Plataforma de seguimiento político de Antioquia

 
La confianza cívica es horizontal, entre ciudadanos, pero también es vertical: del Estado hacia los ciudadanos. Necesitamos un estado completamente confiable que garantice los derechos para todos los ciudadanos y cumpla su misión de suministrar bienes públicos para la convivencia.
 
Alonso Cardona Arango
 
CONCIUDADANIA
 
 

Dada la profunda división de la sociedad colombiana que ha sido producida, por una parte, por el prolongado conflicto armado y, por la otra, su solución, la reconciliación de los colombianos es una necesidad imperiosa pero también es un objetivo de muy largo plazo; como algunos dicen, la reconciliación es, más bien, un horizonte, un punto al que se tiende y tal vez nunca se alcance.

Para mostrar un ejemplo de lo que significa aquí largo plazo hay que mencionar el caso de Irlanda del Norte. En la ciudad de Belfast, su capital, algunos barrios están divididos por un muro de 5-10 metros de alto y siete kilómetros de largo, el cual aún existe y fue construido para evitar que republicanos católicos y unionistas protestantes se atacaran unos a otros. En la actualidad para entrar a las zonas con muro hay puertas que todavía se cierran en la noche y los fines de semana. El Acuerdo del Viernes Santo suscrito en 1997, que puso fin al conflicto armado de Irlanda del Norte, estableció que 25 años después, es decir, en el año 2022 se realizará un referendo entre los habitantes vecinos del muro para definir si están de acuerdo en tumbarlo. Hoy por hoy, veinte años después de firmado el acuerdo de paz, apenas el 7% de las escuelas están integradas por católicos y protestantes; el 93% restante están segregadas, son para unos u otros.

El concepto de reconciliación aquí, además de un objetivo de largo plazo, se entiende en su dimensión social y política, no personal, subjetiva o espiritual. Hacia esa reconciliación social se avanzará lentamente en la medida que se desarrolle el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, la Justicia Integral para la Paz, la apertura democrática y la aplicación de la Reforma Rural Integral a favor de la población campesina, como lo estableció el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

No obstante, la construcción de paz se vuelve sostenible cuando la sociedad civil, más allá de los acuerdos firmados entre grupos armados y gobiernos, se apropia de ella y se dispone a reconstruir el tejido social roto por el conflicto armado y la polarización. Una parte muy significativa de la sociedad civil colombiana tomó en sus manos la construcción de paz: apoyaron los procesos de negociación, votaron sí en el plebiscito, se han movilizado para pedir que sea respetado el acuerdo, han recibido a los miembros del partido de la Farc como ciudadanos con derechos a expresarse políticamente y esperan que se implementen los acuerdos, que ya dejaron de ser simples acuerdos políticos y se convirtieron en normas constitucionales y/o legales. En fin, una parte muy importante de la sociedad colombiana está avanzando hacia la reconciliación.

Y toda la sociedad ha sentido el efecto real de la disminución de la violencia, la salvación de vidas, la rebaja del miedo generado por la violencia. Una cosa es tener una minoría votando e incorporada al sistema electoral y otra muy distinta tener esa minoría matando, secuestrando, alterando el orden público, impidiendo las elecciones, constriñendo la participación democrática.

Otra parte de la sociedad mantiene diferentes grados de desconfianza frente al acuerdo y frente a las Farc. Contra toda evidencia, creen que no se han desarmado ni abandonado la lucha armada. Creen también que la voluntad popular fue burlada después del plebiscito, que el acuerdo es ilegal e ilegítimo y que los derechos que adquirieron los excombatientes a una justicia transicional y a su participación política es una dádiva inmerecida producto de la debilidad del gobierno. Ni siquiera han pensado que la oposición política hizo hasta lo imposible para debilitar el gobierno justamente cuando necesitaba una sociedad unificada para adelantar la negociación a nombre de toda la nación. Justamente ese fue uno de los impactos “indeseados” de su oposición. Pero lo más grave es que en este sector de la sociedad hay una minoría activa que está induciendo a la ciudadanía a que desconozca las normas constitucionales y legales que ya fueron adoptadas por el Estado para implementar el acuerdo. Tal vez esta conducta es la que ha agudizado la polarización social.

Una polarización que implicó el homicidio de 282 defensores de derechos humanos y líderes sociales en 2017, como lo reporta la Defensoría del Pueblo; de 50 personas pertenecientes al partido de la Fuerza Armada Revolucionaria del Común Farc; que provocó la suspensión de la prematura campaña electoral de este partido; los enfrentamientos entre grupos de simpatizantes y adversarios de diferentes candidatos; el conato de asonada que se presentó en puestos de votación como Eafit y la Escuela Santa María del Rosario el domingo 11 de marzo a causa de la terminación de los tarjetones de la consulta. Todas estas situaciones exigen prender la alarma de alto riesgo.

Estos hechos llevan a pensar que un sector de la sociedad no acepta la coexistencia con los excombatientes como alternativa a la venganza sino que prefieren el camino del castigo para el cierre del conflicto. Y tienen todo el derecho a pensar así, pero para aplicar su punto de vista deben cambiar todas las normas que ya fueron aprobadas en ejercicio de sus competencias por la vía democrática de la Corte Constitucional, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. No pueden actuar por las vías de hecho desconociendo derechos que ya fueron otorgados a grupos de la sociedad. Para poder seguir viviendo juntos, para seguir coexistiendo en nuestra sociedad, incluso esta diferencia tan profunda sobre el Acuerdo de Paz se debe tramitar con un espíritu de avanzar hacia la reconciliación y hacia la no repetición del conflicto. Y eso se puede lograr si todos los actores garantizan que se van a respetar por todos unas mismas instituciones democráticas.  Si todos tenemos esa confianza podemos tramitar democráticamente la polarización de la sociedad a través de una sociedad pluralista capaz de incorporar todos los puntos de vista e intereses de la comunidad.

En eso consiste la reconciliación asumida como confianza cívica. No implica perdonar a nadie, no implica estar de acuerdo con la opinión de nadie, solo implica que todos nos comprometamos a respetar unas mismas instituciones, a desterrar las vías de hecho y la violencia, a permitir que todos ejerzan los derechos otorgados por la constitución y la ley y, cuando no se comparten las normas, a esperar pacientemente que se produzcan cambios legales para que mis intereses estén representados. La confianza cívica es horizontal, entre ciudadanos, pero también es vertical: del Estado hacia los ciudadanos. Necesitamos un estado completamente confiable que garantice los derechos para todos los ciudadanos y cumpla su misión de suministrar bienes públicos para la convivencia.

El camino de la ilegalidad y de tomar la justicia por mano propia ya fue experimentado por Colombia y nos llevó a un conflicto armado con uno de los números de víctimas más grandes del planeta.

Edición 582 – Semana del 6 al 12 de Abril de 2018
   
 
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