Las elecciones de
Congreso y la Agenda de Paz

 
Si bien el acuerdo de paz que se implementa desde diciembre de 2016, es el producto de una negociación entre delegados/as del presidente Santos y de la guerrilla de las Farc, esto no hubiera sido posible sin una participación importante del legislativo, es decir de Representantes a la Cámara y de Senadoras y senadores.
 
Lida Margarita Núñez Uribe
 
Coordinadora Estrategia de Lobbying y Presión Política – Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Hoy existe una agitada campaña electoral y son muchas las voces que se han alzado para señalar inhabilidades de candidatos y candidatas a Senado y Cámara, también sus vínculos pasados con carteles, parapolítica, corrupción, clientelismo y un largo etcétera. Sin embargo, uno de los que debería ser tema central del debate nacional, y una bandera de las campañas electorales, ha quedado arrinconado: la construcción de la paz. Pasado un poco más de un año de la implementación del Acuerdo, los balances que se han hecho muestran un panorama lleno de retos, para hacer de éste un país en paz. La paz sigue siendo un anhelo de millones de colombianas y colombianos, y es un deber ciudadano ponerla como uno de los ejes centrales de la contienda electoral. Y no sólo en los debates alrededor de las elecciones presidenciales, también debe ser un tema central para la elección del nuevo Congreso.

Si bien el acuerdo de paz que se implementa desde diciembre de 2016, es el producto de una negociación entre delegados/as del presidente Santos y de la guerrilla de las Farc, esto no hubiera sido posible sin una participación importante del legislativo, es decir de Representantes a la Cámara y de Senadoras y senadores. Esta participación se ha dado al menos en tres momentos diferentes: durante el proceso de negociación, en la refrendación y en la fase de implementación.

Durante la negociación, delegaciones de congresistas fueron a La Habana para conocer los detalles de la negociación que se desarrollaba, y sus opiniones en medios de comunicación fueron claves para que el país entendiera lo que allí estaba en juego. También, el rol de Roy Barreras, designado como parte del equipo negociador del gobierno en la última etapa de la negociación, o la facilitación del senador Iván Cepeda a lo largo del proceso, fueron documentadas por la prensa. Durante la negociación se aprobaron dos leyes que fueron centrales en momentos posteriores, el plebiscito especial para la paz y el procedimiento legislativo especial para la paz. También se hicieron debates de control político convocados por diferentes legisladores para que la ciudadanía pudiera tener mayor información sobre los avances y dificultades del proceso de negociación.

En el período de la refrendación el papel del Congreso fue clave. El 2 de octubre, día en que el No triunfó por un estrecho margen, el presidente Santos inició conversaciones para encontrar salidas a los resultados y salvar el acuerdo de paz, inicialmente en reuniones con congresistas de diversos partidos políticos que estaban a favor del sí, y luego con integrantes de la bancada del Centro Democrático, además de otros sectores sociales y políticos por fuera del Congreso. Este ejercicio permitió la redacción de un nuevo acuerdo, aunque los contenidos renovados no fueron aceptados por todos los sectores promotores del No. Sin embargo, una vez firmado el nuevo acuerdo, fueron las plenarias de Senado y Cámara las responsables de refrendarlo, para que a partir de allí se iniciara el proceso de refrendación, y la concentración y dejación de armas continuara su curso.

El Acuerdo de Paz priorizó una serie de ajustes normativos como parte de la implementación, consignadas en el punto 6.1.10 del documento, que incorporaba 14 asuntos. Muchos de estos asuntos normativos debían pasar por el Congreso de la República, para que pudieran constituirse en leyes de diferente rango y se aplicara lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2016, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Por ello el gobierno nacional convocó a sesiones extra y el Congreso funcionó sin parar desde el momento de la refrendación (diciembre de 2016), hasta junio de 2017, y retomó sesiones desde el 20 de julio hasta la finalización del periodo del fast track.

A pesar de ello, no se logró que avanzaran una serie de normas fundamentales para la implementación. Entre los factores que influyeron en esto podemos mencionar al menos tres. El primero de ellos, fue la sentencia de la Corte Constitucional ante un fallo de tutela que modificó las reglas del fast track, y que abrió la posibilidad para que senadores y representantes pudieran introducir proposiciones y modificaciones a los proyectos de ley en el marco de la implementación del Acuerdo Final, sin que fuera necesaria la aprobación del Gobierno nacional. Esta posibilidad hizo que, en los debates de proyectos de ley como la reforma política, se hicieran cientos de proposiciones, que demoraron los debates y las votaciones, con el resultado final de la no aprobación de la norma, cuyo texto distaba bastante del espíritu del Acuerdo y de las recomendaciones hechas por la Misión Especial Electoral.

El segundo, relacionado con la ausencia de controles disciplinarios que obliguen a los y las congresistas a asistir a los debates y a las votaciones. Por ello, muchas sesiones de debate de proyectos relativos a la implementación del Acuerdo tuvieron que ser suspendidas, pospuestas o reprogramadas, y finalmente que no se lograra avanzar en la adopción del marco jurídico necesario.

El tercer factor es la consecuencia del resquebrajamiento de la unidad nacional, y la toma de distancia por parte de algunas de las bancadas que inicialmente apoyaron el Acuerdo, como la del partido Conservador, la de Cambio Radical y las oposiciones de algunos congresistas para la adopción de normas específicas.

Este breve repaso por el papel del Congreso en la implementación del Acuerdo de Paz, nos muestra que no es poco lo que está en juego en estas elecciones. La adopción de normas centrales para el logro de la paz como adecuación de tierras, sistema nacional catastral multipropósito, adjudicación de baldíos en reserva forestal, Reforma política-electoral, Reforma a la ley 152 de 1994, Investigación y judicialización organizaciones criminales y medidas de sujeción a la justicia, Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores(as), Reforma a la ley 996 de 2005 y aquellas que no fueron presentadas por el gobierno nacional: Jurisdicción Agraria, Reforma ley 160, Acceso a medios de comunicación (puntos 2.2.3, 2.3.8), Garantías para la participación de las organizaciones y movimientos sociales – Garantías para el ejercicio de la protesta social, Tipos penales relacionados con promoción del paramilitarismo, Reforma a la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas), Reglamento de la JEP e Incorporación de Ajustes al Plan Nacional de Desarrollo. Todo este marco normativo ya presenta atrasos centrales, y se requerirá que producto de las elecciones la composición del Congreso sea proclive a continuar decididamente con la implementación del Acuerdo de Paz.

Además, el papel de control político que hacen los legisladores será central para que las políticas públicas y la financiación de todas las disposiciones contenidas en el Acuerdo sean una realidad que beneficie al pueblo colombiano, especialmente a aquellos que vivieron con mayor rudeza el conflicto, y que han tenido que soportar la pobreza, la marginalidad y la exclusión.

Edición 577 – Semana del 23 de Febrero al 1º de Marzo de 2018
   
 
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