El último round de la paz
en el Congreso saliente

 
El Congreso retomará labores el próximo 20 de marzo. A partir de esta fecha la corporación tendrá tres meses para sacar adelante todos los proyectos pendientes, incluidos todos aquellos que buscan la implementación del Acuerdo Final, pues el 20 de junio termina la actual legislatura y por tanto todos los proyectos que no se hayan aprobado en el legislativo tendrán que archivarse por vencimiento de términos.
 
Yair Alejandro Parada Díaz
 
Asesor de la estrategia de lobbying y presión política
 
 

Después de que los colombianos escogiéramos nuestros nuevos/as representantes y senadores/as para el periodo 2018 – 2022, el Congreso retomará labores el próximo 20 de marzo. A partir de esta fecha la corporación tendrá tres meses para sacar adelante todos los proyectos pendientes, incluidos todos aquellos que buscan la implementación del Acuerdo Final, pues el 20 de junio termina la actual legislatura y por tanto todos los proyectos que no se hayan aprobado en el legislativo tendrán que archivarse por vencimiento de términos.

A los tiempos tan justos que tendrá el legislativo para debatir y aprobar las normas se suma la presión de las campañas presidenciales sobre los partidos políticos, lo que puede conllevar a que el Congreso vuelva a ser un escenario de disputa y campaña electoral como ocurrió a finales del año pasado, cuando el posicionamiento de agendas y posturas políticas sirvió a algunos parlamentarios para ganar votos el 11 de marzo.

Ahora bien, existen factores que pueden propiciar el trámite rápido y constructivo que permita que antes del fin de la legislatura hayan sido aprobadas al menos cinco normas. El primero es que los congresistas ya no se encuentran en campaña por asegurar nuevamente su curul y eso les permite tener una cierta flexibilidad en sus posiciones; el segundo factor es que existen avances por parte del Gobierno en varias leyes que implementan el Acuerdo Final, lo que posibilitaría que antes del comienzo de Semana Santa se radiquen en el Congreso. Se conoce que la reforma a la Ley 160 de 1994, el procedimiento de la JEP, el sometimiento a la justicia de bandas criminales y el catastro multipropósito son algunas de las que ya empezaron su proceso de discusión al interior del Gobierno o casos como la reforma a la Ley 160 ya empezaron su proceso de consulta previa.

Además de estas normas, deben impulsarse y posicionarse por parte de las plataformas y del conjunto de la sociedad civil los proyectos que son cruciales para la implementación del Acuerdo Final, como la reforma a la Ley 152, que es una pieza clave para la implementación en los territorios y para la incorporación del Plan Marco de Implementación en el Plan Nacional de Desarrollo. El tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores(as) que debe cambiar su enfoque con relación a la propuesta hecha por el Gobierno durante el fast track y la reforma a la Ley 1448 de 2011.

También una de las mayores deudas que tiene el Gobierno con la sociedad han sido las demoras en la presentación al Congreso de la Ley Estatutaria de Garantías para la Participación de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social. La formulación de los lineamientos para esta ley se llevó a cabo mediante un amplio proceso de consulta territorial y nacional en el cual participaron más de 1500 organizaciones de diferentes sectores y más de 2000 personas. Este proceso tuvo lugar en abril del año pasado y sus resultados fueron entregados al Gobierno.

Se esperaría entonces que el Gobierno, atendiendo a los apretados tiempos que tiene el Legislativo para el trámite de estos proyectos, los envíe con mensaje de urgencia, lo que facilitaría su trámite y priorizaría el tránsito de los mismos sobre el resto de normas de la agenda ordinaria que se encuentra represada dado que durante el fast track esta quedó en un segundo plano.

Ahora bien, el Gobierno no puede dejar a estos proyectos huérfanos como ocurrió durante el segundo periodo del fast track, en el cual todos los proyectos de la reforma rural integral (catastro multipropósito, adjudicación de baldíos en reserva forestal, adecuación de tierras) quedaron a merced de los congresistas, quienes optaron por obstruir su trámite. Debe haber voluntad por parte del Gobierno de no sólo hacer presencia en los recintos, sino de acompañar y defender sus propuestas y buscar fortalecer los proyectos en compañía de la sociedad civil y los congresistas. Además, el Gobierno y la sociedad deben tener una apuesta clara para estos últimos tres meses y es la de impulsar la implementación del Acuerdo Final, que permita no solo posicionarse en los recintos del Legislativo, sino en que sea un tema central en la opinión pública. Pues este es un tema que nos atañe a todos y todas, y que en vísperas de las elecciones presidenciales el discurso predominante no puede ser la destrucción del Acuerdo Final ni el retroceso sobre lo ya construido.

A continuación encontrarán las normas que deberían radicarse en el congreso antes de Semana Santa para que puedan comenzar su trámite en el mes de abril.

Punto del Acuerdo Final

Tipo de proyecto

Temas

Punto 1

Ley Estatutaria

Jurisdicción Agraria (reforma ley 160)

Punto 1

Proyecto de ley

Adecuación de tierras

Punto 1

Proyecto de ley

Sistema nacional catastral multipropósito

Punto 1

Proyecto de ley

Adjudicación de Baldíos en reserva forestal

Punto 2

Ley estatutaria

Garantías para la participación de las organizaciones y movimientos sociales – Garantías para el ejercicio de la protesta social

Punto 2

Proyecto de ley orgánica

Reforma a la ley 152 de 1994

Punto 3

Proyecto de Ley

Investigación y judicialización organizaciones criminales y medidas de sujeción a la justicia

Punto 4

Proyecto de Ley

Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores(as)

Punto 5

Ley ordinaria

Reforma a la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas)

Punto 5

Ley ordinaria

Ley de procedimiento de la JEP

Edición 580 – Semana del 16 al 22 de Marzo de 2018

   
 
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