Crisis del sistema de salud en Colombia

 
La crisis no ha podido ser resuelta con ninguna de las reformas aprobadas por el Congreso de la República (Ley 1122 del 2017, la ley 1438 del 2011 y la ley 1751 del 2015) ni con ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno para su implementación.
 
Román Vega R.
 
Académico, dirigente político y del Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP)
 
 

La actual crisis del sistema de salud en Colombia, que ha generado una creciente insatisfacción entre la ciudadanía, se origina en la Ley 100 de 1993. La crisis se caracteriza por insostenibilidad financiera del sistema con deudas por más de 7 billones de las EPS a los prestadores de servicios de salud y gastos exagerados en medicamentos cuyos precios no controla el gobierno; persistentes barreras de acceso a la atención y mala calidad en la prestación de los servicios, especialmente para los sectores de menores de ingresos; ausencia de un adecuado modelo de atención para intervenir eficazmente los riesgos, determinantes de la salud y los daños que generan; desprotección de las poblaciones rurales y de los pobres de las ciudades por ausencia de oferta de infraestructura, tecnología y recursos humanos sanitarios los cuales, cuando existen, se concentran en las personas de mayores ingresos de los territorios más densamente poblados; insatisfacción creciente del personal de salud por inestabilidad laboral, bajos salarios, carencia de incentivos para sus actividades y pérdida de la autonomía profesional para las decisiones en salud con negativas consecuencias en la calidad y permanencia de la atención.

Entre las consecuencias de esta crisis para la salud de la población están la cíclica reemergencia de enfermedades prevenibles o previamente controladas, y las frecuentes complicaciones de los enfermos que no son atendidos u oportunamente tratados; la inadecuada prevención de las enfermedades y la falta de bienestar en condiciones de vida y trabajo; cifras inusitadas de más de un millón cuatrocientas mil muertes evitables en un período relativamente corto (1998 a 2011); y persistencia de brechas de desigualdad social y por regiones en el acceso a la atención y en el estado de salud.

Los problemas y consecuencias anteriores evidencian falta de garantías estatales para el disfrute del derecho a la salud porque se ha venido comercializando la organización del sistema de salud y extinguiendo progresivamente la red pública de atención en la medida del crecimiento de la red privada; fortaleciendo el poder de extracción de rentas de la intermediación financiera privada en detrimento del acceso y calidad de la atención y de la autonomía médica; debilitando del poder del gobierno en la defensa del interés general y en la regulación, vigilancia y control de los actores del sistema; incrementando la corrupción en el manejo de los recursos públicos y las prácticas monopólicas entre EPS, prestadores privados e industria farmacéutica.

La crisis no ha podido ser resuelta con ninguna de las reformas aprobadas por el Congreso de la República (Ley 1122 del 2017, la ley 1438 del 2011 y la ley 1751 del 2015) ni con ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno para su implementación. La causa de fondo del problema y de sus consecuencias para la población es la privatización y comercialización de la salud en Colombia a través de la intermediación financiera de las EPS, el crecimiento descontrolado de prestadores privados de servicios y de los precios especulativos de los medicamentos por falta de medidas del gobierno contra quienes se enriquecen a costa del dolor y sufrimiento humanos.

La solución implica terminar con la privatización y comercialización de la salud en Colombia a través de medidas que permitan transitar progresivamente de la intermediación financiera a un fondo público único de salud que se encargue de la recaudación, administración y asignación de los recursos; fortalecer la red pública y la regulación tanto a ésta como a la creciente red privada; puesta en práctica de la atención primaria en salud en todo el territorio nacional a través de estrategias efectivas de prevención de la enfermedad, promoción de la salud, oportuno tratamiento de las enfermedades y rehabilitación; control efectivo de los precios de los medicamentos; dignificación del trabajo y restitución de la autonomía a los profesionales de la salud.

El actual debate electoral a la presidencia de la República de Colombia debe colocar  en el centro el futuro del derecho a la salud en Colombia como un derecho humano fundamental. La ciudadanía toda debe estimular este debate para que nunca más se enfermen y mueran por millones los colombianos cuando ello podemos evitarlo. Contamos con el apoyo del Movimiento Para la Salud de los Pueblos (MSP), el Movimiento Nacional por la Salud y la Asociación Latino Americana de Medicina Social (ALAMES), quienes impulsan actualmente la campaña mundial contra la mercantilización de la salud “Todos por la Salud” (http://europe-health-network.net/

Invito a todos los ciudadanos y ciudadanas a tomar parte de esta jornada por el derecho a la salud del pueblo colombiano y con la petición expresa a los candidatos a la Presidencia de la República sin excepción de terminar con la comercialización y la privatización de la salud en Colombia.

Edición 582 – Semana del 6 al 12 de abril de 2018
   
 
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