Instancias de participación
en el Plan Marco de Implementación

 
El seguimiento del Plan Marco de Implementación debería considerar los procesos y resultados específicos en materia de transformación de contextos jurídicos (expedición de normas y reglamentaciones), políticos (promoción de condiciones favorables para el ejercicio de la ciudadanía) y materiales (cambios en condiciones de vida) derivados de la implementación del Acuerdo Final, no solamente la validación del cumplimiento de algunas tareas.
 
Cristhian David Paris González
 
Asesor Estrategia de Lobbying y Presión Política – Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera tiene como enfoque general la participación ciudadana en la construcción de paz, y sobre todo en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas.

“Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es el objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades y, en general, el reconocimiento por parte de toda sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz” (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016, págs. 4-5)

Este enfoque, que busca superar la debilidad institucional para lograr goce efectivo de derechos, contando con la activa participación de la ciudadanía implica, para poner en marcha los instrumentos, medidas y dispositivos que contiene el Acuerdo Final para construir una paz estable y duradera a partir de la participación misma, proponer, construir, diseñar y hacer parte de la toma de decisión a corto, mediano y largo plazo.

Entendiendo este enfoque, Viva la Ciudadanía identificó 107 dispositivos de participación ciudadana en el Acuerdo Final; pero el 40% de ellos no están contenidos en el Plan Marco de Implementación (PMI); esto es preocupante, ya que el PMI es la hoja de ruta para la implementación al contener propósitos, metas, prioridades, indicadores y medidas, incluyendo la priorización y el cronograma, los responsables de su ejecución y las fuentes de financiación, así como las políticas necesarias para poner en marcha el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, lo cual implica que 42 dispositivos de participación ciudadana quedan excluidos en el principal referente de política pública para la implementación del Acuerdo final durante los próximos 15 años.

Cabe resaltar que principalmente, los dispositivos relacionados con la participación ciudadana en el punto 5 del Acuerdo Víctimas del conflicto “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, incluyendo la jurisdicción especial para la paz; y compromiso sobre derechos humanos no están definidos en el Plan Marco, lo que puede deberse a que han dejado la definición de los mecanismos, instancias y dispositivos para que sean diseñados por las entidades que constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justica, Reparación y Garantías de no repetición.

La no inclusión de la participación ciudadana en el PMI demuestra la reiterada continuidad de la falta de una política pública de participación ciudadana, que, aunque contenida en la Ley 1757 y en el punto 2.2 del Acuerdo Final, no se ha hecho realidad.

En este sentido, y reiterando que la participación ciudadana es una de las columnas vertebrales de la construcción de paz, la invisibilización de dispositivos de participación ciudadana implica dificultades para implementar el Acuerdo con un enfoque de abajo hacia arriba, que pretende darle un giro a la manera en la que se construye, para poner en marcha las medidas, dispositivos y herramientas en cada uno de sus puntos con enfoque territorial, étnico y de género y reconociendo la importancia de la participación ciudadana para la construcción de paz territorial, la planeación y presupuestación participativa y el goce efectivo de derechos. Esta deficiencia podría mermarse, por un lado, garantizando que el CONPES del Plan Marco de Implementación garantice la participación ciudadana en la implementación de todos los dispositivos del Acuerdo o formulando un CONPES específico para la participación ciudadana en la implementación del Acuerdo y, por otro lado, mediante la discusión de planeación y presupuestación participativa en la reforma a la Ley 152; esto, sin dejar de lado la formulación de una política pública de participación ciudadana.

Por otro lado, el enfoque de seguimiento planteado en el Plan Marco de Implementación corresponde a un chequeo de las disposiciones literales que se encuentran en el Acuerdo Final, sin considerar los procesos que deberían desatarse a partir de las disposiciones iniciales. Por ejemplo, asuntos como la formulación de lineamientos para una ley estatutaria de garantías para la participación de organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social o la conformación de una Misión Electoral Especial se consideran como tareas cumplidas, sin importar si efectivamente fue promulgada la Ley Estatutaria o la Reforma Política. El seguimiento del Plan Marco de Implementación debería considerar los procesos y resultados específicos en materia de transformación de contextos jurídicos (expedición de normas y reglamentaciones), políticos (promoción de condiciones favorables para el ejercicio de la ciudadanía) y materiales (cambios en condiciones de vida) derivados de la implementación del Acuerdo Final, no solamente la validación del cumplimiento de algunas tareas. Por ello, se requiere incorporar aspectos sustantivos dentro de los indicadores de las disposiciones relacionadas con participación ciudadana que se definan para evaluar el avance en la implementación del Acuerdo Final, en particular desde un enfoque basado en derechos humanos, enfoque de género, enfoque étnico y enfoque territorial.

En cuanto al financiamiento de la implementación y los horizontes temporales dentro de los cuales el PMI aborda la realización de las diferentes acciones de implementación vale la pena preguntarse sobre los costos estimados y las fuentes de financiación para la implementación del Acuerdo ¿son suficientes en relación con los costos estimados para la implementación?, ¿Cuáles son las reformas necesarias para la financiación del posconflicto? Esto reconociendo que las cifras del capítulo dedicado a la financiación de la implementación del acuerdo, contenidas dentro del Marco Fiscal a Mediano Plazo de 2017, estipulan un presupuesto de 129.5 billones de pesos para los próximos 15 años y solamente para la implementación del punto 1 y 4 se necesitan 148.3 billones (Fedesarrollo, 2017)

Por último, el PMI enfatiza en la posibilidad de que las organizaciones sociales sean contratadas para ejecutar recursos relacionados con la implementación, dejando de lado la dimensión política de la participación ciudadana en la construcción de los territorios. Es necesario plantear esta discusión en la medida en que la participación de las comunidades en la implementación debería asumirse desde una perspectiva de planeación y presupuestación participativa y construcción de ciudadanía que no solamente pase por la gestión de recursos financieros. Esto debe reflejarse en la construcción de productos e indicadores.

Bibliografía:

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. (2016).

Fedesarrollo. (2017). Acuerdo de Paz: Reforma Rural, cultivos ilícitos, comunidades y costo fiscal.

Edición 582 – Semana del 6 al 12 de Abril de 2018
   
 
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