La legitimidad de la JEP

 

Para quienes hemos defendido la necesidad de poner a marchar los instrumentos de los acuerdos, la polémica desatada alrededor de la JEP, desconoce su naturaleza, banaliza algunas importantes discusiones y opaca lo que la jurisdicción ya está haciendo y el enorme reconocimiento que tiene.

 
Antonio Madariaga Reales
 
Asesor Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

El noticiero de Caracol de la mañana fue escenario de un despiadado ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz, proveniente de la mesa de trabajo de ese noticiero, en las que se expresaron opiniones del tipo, “que hacen peleando por carros y computadores cuando su tarea es juzgar” y “deberían estar juzgando y fallando sobre los miembros de la Farc que van a ir al Congreso”.

Escuchar esas afirmaciones de parte de quienes se suponen informados debería suscitar algunas reflexiones. Empezaré por un asunto que ya se volvió hábito por parte de los noticieros radiales de la mañana, (que en la práctica son espacios de opinión más que noticieros) y es la indiferenciación entre la noticia y el editorial. Sólo en muy contadas ocasiones los miembros de las llamadas “mesas de trabajo”, explicitan a la audiencia que lo que van a escuchar o acaban de escuchar es la opinión de los periodistas. Poner adjetivos a las noticias, calificar a los o las protagonistas de los hechos noticiosos son prácticas comunes en el periodismo radial colombiano, junto a la inveterada costumbre de poner al aire uno o unos pocos testimonios u opiniones recogidas en la calle, que en muchas ocasiones reafirman la opinión del editor y presentarlas como “la ciudadanía dice…”,.

Alguien podría decir, que entonces es mejor cambiar de dial o apagar el radio y que nadie lo obliga a uno a mantenerse en la emisora, pero se le podría contestar que una condición para que se cumpla con la obligación de informar veraz e imparcialmente es diferenciar la noticia de la opinión; si no que le pregunten a Juan Gossain.

Pero a pesar de la urgente necesidad de hacer en Colombia un debate nacional sobre el papel de los medios y sobre todo de los editores de los medios, el meollo del asunto no está en los medios, está en el grave daño que se está haciendo a la legitimidad de la JEP.

Para quienes hemos defendido la necesidad de poner a marchar los instrumentos de los acuerdos, la polémica desatada alrededor de la JEP, desconoce su naturaleza, banaliza algunas importantes discusiones y opaca lo que la jurisdicción ya está haciendo y el enorme reconocimiento que tiene. Reconocimiento que ha llevado a que la Fiscalía General de la Nación comprometa 18 informes a la JEP, los primeros en mayo, que en igual dirección marchan las acciones de la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Penal Internacional siga con importante cercanía las ejecutorias de la Jurisdicción Especial.

Nunca en la historia del poder judicial en Colombia se había surtido un proceso más transparente y democrático para la conformación de instancias judiciales, como el que se llevó a cabo para la escogencia de las y los magistrados de la JEP. De hecho, la utilización de criterios de género, etnia y procedencia territorial en la escogencia de esa magistratura es un precedente valioso que debería tratar de extenderse en la Rama Judicial, tan venida a menos por los Pretelt, los Ricaurte, los Bustos y los demás malos.

Los magistrados y magistradas de la JEP, no necesitan ser defendidos, sus hojas de vida y el proceso de escogencia los defiende. Pero la institución debe ser protegida de esta avalancha de hiel y mala leche que se vierte sobre ella. Lo profesional del asunto, en este caso, es la realización de las auditorias que se requieran, la evaluación juiciosa de los objetivos y metas definidas y la introducción de los correctivos necesarios donde hubiere lugar.

En lo que hace a su funcionamiento y contrario a lo que las expresiones periodísticas que se mencionaron al principio y que vuelven profundas discusiones una suerte de “pelea de cafetería”, la Jep, institucionalmente considerada, desarrolla un interesante modelo de despachos judiciales sólidos y competentes y una secretaria ejecutiva fuerte e incidente, fórmula novedosa y creativa.

Pero además y lo que pasa inadvertido en esa tendencia a privilegiar el bochinche al análisis serio, es que hay diversos y numerosos procesos dentro de la JEP, en la Sala de Amnistía, por ejemplo, que marchan a todo vapor.

Al daño causado debe la jurisdicción, a nuestro modo de ver, responder con un contundente esfuerzo pedagógico-comunicativo que permita a la gente del común, y a quienes van a ser sujetos de esa Jurisdicción reconocer en ese novedoso mecanismo, que ya está andando, un poderoso instrumento contra la impunidad y por lo tanto un activo valiosísimo en la ruta hacia la reconciliación que es el fin último de todo el sistema.

Creemos también que la Jurisdicción debe acelerar y hacer realidad a la mayor brevedad posible, algunas de las tareas más visibles y caras a la sociedad como las de la sala de reconocimiento de responsabilidad y le corresponde además, en los tiempos que corren, cerrar el capítulo de esta controversia que banaliza su labor y consume esfuerzos importantes que podrían ser más productivos.

La Corte Constitucional y el Congreso de la República deben a la mayor brevedad tomar las decisiones correspondientes que fortalezcan a la JEP y faciliten su actuación.

A su vez las organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y de defensores/as de derechos humanos que levantan informes y casos deberían a la mayor brevedad entregarlos a la JEP para empezar en ella su trámite. La legitimidad de la JEP es indispensable para la construcción de una paz sostenible y duradera y contribuir a ella una obligación de los demócratas.

Coda 1: Absolutamente necesario depurar al valioso mundo de las ONG de quienes las usan para propósitos corruptos, pero el camino escogido por la Dian para la calificación de méritos, condena a la muerte a muchas ONG importantes por su labor sobre todo en territorios de la Colombia profunda, pero sin los recursos financieros ni profesionales para atender en tan poco tiempo los requisitos que el trámite de calificación exige.

Coda 2: Hay que acelerar la definición del sitio donde continuarán los diálogos del quinto ciclo entre el ELN y el gobierno a fin de que se logre acordar un cese al fuego más robusto que el anterior, antes de la primera vuelta presidencial.

Coda 3: Significativa e incidente tarea la que está desarrollando el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia hacia la construcción de una política nacional en esa materia de la que la cuota inicial fue la firma por parte de todos/as los candidatos presidenciales del Pacto para sacar la violencia de las campañas políticas.

Edición 585 – Semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2018
   
 
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