PDET: Planeación participativa
para la construcción de paz

 
Los PDET son un instrumento de planificación y gestión territorial para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes nacionales para la reforma rural integral.
 
Ricardo Jaramillo Rincón
 
Asesor Estrategia de Lobbying y Presión Política Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera creó diferentes dispositivos de planificación y gestión del territorio para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral y de la Solución al Problema de Drogas Ilícitas. Dentro de estos dispositivos están los componentes participativos de los Planes para la Reforma Rural Integral, los Planes de Acción para la Transformación Regional, los Programas de Desarrollo Especial con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo.

Los PDET son un instrumento de planificación y gestión territorial para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes nacionales para la reforma rural integral. Los PDET agrupan municipios dentro de un departamento o de varios departamentos para que utilicen de manera conjunta sus recursos, buscando promover el desarrollo social de las regiones. Están definidos en el punto 1.2. del Acuerdo Final y se crearon mediante el Decreto 893 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los PDET tienen por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. Buscan asegurar el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de producción de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación.

La transformación estructural del campo debe cobijar todas las zonas rurales del país. Para comenzar, se priorizaron 16 zonas que agrupan 170 municipios (ver el anexo):

Los criterios de priorización utilizados fueron:

a. Niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas;
b. El grado de afectación derivado del conflicto armado interno;
c. La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión;
d. La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegales.

Para que las necesidades de la comunidad sean tenidas en cuenta y se promueva el goce efectivo de sus derechos, es necesario promover espacios de participación y diálogo con las autoridades locales y nacionales e intervenir en las instancias que estas convoquen para la discusión. Los PDET se instrumentalizarán mediante unos Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) que deben construirse de manera participativa, amplia y pluralista.

De acuerdo con las particularidades y dinámicas de cada región, las autoridades deben garantizar la participación efectiva, amplia y pluralista de todos los actores del territorio, en los diferentes niveles territoriales, en el proceso de elaboración, ejecución, actualización, seguimiento y evaluación de los PDET y de los PATR.

En relación con el enfoque étnico, los PDET y los PATR, cuya realización esté proyectada para hacerse en las regiones PDET que incluyan territorios de pueblos y comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial; acorde con los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial, o sus equivalentes. Así mismo, en estas regiones se garantizará también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada de los pueblos en riesgo de extinción, y sus planes de salvaguarda y visiones propias del desarrollo, en armonía con todos los actores del territorio.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) dirige la construcción participativa y la respectiva revisión y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordina la estructuración y ejecución de los proyectos de dichos planes, en articulación con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.

Participación

La formulación de los PATR se hace de manera participativa en un proceso escalonado que comienza en las veredas de cada municipio, luego en discusiones municipales y finalmente en conversaciones subregionales entre representantes de todos los municipios del PDET.

Las veredas de cada municipio son agrupadas en núcleos veredales que realizan ejercicios de pre-asambleas, conformación de grupos motores y asambleas para identificar las potencialidades de cada territorio, sus prioridades e iniciativas. De este proceso resulta un Pacto Comunitario para la Transformación Territorial y se escogen personas delegadas para conformar la Comisión Municipal de Planeación Participativa quienes, a su vez, construyen un Pacto Municipal para la Renovación del Territorio y definen quiénes harán parte de la Comisión Subregional de Planeación Participativa.

En los 170 municipios priorizados se definieron 1.630 núcleos veredales que abarcan 11.000 veredas, 305 consejos comunitarios y 452 resguardos indígenas.

Las discusiones y propuestas se desarrollan sobre ocho pilares:

1. Ordenamiento de la propiedad rural, uso del suelo y medio ambiente.
2. Reactivación económica y producción agropecuaria.
3. Educación Rural.
4. Vivienda, agua potable y saneamiento.
5. Derecho a la alimentación.
6. Reconciliación, convivencia y paz.
7. Infraestructura y adecuación de tierras.
8. Salud Rural.

Balance y desafíos

De acuerdo con la información suministrada por la ART en el marco del evento Primer año de implementación del Acuerdo de Paz. ¿Qué sigue?, convocado por más de 70 organizaciones sociales y que se llevó a cabo los días 12 y 13 de diciembre de 2017, a esa fecha se habían realizado 283 preasambleas en 40 municipios y 121 asambleas en 20 de estos lugares, con la presencia de 28.846 asistentes. Durante este proceso se recopilaron 1.926 iniciativas.

Dentro de los principales retos se encuentran la necesidad de ampliar la representatividad de los sectores que participan en las deliberaciones, la incorporación del enfoque de género en los ejercicios de formulación, la articulación entre las diferentes entidades que confluyen en los municipios y que tienen responsabilidades en relación con la implementación del Acuerdo Final (ART, Agencia Nacional de Tierras, Dirección de Parques Naturales, Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, alcaldías y gobernaciones, entre otros) y las garantías de seguridad en los lugares donde se adelanta este proceso.

Edición 574 – Semana del 2 al 8 de Febrero de 2018
   
 
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