Apertura Democrática para la Paz:
Mensaje de Urgencia

 
Los y las elegidos/as para el nuevo Congreso, tendrán que partir de reconocer que en el fondo del conflicto colombiano hay tres elementos, entre otros, que explican su naturaleza, la forma como se extendió en el territorio y su duración y ellos son: la tierra y su uso, el control sobre el poder político y la precariedad del Estado en el territorio. Con las características definidas en este escrito lo podrán hacer, ciertamente, un Congreso para la Paz.
 
Antonio Madariaga Reales
 
Asesor de Dirección – Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Se necesitan con urgencia personas en el Congreso que, aparte de tener los elementos básicos y características que espera uno de cualquier ser humano que pretende representar los intereses de la población; honestidad, incorruptibilidad, capacidad de escucha, disposición a rendir cuentas, trabajo dedicado a entender y debatir los temas propios de su ejercicio, separación del clientelismo, empatía con los más débiles, valoración de la Constitución y las leyes, etc., tengan un compromiso de corazón y de cabeza con la construcción de la paz estable y duradera y que consecuentemente con ello se dediquen de manera intensa y profunda al desarrollo de la normatividad que la hace posible; que tengan una consistente vocación democrática que se exprese en el desarrollo de los cambios para el logro de una real y profunda apertura democrática; que tengan, como parte del Estado, la convicción de su carácter de garantes del goce efectivo de derechos y en particular de los que hacen a la participación y el pluralismo; y que reconozcan que la tolerancia, el respeto y la convivencia, tienen en su base la dignidad que deriva de la justicia social.

Tendrán que partir de reconocer que en el fondo del conflicto colombiano hay tres elementos, entre otros, que explican su naturaleza, la forma como se extendió en el territorio y su duración y ellos son: la tierra y su uso, el control sobre el poder político y la precariedad del Estado en el territorio.

Es por eso que dentro de los elementos distintivos del acuerdo final colombiano, como lo ha dicho el Instituto Kroc en sus análisis de la estructura del referido acuerdo, está la clara intencionalidad de intervenir sobre esos tres elementos, principalmente a través de la Reforma Rural Integral, la apertura democrática consagrada en el punto dos del acuerdo y las instituciones y mecanismos para garantizar el goce efectivo de derechos en todo el territorio nacional que consagra la Constitución Colombiana. Si algo entonces podría contribuir a una paz estable y duradera es la construcción y puesta en marcha del andamiaje institucional y el conjunto de las políticas públicas necesarias y que tienen una parte fundamental de su desarrollo en la expedición de las normas que dieran vía libre al ejercicio de la actividad del Estado en esa dirección.

Durante el proceso normativo que tuvo su epicentro en el procedimiento legislativo especial o Fast track, el comportamiento de una parte importante de los congresistas, con honrosas excepciones1, se resistió a tramitar o desnaturalizó los proyectos referidos tanto a la Reforma Rural Integral, como al punto dos nombrado en el Acuerdo como Participación política: Apertura democrática para construir la paz2.

En lo que hace a la apertura democrática, excepción hecha del Estatuto de la Oposición, que finalmente expidió el Congreso de la República, 27 años después en que así lo ordenara la Constitución de 1991, el panorama de esa pretensión de transformar el ejercicio de la política y la manera y posibilidades de modificar la forma en que se configura y ejerce el poder político, especialmente en los territorios, es bastante decepcionante.

Dado que el acuerdo prevé varias adecuaciones normativas para la apertura democrática, que estaban encabezadas por el Estatuto de la Oposición y el Sistema integral de Seguridad para la Política, garantías mínimas para el tránsito de las Farc a movimiento político legal sin armas, ya en funcionamiento, se requiere ahora desarrollar las normas que amplíen la democracia y superen el resultado del Fast track y son por lo menos las referidas a los siguientes puntos:

  • Garantías para los movimientos y organizaciones sociales, expresado en el trámite y aprobación de la ley estatutaria de garantías para la participación ciudadana de las organizaciones y movimientos sociales y para el ejercicio del derecho a la movilización y la protesta pacífica, cuya presentación y redacción estuvo precedida de un amplio proceso de deliberación y que busca otorgar a las organizaciones y movimientos sociales derechos y garantías que hoy solo tienen las personas y disponer la orientación del estado a promover y premiar la organización ciudadana, al tiempo que reconoce y protege la movilización y protesta social pacífica como expresiones de un derecho síntesis de la participación, la libre expresión y otros derechos.
  • Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, que se concreta en la reforma de la ley 152 de 1994 o ley orgánica de planeación que permita integrar a los planes municipales, departamentales y nacional de desarrollo los resultados del ejercicio de los PDET, (Programas de desarrollo con Enfoque Territorial), los PATR, (Planes Articulados de Transformación Regional) y fortalezcan y democraticen el Sistema Nacional de Planeación. La planeación y los presupuestos participativos, procederán de esta manera a ser los instrumentos privilegiados para la construcción de agendas ciudadanas del desarrollo que articulan las políticas y acciones para el goce efectivo de derechos en el territorio y derivan de allí propósitos nacionales.
  • Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, lo que implica en el terreno normativo el trámite de la Reforma Política, que permita el pluralismo político, estimule la participación electoral, desarrolle la independencia y transparencia del poder electoral, desligue la obtención de la personería jurídica del umbral, obligue a la democratización de los partidos, incluya un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, etc.
  • Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, lo que fue tal vez la más sonada de las decepciones en el Fast track y el mayor reto de las y los congresistas, tanto los actuales como los que sean elegidos el próximo 11 de marzo: aprobar el acto legislativo que cree las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales. Las circunscripciones son, en el diseño del Acuerdo, ni más ni menos que el camino para construir el sujeto político de la paz estable y duradera en los territorios más afectados por el conflicto armado, particularmente con las Farc, en tanto pretenden que organizaciones y movimientos sociales y fuerzas políticas de esos territorios, distintos a los partidos nacionales con representación parlamentaria puedan acceder autónomamente a la Cámara de Representantes, para poner sus intereses y propuestas en el escenario nacional privilegiado de la democracia y por ello representan una medida concreta de apertura democrática.

Si bien las coordenadas de la construcción de una paz sostenible y duradera hoy pasan por todo el Estado, incluyendo el Estado local y regional, y particularmente por la puesta en marcha de las políticas públicas que requieren además de normas, instituciones, planes y programas, presupuesto, participación ciudadana y rendición de cuentas, y que ello no depende principalmente del Congreso de la República, no es menos cierto que ora en el aspecto normativo, ora en la representación de los intereses regionales y poblacionales la conformación de un Congreso con las características definidas en este escrito lo podrán hacer, ciertamente, un Congreso para la Paz.

2 “El Gobierno Nacional y las Farc – EP consideran que: La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz.
La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y complemente la democracia”. ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, página 35.

Edición 578 – Semana del 2 al 8 de Marzo de 2018
   
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
 
 
 
comentarios suministrados por Disqus