La fragilidad de la paz: responsabilidades del Gobierno Nacional, el partido Farc y los medios de comunicación

 

Es necesario hacer un llamado a los medios para que se comprometan con una ética pública de la comunicación que les permita exponer sin manipulaciones, no solo los obstáculos sino también lo que se está alcanzando en materia de verdad, justicia y reparación, y que no se presten para el show de los desdibujados “debates presidenciales”.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
 
 

Varios medios de comunicación, analistas políticos y columnistas han afirmado que nos encontramos ante el fracaso inminente del proceso de paz. Aunque la afirmación ha hecho carrera desde la misma firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Farc – EP, en noviembre de 2016, especialmente promovida por sectores políticos que han encontrado en la deslegitimación de éste un medio efectivo para gestionar capitales electorales, empleando la distorsión de la información y la manipulación de las pasiones políticas, entre otras estrategias, existen tres acontecimientos de extrema gravedad que evidencian la crisis del proceso en el logro de las metas establecidas, lo cual, una vez más, pone de manifiesto la fragilidad de la paz en Colombia. La situación es tan compleja que el propio Iván Márquez, en declaraciones recientes, manifestó que “(…) el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso”.

El primer acontecimiento es la captura, el pasado 9 de abril, de Seusis Pausivas Hernández (Jesús Santrich), integrante de la dirección del partido Farc y Representante a la Cámara designado para el periodo 2018 – 2022, por presuntos delitos de narcotráfico. Tras la infiltración de agentes de la DEA de Estados Unidos, y luego de un seguimiento de varios meses a una serie de actividades en las que supuestamente Santrich dirigía una operación criminal para transportar cocaína a Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación y el CTI adelantaron la operación de medida de aseguramiento que hoy tiene al dirigente de la Farc ad portas de la extradición. El segundo acontecimiento fue la renuncia repentina del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, quien fue cuestionado por supuestos manejos irregulares del presupuesto 2017 de esta nueva dependencia, que, según datos de la Contraloría General de la Nación ascendía a 11 mil millones de pesos. Lo paradójico para algunos críticos es que durante 2017 aún no se había formalizado el trabajo del Tribunal de Paz, y que Correa haya responsabilizado a Gloria Ospina, cabeza del Fondo Colombia en Paz, quien realmente administró durante esta vigencia cerca de 36 mil millones de pesos. Por último, y para colmo de males, los países cooperantes del proceso de paz cuestionaron la transparencia del uso de los recursos económicos para la implementación de los proyectos y los programas del posconflicto. Esto obligó al Gobierno Nacional a revisar en detalle la gestión adelantada para responder e intentar mantener la credibilidad internacional.

Al respecto, es necesario exponer algunas consideraciones. En primer lugar, es muy grave la captura de Santrich, pues se trata de una figura pública que hizo parte de la mesa de diálogos de la Habana, que es parte constitutiva de la dirigencia del partido Farc, y que iba a desempeñarse como congresista durante la próxima legislatura. Aún resulta difícil entender si alguien con estas responsabilidades políticas podría ser, a la vez, un hábil narcotraficante capaz de moverse como pez en el agua en las redes de la delincuencia transnacional. Sin embargo, corresponde a las autoridades avanzar en la investigación de los hechos denunciados, así como garantizar los derechos procesales del acusado. Este acontecimiento se ha convertido en caldo de cultivo para los detractores de la paz, pues no ha faltado quien asegure que los integrantes del partido Farc continúan delinquiendo, y que es necesario desenmascarar a todos sus dirigentes. Adicionalmente, tanto el Gobierno Nacional como dirigentes del partido Farc, han cometido errores en el manejo de este tema. Por un lado, el día de los hechos, el presidente Santos apareció ante los medios de comunicación diciendo que “no le temblaría la mano para firmar la extradición de Santrich”. Y por otro, Timochenko e Iván Márquez, partiendo de la inocencia incuestionable de su compañero, afirmaron que el Fiscal General de la Nación es un “perverso sicario moral” (El Tiempo 16 de abril de 2018). Las dos cabezas del proceso de paz no pueden salir ante la opinión pública asegurando este tipo de cosas. Es necesario que asuman la responsabilidad de este lamentable hecho y que le ofrezcan confianza a los colombianos para seguir adelante con los compromisos de la paz. El éxito del proceso no puede depender de una persona que, en el marco de las garantías procesales del Estado de Derecho, deberá responder por lo que se le acusa o ser reparado si la justicia lo declara inocente.

Por otro lado, el Gobierno Nacional, y particularmente los funcionarios que conforman la Jurisdicción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Unidad de Víctimas, además de garantizar la participación de los sobrevivientes y favorecer el reconocimiento y la dignificación de éstos, tal como lo planteó la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales en este mismo medio (Edición 583 – Semana del 13 al 19 de Abril de 2018), están obligados a efectuar controles minuciosos a la ejecución de recursos, así como rendir cuentas de esta gestión ante la opinión pública y la comunidad internacional. Asimismo, los funcionarios del Gobierno del presidente Santos y los integrantes del partido Farc que están participando conjuntamente en los proyectos y programas del posconflicto deben dar la cara ante la opinión pública y mostrar que pueden obrar con transparencia. Esto aportaría significativamente a recuperar la confianza nacional e internacional en el proceso.

Por último, es imprescindible que el Gobierno Nacional haga visibles los logros alcanzados hasta el momento. Además de algunos logros en materia de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes, es necesario visibilizar los logros concernientes a la reparación a las víctimas. Al respecto, de acuerdo con datos de la Unidad de Víctimas, se debe destacar que existen 1.055 mesas de participación de víctimas, elegidas de manera democrática en los municipios, departamentos y en los ámbitos nacional e internacional. También es importante que sean capaces de destacar cómo, desde la firma del Acuerdo hasta hoy, cerca de 800 mil víctimas han sido indemnizadas administrativamente y más de 700 mil han recibido atención psicosocial. En esta dirección, se requiere rendir cuentas sobre los avances en los procesos de reparación colectiva, en la sustitución (sin violencia de Estado) de cultivos ilícitos, en el desminado humanitario y en los primeros hallazgos alcanzados por la Comisión de la Verdad.

Esto exige también el diseño e implementación de campañas creativas, objetivas y sinceras (no propaganda de Estado) para divulgar a través de diversos medios de comunicación (no solo por el Canal Institucional) narrativas alfabéticas, visuales, audiovisuales y multimediales sobre estos avances. Infortunadamente los spots publicitarios sobre la paz, financiados por la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionados de Paz y el Ministerio para el Posconflicto –que por cierto poco aparecen en estas discusiones y problemas– son de pésima calidad y no logran comunicar a las audiencias estos logros. Finalmente, la instrumentalización ideológica de la paz hábilmente empleada por algunos candidatos presidenciales y sus equipos de campaña, además de hacerle mucho daño a la implementación del Acuerdo, dada la tendencia a la estigmatización, se está convirtiendo en un artilugio perfecto para el espectáculo y el rating. Por esta razón, es necesario hacer un llamado a los medios para que se comprometan con una ética pública de la comunicación que les permita exponer sin manipulaciones, no solo los obstáculos sino también lo que se está alcanzando en materia de verdad, justicia y reparación, y que no se presten para el show de los desdibujados “debates presidenciales”.

PD: Invito a los lectores para que nos acompañen el sábado 21 de abril de 2018, en la Feria del libro, en el lanzamiento del libro titulado La paz no se rinde. Crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana, escrito por Olga Behar y editado por el sello de la Universidad Distrital, en el que participé como coautor con un capítulo sobre las víctimas del conflicto armado. Será a las 2:00 pm en el Gran Salón Ecopetrol – Sala FILBO – D.

Edición 584 – Semana del 20 al 26 de Abril de 2018
   
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
 
 
 
comentarios suministrados por Disqus