La paz resiste el primer round a pesar
de una fuerte arremetida del Congreso

 

Parecería que la implementación del Acuerdo Final sigue su curso en el Congreso, pero no es así. Los proyectos que se han radicado hasta el momento tanto de iniciativa del gobierno como parlamentaria no han avanzado en su trámite legislativo y se han visto relegados por la agenda ordinaría que se encuentra represada desde el mes de junio del 2017.

 
Yair Alejandro Parada Díaz
 
Asesor de la estrategia de lobbying y presión política
 
 

Han pasado casi cuatro semanas desde que el Congreso retomó labores y hasta la fecha el Gobierno ha presentado cuatro proyectos de ley que tienen relación directa con la implementación del Acuerdo Final, Además de tres proyectos de acto legislativo presentados por diferentes bancadas de parlamentarios que quieren revivir las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. También el partido MIRA radicó esta semana un proyecto de ley estatutaria que busca implementar una reforma a los procedimientos electorales que retoman algunos puntos de la Reforma Política que se hundió en el Senado en noviembre del año pasado.

El motivo de estas múltiples iniciativas se debe a que con el fin del fast track también se dio por terminada la condición expresa de la competencia que obligaba únicamente al gobierno nacional a presentar todas aquellas iniciativas que buscaran la implementación del Acuerdo Final. Al finalizar dicho procedimiento, volvemos al trámite ordinario y por tanto pueden entrar nuevos actores en la presentación de iniciativas que busquen la implementación del Acuerdo Final. La Primera, sigue siendo competencia del gobierno nacional. La segunda, es de carácter parlamentario, es decir de los congresistas, ahora el congreso tiene la facultad de presentar iniciativas que buscan reglamentar e implementar puntos del Acuerdo Final, como sucedió con la presentación de tres proyectos de acto legislativo para revivir las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Tercero, las iniciativas ciudadanas, ahora la ciudadanía puede presentar al Congreso mediante la recolección de firmas proyectos de ley que desarrolle puntos del Acuerdo.

En este contexto parecería que la implementación del Acuerdo Final sigue su curso en el Congreso, pero no es así. Los proyectos que se han radicado hasta el momento tanto de iniciativa del gobierno como parlamentaria no han avanzado en su trámite legislativo y se han visto relegados por la agenda ordinaría que se encuentra represada desde el mes de junio del 2017.

A continuación presentamos el estado de los proyectos en el congreso y un breve análisis de su contenido.

1) La Reforma Rural integral y la solución al problema de drogas ilícitas repiten su historia en el Congreso.

El panorama de los proyectos de la Reforma Rural Integral no muestra señales de mejora. El pasado mes de marzo el Ministerio de Agricultura radicó ante el Senado el proyecto de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal, proyecto clave para la asignación de predios al Fondo de Tierras1. Sin embargo, desde entonces hasta la fecha no se han asignado ponentes al proyecto, que tendrá que tener su primer debate en las comisiones quintas del congreso, pero que, como sucedió en la legislatura del fast track, no parece ser de interés para el Gobierno, lo cual se evidencia en la falta de presión por parte del Ministerio de Agricultura.

Por otro lado, el proyecto de ley que establece el tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores, y que es pieza clave para dar solución a los problemas originados por el gobierno mediante la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito, se encuentra en un trámite lento por el Congreso, sólo hasta la semana pasada se le asigno ponente en el Senado, el Liberal, Juan Manuel Galán, quien deberá rendir ponencia para el primer debate del proyecto a más tardar para la última semana de abril. Sin embargo, los primeros análisis hechos sobre el proyecto de ley dan cuenta de varias fallas y aspectos regresivos con relación a los derechos de los pequeños cultivadores. Por lo que organizaciones que poseen interés en el tema han planteado la posibilidad de solicitar una audiencia pública para exponer sus preocupaciones.

Las principales dificultades que se han logrado identificar tienen que ver con la modificación de las condiciones para que los pequeños cultivadores sean beneficiarios del PNIS, en las cuales se establecieron la reducción de las extensiones de los predios para que los cultivadores que quieran ser beneficiarios del PNIS accedan al programa. La segunda problemática que trae el proyecto son el establecimiento de las condiciones de cumplimiento y vigilancia del acuerdo, que se define como un monitoreo de 2 años por parte de la entidad encargada de la vigilancia de la ejecución del PNIS en el territorio. No es claro qué entidad se va a encargar de esta tarea, la forma en que lo realizará, ni el proceso a seguir para la transición de los cultivadores de cultivos ilícitos a plantaciones lícitas, aspectos que pueden generar conflictos y posiblemente lleven a que los cultivadores se vean obligados a optar por dichos acuerdos sin garantía de apoyo por parte del Estado para su sostenimiento.

2) Sobre la culpa y los intereses reviven las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP)

Una de las mayores pérdidas que tuvo la implementación del Acuerdo Final el año pasado fue la no aprobación inmediata de las CTEP. La postura tomada por el presidente del Senado Efraín Cepeda (conservador) y del secretario de esta corporación, llevaron una discusión política a las instancias jurídicas. El resultado de este proceso llevó al gobierno a tomar acciones jurídicas en contra del presidente de la corporación y en la primera semana del mes de abril el ejecutivo renunció a seguir la lucha por las CTEP.

Esto conllevó a que los parlamentarios tomaran la decisión de radicar nuevos proyectos sobre el tema de las CTEP. Los senadores Alfredo Rangel, del Centro Democrático, y Efraín Cepeda, del Partido Conservador, radicaron en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, dos proyectos diferentes para garantizar las curules de víctimas. Proyectos que se suman al ya radicado por las comisiones de paz del Congreso en el mes de marzo.

Los tres proyectos que hoy se encuentran en la secretaría del Senado tienen varias diferencias. Pero el motivo sustancial de que el Congreso cuente con tres proyectos de acto legislativo responde a dos factores: la culpa de negarle la representación a quienes fueron más afectados por el conflicto y los intereses de los partidos políticos por obtener mayor representación en el Congreso.

Estos son los principales elementos de cada uno de los proyectos:

a. Proyecto del Centro Democrático: únicamente propone delegar la reglamentación de las CTEP a una ley estatutaria que debe tramitarse por el Congreso y que posterga el debate en el tiempo. Pero dejan algo claro: los que eligen y los que ocupan curul deben ser exclusivamente víctimas, incluyendo miembros de la Fuerza Pública.

b. Proyecto de las comisiones de paz: la apuesta de las comisiones busca revivir gran parte del articulado del proyecto hundido en noviembre. Sin embargo, establece algunas medidas regresivas como que el censo electoral válido para ejercer el derecho al voto debe ser el registro único de víctimas, medida que es inconstitucional, pues el registro tiene como finalidad servir de herramienta para la atención y reparación de las víctimas no como censo electoral especial.

c. Proyecto de los partidos políticos: fue radicado por Efraín Cepeda y otros parlamentarios, incluida Sofía Gaviria. El proyecto establece que pueden elegir todos los ciudadanos de los territorios de las circunscripciones y pueden ocupar curul solo las víctimas. Este proyecto es parecido al que hundieron en noviembre del año pasado, salvo que ahora solo las víctimas pueden ser candidatas, aspecto en el que concuerdan con el Centro Democrático.

3) Proyectos que no mejoran: El sometimiento a la justicia y la financiación de la paz

Hay dos proyectos más que se encuentran en trámite en el Congreso y ambos son de iniciativa del gobierno, pero su contenido muestra que no hubo desarrollo en los puntos críticos del mismo: 1) sometimiento a la justicia de bandas criminales, proyecto que presenta el mismo articulado al proyecto que fue presentado el último semestre de 2017 y que sigue siendo una iniciativa bastante blanda y posibilita a que estas agrupaciones puedan acogerse a la figura de la desmovilización colectiva. 2) La utilización del fondo nacional de regalías para la financiación de proyectos de paz. Este proyecto fue presentado por el Ministerio de Hacienda la semana pasada y parece ser una apuesta por buscar recursos que le permitan a la implementación mantener y mejorar la marcha.

El proyecto de sometimiento a la justicia de bandas criminales presenta varias fallas. La primera de ellas plantea modificaciones al código penal sin que sea clara la finalidad de dicha modificación y que podría conllevar a establecer un marco normativo que no beneficie realmente a quienes se acojan al mismo, ni tampoco a las víctimas de estas agrupaciones. También dicho marco se encontraría por fuera de los parámetros de la ley 418 de 1997. Además, no define mecanismos para la declaración de sus bienes y la aceptación de responsabilidades sobre hechos víctimizantes cometidos por estas organizaciones. La iniciativa que cuenta con mensaje de urgencia del gobierno y que ya le fue asignado su primer ponente, el senador de la U, Roy Barreras, tendrá su primer debate en comisiones conjuntas, apenas se nombre el ponente en la Cámara. Dados los tiempos y con la posibilidad de que se solicite una audiencia pública para el mismo, se tendría una primera ponencia la última semana del mes de abril y por tanto se agendaría su discusión la primera semana de mayo.

4) Los pendientes

A pesar de que el gobierno nacional se comprometió a que por la vía ordinaria tramitaría todos los proyectos que fueron presentados durante el fast track y que por vencimiento de términos fueron archivados, así como todas las normas de implementación inmediata que se encontraba enunciadas en el punto 6 del Acuerdo Final. Hasta la fecha hacen falta por radicar 8 proyectos normativos.

La ley estatutaria que crea la Jurisdicción Agraria y que es uno de los componentes centrales del punto dela Reforma Rural Integral, nunca fue presentado al legislativo y parece ser que no será presentado por lo menos en lo que resta de esta legislatura. También parece que la ley de adecuación de tierras y catastro multipropósito correrán con la misma suerte.

La reforma política proyecto que fue hundido por el senado en noviembre, no será presentada en esta legislatura por los tiempos tan justos que tiene el legislativo y será posiblemente uno de los temas que deberán posicionarse para que sea discutido en la primera legislatura del nuevo Congreso. Otra de las grandes deudas del gobierno con las organizaciones sociales quienes participaron en un proceso de consulta territorial y nacional es la presentación de la ley de garantías de participación y protesta para las organizaciones y movimientos sociales. Tampoco se avizora la posibilidad del proyecto de Reforma a la ley 152 de 1994, asunto preocupante, entendiendo que está norma es uno de los puntos centrales para la adopción del Acuerdo Final en los niveles territoriales en materia de financiación y ejecución.

Finalmente, la reforma a la ley 1448 de 2011 y el procedimiento de la JEP no han tenido grandes avances. El primero que contó con el envío de insumos por parte de las organizaciones sociales a la unidad de víctimas se ha quedado relegado de la discusión pública y ha sido la representante Clara Rojas la que ha presentado un proyecto para hacer algunos cambios a esta ley. El segundo que tiene un borrador presentado por la JEP y que fue radicado en la presidencia de la Republica hace ya un mes no ha tenido avances o por lo menos no son de conocimiento nuestro, lo que sí es claro es que todavía no hay un proyecto en el Congreso y los tiempos siguen corriendo.

Por lo anterior, la implementación del acuerdo de paz parece estar relegada a un segundo plano, en donde el Congreso mantiene una postura de resistencia a dar trámite a los mismos. Sin embargo, la iniciativa de algunos parlamentarios y de sectores del Gobierno de insistir y no dejar que la implementación de la paz desaparezca de la agenda legislativa y la opinión publica muestra que la paz se mantiene en pie y dando la pelea por seguir adelante.

1 Fondo creado mediante el decreto 902 de 2017.

Edición 584 – Semana del 20 al 26 de Abril de 2018
   
 
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