Paz y políticas públicas

 
Tardíamente y solo después de haberse comprobado hasta la saciedad la negativa de la clase política a facilitar a través del Fast Track la apertura democrática que el Acuerdo Final buscaba y en general la falta de sintonía del Parlamento con las razonables transformaciones que ese acuerdo propone, el gobierno nacional se dispone a buscar con la sociedad civil el desarrollo de varías de esas importantes políticas públicas.
 
Antonio Madariaga Reales
 
Asesor Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Una de las comprensiones más frecuentes de lo que es la política pública en el país es aquella que la hace equivalente a la o las normas de cualquier tipo, (mayoritariamente leyes y decretos reglamentarios), con las cuales esta se adopta. Para decirlo de manera sencilla se cree que al tener la norma ya se tiene la política pública a la que los hace referencia.

Por supuesto que es importante tener la norma, pero sin la institucionalidad que la aplique, sin los planes y proyectos que la aterricen, sin el presupuesto que la haga viable, sin la participación ciudadana que la hace Democrática y sin la rendición de cuentas que permita su monitoreo y ajustes, se seguirá repitiendo uno de nuestros más acendrados males, fuente de la desconfianza de la ciudadanía en el Estado y que se expresa popularmente con la sentencia “eso está solamente en el papel” o “el papel puede con todo”.

Tardíamente y solo después de haberse comprobado hasta la saciedad la negativa de la clase política a facilitar a través del Fast Track la apertura democrática que el Acuerdo Final buscaba y en general la falta de sintonía del Parlamento con las razonables transformaciones que ese acuerdo propone, el gobierno nacional se dispone a buscar con la sociedad civil el desarrollo de varías de esas importantes políticas públicas.

La primera de ella, (y aquí pasa como con el Estatuto de la oposición que se necesitó la firma del acuerdo para que el Estado cumpliera con la obligación de volverlo ley como lo estableció la Constitución de 1991), surge del compromiso, contenido en el Acuerdo de tener un Plan de Derechos Humanos. Sin embargo, este es un compromiso internacional que Colombia, como muchos otros Estados, suscribió con ocasión de la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993.

EL pasado intento de concertar entre sociedad civil y Estado un Plan de Acción en DDHH, y DIH, efectuado durante el gobierno Uribe y ampliamente apoyado por la comunidad internacional, resultó imposible de concretar por el aumento significativo de las agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y la recurrente estigmatización del gobierno en general y en particular del presidente de ese entonces. Hoy tenemos, diversos sectores de la sociedad civil acuerdos iniciales muy fuertes, con el Estado para construir mediante un amplio, plural, pero rápido proceso de deliberación en todo el territorio nacional agrupado para ello en 15 eventos presenciales, una consulta virtual y algunos eventos sectoriales del Plan. El propósito al final del ejercicio es contar, después de la participación de cerca de dos mil personas representantes de organizaciones, instituciones y autoridades y con el correspondiente ajuste técnico, un plan que identifique claramente metas, indicadores, responsables, presupuestos y procesos y momentos de rendición de cuentas.

Tendrá que tener este proceso un especial cuidado tanto con las garantías para la participación amplia, plural y diversa prometida, como para la integridad de las y los participantes en la deliberación, y para asegurar un entorno apropiado para el goce efectivo de derechos sobre los que se hace el Plan. Finalmente, de lo que se trata la paz es de las condiciones para hacer posible una sociedad dedicada al propósito definido en la Constitución del 1991, la plena vigencia de los Derechos Humanos con la acción decidida del Estado para promoverlos, garantizarlos y respetarlos.

Tan o más ambiciosa que la decisión de hacer un plan nacional de acción en derechos humanos, es la tarea definida como prioritaria por el Consejo Nacional de Paz, Convivencia y Reconciliación de abocar la construcción participativa de una política nacional de convivencia, reconciliación y no estigmatización, tal como se estableció en el Acuerdo Final. Y aquí se trata de una asignatura aún más compleja que la anterior. Y lo es porque es un terreno en el que a pesar de las múltiples y disímiles experiencias que tenemos, nunca antes había sido definido como un propósito de la sociedad y una consecuencia necesaria de la terminación del conflicto armado con las Farc.

Pero además es un terreno donde compiten diversos enfoques. De lo que se trata, desde nuestro punto de vista, es de lograr que, sin desdeñar y por el contrario valorando el profundo significado que tienen las transformaciones subjetivas individuales y aún colectivas, el Estado desarrolle un conjunto de acciones para que, mientras son reconocidas las características del conflicto armado, las intencionalidades y las responsabilidades de los diversos actores y el daño causado por el mismo, sea posible construir condiciones para el trámite de las múltiples conflictividades que las interacciones humanas y sociales comportan, interviniendo decididamente para compensar y disminuir de manera significativa las desigualdades de poder y oportunidades existentes en la sociedad colombiana y dando lugar a la construcción de propósitos Nacionales compartidos que precisamente parten de valorar nuestra diversidad.

Iniciar esa tarea de un profundo contenido cultural, (allí jugará un papel fundamental también la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-repetición), hacerlo con criterios de inclusión y pluralidad, con enfoque diferencial y de género, interpelando y siendo interpelado desde los sectores, etnias, poblaciones y territorios es un desafío enorme que al ser exitoso justificará con creces el nuevo momento del Consejo Nacional de Paz, Convivencia, y Reconciliación, de tan poco peso en el pasado y representará un aporte crucial en la transición de una sociedad tan desigual y con reiterada apelación a la violencia tanto física como simbólica que hoy tenemos, a una sociedad más igualitaria, que derrota los discursos de odio y por lo tanto tiene mayores posibilidades de alcanzar la felicidad individual y colectiva.

Coda: Participar copiosa y activamente en los comicios del próximo 11 de marzo forma parte de esa apropiación de nuestra capacidad para incidir en el logro del país que queremos; hacerlo en las consultas es aprovechar una oportunidad democrática, y hacerlo para la integración del Congreso de la República es un imperativo. Además, porque SÍ hay por quién votar, si lo que queremos es lograr una democracia más ancha y profunda.

Edición 577 – Semana del 23 de Febrero al 1º de Marzo de 2018
   
 
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