Código ¿de Policía? ¿O de intolerancia?

 
Según datos de la Personería de Bogotá, en el último semestre esa entidad abrió 100 investigaciones por exceso de uso de la fuerza y abuso de autoridad en diferentes localidades de la ciudad, tras la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía. Por su parte, existen 150 casos más que están en investigación en la Procuraduría General de la Nación.
 
Álvaro Ortiz Ramos
 
Editor Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

Se cumplió el primer año de vigencia de la Ley 1801 de 2016, el famoso Código de Policía cuya aplicación ha generado indignación y reproche de parte de la ciudadanía y de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Ver: Infografía “Nuevo Código de Policía”.

Un año que sirvió para tomarle el pulso a la medida, descubrir sus falencias, sus desaciertos y una cantidad de aspectos negativos como el excesivo uso de la fuerza, abuso de autoridad y privaciones de la libertad, esas detenciones que hace la Policía a personas sin haber cometido ningún delito.

Justamente para hacer un balance de la implementación, –teniendo en cuenta la cantidad de denuncias por abuso de autoridad de la Fuerza Pública interpuestas por la ciudadanía– el pasado miércoles 31 se llevó a cabo la Audiencia pública 1 Año del nuevo Código de Policía: Balance y análisis de conflictos sociales, convocado por los representantes a la Cámara Ángela María Robledo, Alirio Uribe Muñoz e Iván Cepeda Castro, en el Salón Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República.

En la primera parte de la audiencia, el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, expresó su solidaridad con los familiares de los Policías asesinados en el atentado perpetrado por las milicias urbanas del ELN, al igual que abogó por la pronta recuperación de los heridos y clamó para que hechos como ese no se repitan en el país. “Por eso es importante apostarle a una paz completa”, indicó.

Recordó que el Código Nacional de Policía es un instrumento de lectura, pues tiene que ver con todas las actividades que los ciudadanos realizan a diario, tiene que ver con las fiestas en los hogares, con la movilidad en la ciudad, con las bicicletas, con el uso del espacio público, con los establecimientos y con muchos otros temas. En fin, tiene que ver con la convivencia pacífica y en donde se respete el orden público.

Señaló y destacó que “el código nunca tuvo un enfoque preventivo, sino un enfoque de control social y represión que no se armoniza adecuadamente con los derechos humanos”.

Igualmente el congresista del Polo expresó su preocupación por el aumento de los abusos policiales al señalar que “la Policía reportó tener a septiembre de 2017 unas 9000 investigaciones disciplinarias vigentes por abuso de autoridad, incumplimiento de órdenes, agresión física, manipulación imprudente de armas de fuego entre otras iniciadas contra agentes de Policía”.

Para sustentar su exposición en contra del Código, Uribe Muñoz, indicó que pese a que Bogotá duplicó el presupuesto para la seguridad y creó la Secretaria de la Seguridad, ésta no ha mejorado. Por el contario: “El hurto a personas creció como en un 70%, respecto de 2016… El hurto a celulares creció mucho más. Se pasó de 12.900 hurtos en 2016 a 30.001 celulares hurtados en 2017…”

También destacó que los abusos de discriminación frente a la población trans y los habitantes de calle –en lo corrido de 2018 han sido asesinados 5 habitantes de calle– va en aumento y se corre el riesgo de que esa cifra se triplique. “Era previsible –lo dijimos en su momento– que el Código de Policía se prestara para que se cometieran abusos contra la población más vulnerable”.

En lo que tiene que ver con los llamados “traslados por protección” o “capturas administrativas” (artículo 155 del código), que es la facultad que tienen los agentes de llevar a personas que “deambulen en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia (…) o que estén involucrado en riñas” a un “Centro de Protección”, que, según el congresista del Polo, son las mismas UPJ, pero con distinto nombre y que se prestan para violar flagrantemente los derechos de las personas. En 2017, se efectuaron 5,673 traslados sin autorización judicial.

Sobre los vendedores ambulantes o informales en espacio público, indicó que el código no tuvo en cuenta los derechos de estos trabajadores. Recordó que la Corte Constitucional “condicionó la aplicación de las sanciones establecidas para ocupación del espacio público a que cuando se trate de los vendedores no se les pueden aplicar las multas, ni el decomiso o destrucción de la mercancía, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación”.

Finalmente sentenció: “No podemos cambiar las normas de Policía sin cambiar a quienes las aplican, o sea a la Policía. Mientras siga habiendo corrupción en la Policía y mientras no se sancione a quienes abusan de su poder, ni la mejor norma va a servir”. “Necesitamos una nueva Policía capaz de contribuir a la construcción de paz, por eso no compartimos varios artículos de la norma…”

El primer panel contó con la participación de Clara Amórtegui, líder cuidadora de personas en condición de discapacidad, quien fuera víctima de la brutalidad del ESMAD el 18 de abril de 2017 en una marcha frente de la Alcaldía de Bogotá.

Edgar Valdeleon Pabón, miembro del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, señaló que “cuando se intentó hacer un estatuto para el derecho a la protesta en el Código de Policía, lo que estaban haciendo era –justamente– limitando el derecho”, y recordó que la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional.

Lida Núñez, Coordinadora de la Estrategia de Lobbying y Presión Política de la Corporación Viva la Ciudadanía, expuso sobre el decreto de participación, al tiempo que señaló que “el gobierno ha querido usarlo para restringir las consultas populares y las revocatorias de mandato”.

El Coronel Raúl Vega, habló sobre “reducciones de la criminalidad” y defendió los artículos del Código que asignan la seguridad de espectáculos, como conciertos y partidos de fútbol a los empresarios.

También se hicieron presentes residentes del Barrio la Perseverancia (Bogotá) que denunciaron el trato con violencia al que se enfrentaron cuando la Policía los golpeó el día de las Velitas en 2017.

En el segundo panel de discusión se buscó responder a la pregunta: ¿Qué ha significado para las poblaciones más vulnerables de Bogotá, la aplicación del Código de Policía?

Contó con la participación de la Representante a la Cámara por Bogotá, Ángela María Robledo, quien señaló: “Este análisis parte del hecho de que la aplicación del Código, –a la fecha– no ha cumplido con los objetivos presupuestados, como mejorar la seguridad y la convivencia ciudadanas, modernizar las medidas correctivas, para hacerlo acorde a la Constitución”.

“Nos dijeron que el nuevo Código de Policía era para mejorar la convivencia y la seguridad, lo cierto es que la conflictividad aumentó y la inseguridad está en un pico muy alto. ¿Fracasó en su propósito? En Bogotá, en ciertos sectores el Código se convirtió en un conflicto con la ciudadanía”.

Finalmente la Congresista de los verdes, apuntó: “Creo en la labor de muchos de los integrantes de la Policía, pero no hay duda que el nuevo Código de Policía, es una herramienta para vulnerar derechos humanos”.

También participaron: Diana Rodríguez, representante de la Defensoría del Pueblo. “Hay actitudes de miembros de la policía que se presentan desde antes del código, actitudes que son arraigados a temas culturales y de autoridad”. El centro del debate debería ser sobre cómo se están vulnerando a las personas que están en las calles siendo víctimas de discriminación y violencia por parte de la policía”.

Jorge Abril de la Comisión Colombiana de Juristas. “En el código hay una violación del derecho a la igualdad. Un comerciante no está en igualdad de condiciones a un trabajador sexual”. “No pueden expedirse normas de carácter sancionatorias donde se vulneren los derechos de las personas”.

“El imaginario que se está construyendo es contrario. El problema para el Estado y la autoridad es que la economía popular la ven como una economía de carácter ilegal”. Señaló el profesor César Giraldo de la Universidad Nacional.

Fray Gabriel Gutiérrez, Misionero y líder de las calles: “Esta audiencia nos convoca para hablar de la violación de los derechos humanos. Hay que dar un tratamiento de derechos a los ciudadanos de las calles”. Quién además denunció que existe un cartel de policías que capturan jóvenes que consumen droga, les piden el número de sus padres y los llaman para pedirles hasta 500 mil pesos por sacarlos del CAI.

Para Alejandro Lanz Sánchez, Director Ejecutivo ONG Temblores, “En este código hay un modelo de ciudad que tiene un propósito muy claro y es negarles el derecho a las ciudadanías excluidas. La Policía tiene una técnica de perfilamiento que generan una trombosis a la violación de derechos”.

Edición 574 – Semana del 2 al 8 de Febrero de 2018
   
 
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