Acuerdos de paz con saldo
en rojo en su implementación

 
“Desde una perspectiva estrictamente cuantitativa, en lo que va de implementación normativa del Acuerdo Final de Paz, no existen muchas normas aprobadas que se encuentren directamente dirigidas a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a excepción del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual crea el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR) de que trata el punto 5 del Acuerdo”.
 
Fabio Monroy Martínez
 
Abogado/periodista, Coordinador en Colombia del
Servicio Paz y Justicia en América Latina, SERPAJ-AL
 
 

“En Colombia hay mucho por avanzar en la implementación de los acuerdos, entre otros aspectos en la reforma rural y política y en especial en la búsqueda de soluciones de manera social el problema del narcotráfico, y de dotarle al país y a las víctimas del sistema integral de la paz, la justicia y la reparación”: de tal manera se expresa el Senador Iván Cepeda en el análisis del primer año de la implementación de los Acuerdos de Paz, sus altibajos, pros y contras en entrevista exclusiva para el Semanario Caja de Herramientas.

Amplia, el legislador Cepeda, el radio de acción de sus labores y de sus aliados junto al gobierno nacional, a la búsqueda incansable de la paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y de igual manera a la desmovilización del Clan del Golfo en procura de una paz completa para todo el país.

Indica, además, el Senador del Polo Democrático, que se debe profundizar en el análisis de las raíces estructurales y sociales de donde se nutren los diversos conflictos colombianos con miras a resolverlos de manera pacífica y concertada, evitando así las espirales de violencia, las que se han ido desactivando con la firma de los acuerdos con las Farc – EP.

A su turno, el Representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, quien fuera Presidente del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, señala: “Luego de más de seis reformas constitucionales y legales y más de ochenta decretos leyes y ordinarias todavía faltan temas que son de mucha trascendencia, por ejemplo, en el punto número uno falta el tema de la reforma agraria, en cuanto al punto cuatro falta la reglamentación de la despenalización de los pequeños cultivadores y la sustitución de los cultivos de uso ilícito, además, hay temas como el catastro multipropósito sobre el que hay que trabajar profundamente, y el plan marco para la implementación de los acuerdos”.

El legislador Alirio Uribe manifiesta, adicionalmente, que en el punto dos quedó pendiente la reforma política que se trabajará con el nuevo gobierno nacional y el nuevo Congreso de la República, como también la ley sobre la participación ciudadana y la protesta social.

En cuanto a las víctimas es el punto cinco al que a éstas se refiere y que el Congreso, al igual que con las otras materias ya indicadas, debe ocuparse de manera específica para la reforma de la ley de víctimas para dotar a quienes padecieron los efectos del conflicto con las Farc – EP de las herramientas jurídicas ágiles y necesarias con tal de resarcirles de manera pronta y cumplida en sus afectaciones, necesidades y requerimientos.

De igual manera, manifiesta el Representante Alirio Uribe que hay demoras en la implementación de la reincorporación, tanto en su aspecto jurídico como en materia económica y las medidas de seguridad tanto para las comunidades o líderes sociales y para las personas que se han desmovilizado.

En cuanto a las culturas ancestrales de las poblaciones indígenas, campesinas y afro a las que se les reconoce históricamente como cultivadoras de las matas de coca y marihuana para uso medicinal, el Congresista del Polo Democrático, Alirio Uribe, indica que se presenta un reto en cuanto a la aplicación de dos políticas al tiempo, de manera simultánea y excluyentes entre sí, una consistente en la erradicación forzada de los cultivos antes mencionados, considerados algunos con ribetes ilícitos, política aplicada de manera violenta, agresiva y que genera violencia y masacres como las de Tumaco, con las consiguientes violaciones de derechos humanos y desplazamientos, y la otra política que son los acuerdos de sustitución de cultivos, donde hay más de cuarenta mil acuerdos a los que se les debe dar pleno cumplimiento y los que se deben implementar de manera gradual, progresiva y pacífica, encontrándose allí una matriz centrada en la sustitución voluntaria de dichos cultivos con implicaciones ilícitas, mientras que los dedicados a la medicina ancestral, indígena y afro se debe garantizar con políticas adecuadas a sus usos terapéuticos, considerados dichos cultivos en toda América como un producto sagrado y por lo tanto se le debe dar un trato diferenciado.

Reclama, demás, el Representante Uribe que el gobierno nacional debe demostrar su posición soberana con absoluta independencia en esta materia, sin dejarse influenciar por los Estados Unidos.

Las víctimas con saldo en rojo...

Específicamente, en materia de víctimas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, y el Programa de Participación y Reparación Colectiva a las Víctimas, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID publicaron recientemente un informe certero y muy pertinente, titulado: “Un año y saldo en rojo: Breve balance sobre los derechos de las víctimas en la implementación normativa del Acuerdo de Paz en Colombia”, del que nos permitimos citar textualmente los siguientes apartes:

“Desde una perspectiva estrictamente cuantitativa, en lo que va de implementación normativa del Acuerdo Final de Paz, no existen muchas normas aprobadas que se encuentren directamente dirigidas a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a excepción del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual crea el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR) de que trata el punto 5 del Acuerdo, declarado exequible en términos generales recientemente por la Corte Constitucional, con algunas salvedades, en la sentencia C-674 de 2017, y de los decretos Ley asociados a dicho sistema”.

Así mismo, el informe anteriormente referenciado, nos continúa diciendo: “Desde una perspectiva cualitativa, la normativa de implementación del Acuerdo Final actualmente vigente en lo que atañe a los derechos de las víctimas, presenta dos rasgos generales. Por un lado, existen pocas leyes que regulan dichos derechos directamente y por otro, se ha expedido una buena cantidad de normas que sin hacer referencia directa a los derechos fundamentales de las víctimas en su objeto, si regulan indirectamente dichos derechos”.

Y finalmente, consideramos de mucha trascendencia lo dicho en el referido texto, como todo cuanto allí trataron, en cuanto a la financiación de la paz, y dicen: “De hecho, el principal déficit de implementación es el referente a la financiación de la paz y particularmente de los derechos de las víctimas. Dentro del cronograma de asuntos a implementarse de manera prioritaria se encuentra éste y las pocas normas expedidas no hacen referencia a la financiación de las medidas de reparación que debe suministrar el Estado en virtud de su responsabilidad subsidiaria frente a las violaciones cometidas por particulares y de su responsabilidad principal frente a las cometidas por sus agentes”.

Esperamos que, en el próximo análisis de la implementación de los Acuerdos de Paz, el saldo sea favorable a las víctimas en particular y en general a toda la sociedad colombiana que merece superar de una vez por todas tantos años de violencia, rencor y odio.

Edición 576 – Semana del 16 al 22 de Febrero de 2018
   
 
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