguiente incremento de las penas como reacción a la mediatización de estas formas de violencia que ha ocurrido en las últimas semanas.

Es necesario tener en cuenta que si bien la tipificación del acoso sexual como delito autónomo supone que esta es establecida como una conducta lesiva de bienes jurídicos que no es socialmente aceptada; en la vida cotidiana este tipo de violencia continúa siendo naturalizado en muchos de los casos. El acoso sexual ocurre con frecuencia en distintos tipos espacios sociales, familiares, laborales, etc., y las víctimas se abstienen de denunciar por miedo, por vergüenza, por falta de confianza en las instituciones encargadas de la investigación y judicialización de sus casos, entre otras razones. Todo esto sucede en un contexto en el que la cultura machista permite que se responsabilice a la víctima y se le considere merecedora del acoso que padece.

En un país que se autodenomina democrático como Colombia, el acoso sexual debe ser comprendido y abordado por un legislador y un gobierno que entiendan la necesidad de erradicar estas violencias, que tienen un fuerte componente de género, a partir del fortalecimiento de la respuesta institucional pública al problema, el cambio de valores sociales y la promoción de una cultura de respeto a la mujer. En este sentido, existen varias vías a través de las cuales una democracia sólida debe responder:

1. Crear un programa de formación integral permanente dirigido los funcionarios y funcionarias que se encargan de recibir, atender, investigar y judicializar los casos de violencia sexual, incluyendo el acoso sexual, para que puedan brindar una atención integral a las víctimas, orientada a la garantía efectiva de los derechos sin incurrir en doble victimización.

2. Diseñar e implementar políticas públicas de género, diversidad sexual, educación sexual, entre otras, dirigidas a erradicar los estereotipos machistas y heteronormativos en una sociedad que sigue promoviendo una posición dominante del hombre frente a ella, y a promover una transformación social donde se puedan garantizar espacios seguros para el ejercicio libre de los derechos de toda la ciudadanía.

La democracia no son solo las acciones del legislador sino también las que día a día realizamos en una sociedad participativa y que tiene como más altos estándares el respeto a la dignidad humana y la igualdad. En ese sentido, continúa siendo necesario empoderar a la sociedad para que reconozca en cada una de las personas que la conformamos el valor intrínseco que cada una tiene como ser humano y de la misma manera garantice y defienda sus derechos. Esperamos que el hecho de que esta oleada que en buena hora tiene gran acogida en la sociedad de pedir “No más violencia sexual ni acoso contra las mujeres” en medio de un proceso electoral en el país; sea la oportunidad, no solo para convertirlo en un tema de agenda mediática de campañas y debates, sino que nos dé por fin la oportunidad de construir entre sociedad y Estado, un plan de acción que busque eliminar estas prácticas violentas, previniéndolas, tratándolas y sancionándolas y sobre todo se asuman compromisos serios y reales en materia de educación ciudadana no sexista y en diversidad, para avanzar en garantías plenas para las mujeres y los ejercicios de sexualidad con libertad y autonomía en Colombia.

Edición 573 – Semana del 26 de Enero al 1º de Febrero de 2018
   
 
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