El desprecio histórico del Estado
por el pueblo del Catatumbo

 

Como lo han reclamado las comunidades y sus organizaciones, se precisa de un gran diálogo de todos los actores del Catatumbo para armonizar la casa y comprometer manos y corazones en la definitiva solución de todos los conflictos y angustias que se viven a diario, en muchos asuntos y desde hace mucho rato. Para algo deben servir los momentos de crisis, se ha dicho y se ha comprobado.

 
Diana Sánchez Lara
 
Directora de la Asociación MINGA, Coordinadora del Programa Somos Defensores
 
 

La crisis que actualmente vive el Catatumbo, no es más que un síntoma coyuntural de la problemática estructural que vive la región desde hace décadas, sin que el Estado colombiano arriesgue algo por solucionarla. Militarizar y militarizar y militarizar, ha sido la fórmula casi exclusiva de los sucesivos gobiernos que han dirigido el país hasta ahora. Para matizar un poco, la administración central también promete, promete y promete grandes inversiones sociales, especialmente cuando las comunidades tienen que recurrir a la movilización y los paros para exigir sus legítimos derechos. Pero esas promesas con los años se convierten en espejismos para la población y los alcaldes, o en ocasionales programas asistencialistas que no solucionan nada de fondo.

Hasta hoy no se conoce en la región una sola propuesta realista, estructural y genuina de sacar al Catatumbo del atolladero histórico en el que se encuentra por parte de la clase política gobernante ni de las instituciones estatales. En cambio sí oportunistamente “se lamentan de sus pobres habitantes” cada vez que los medios registran una agudización de esa crisis humanitaria, y ordenan las consabidas ayudas caritativas como acaba de ocurrir; no sin antes afirmar que todo estaba normal para luego aceptar que el Catatumbo tiene problemas, pero no del momento habría qué precisar.

Porque para el Gobierno Nacional la violencia que hay allí es una violencia que siempre se ha vivido, sea por los grupos armados o por las protestas sociales, señala; es algo natural y no es para preocuparse, y se resuelve con pié de fuerza. Como lo aclaró contundentemente el Senador Alberto Castilla en su intervención en la Asamblea Comunitaria del 22 de abril en el Tarra: La historia no es la misma de hoy, pero si es la continuidad de la violencia que siempre ha estado en esta región, primero la vivieron los Barí y siempre la hemos vivido los catatumberos. Porque violencia es no tener carreteras, violencia es no tener salud, es que exista sólo un médico por cada cinco mil personas de esta región, violencia es que tan solo uno de cada cien que pueda terminar el bachillerato pueda ir a la universidad, violencia es que no tengan precio las cosechas de campesinos y campesinas, violencia es que no haya reconocimiento, respeto y oportunidades para las mujeres,… violencia es negación de la vida y nuestros derechos1.

Basta recordar tan solo unas cifras socio demográficas para graficar esta realidad. En el municipio de El Tarra, el 30% de su población no tiene ningún nivel de escolaridad y sólo el 1.9% ha logrado estudios de nivel superior. En Ocaña el 14.7% de la población se encuentra en estado de analfabetismo. En Convención solo el 3.2% de la población ha llegado a la educación superior y el 29% se encuentra en el analfabetismo. En el Carmen sólo el 1.9% de la población ha podido realizar nivel superior de educación o post grado. En Hacarí (uno de los pueblos más pobres del país) tan sólo el 6.6% de la población logra culminar estudios secundarios. En San Calixto escasamente el 2.4% ha llegado a la educación superior (universitaria o post grado). En la hermosa población de Playa de Belén el 50.4% de la población termina la básica primaria y sólo el 12.3% ha cursado la básica segundaria. En Sardinata, población limítrofe con Cúcuta, sólo el 53.6% logran culminar estudios de primaria y el 16% el bachillerato.

En relación a las vías de acceso lo que se puede decir es que allí no hay vías ni de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Sus vías son prácticamente trochas, que se hacen transitables por la autogestión de las Asociaciones de Juntas, no por la intervención de los gobiernos tradicionales. Ni qué decir de la salud, los servicios de agua potable y alcantarillado, o la alimentación; todo se puede resumir en que el Catatumbo tiene un índice de NBI por encima del promedio nacional.

A lo anterior se suma la estigmatización endémica que cargan sus habitantes, especialmente la juventud, quienes ante el Estado y sociedad colombiana nacen con el sello de ser de una Zona Roja, lo que implica en la Doctrina de Seguridad un tratamiento de orden público. En los últimos años el discurso oficial ha propagado la idea de que su población es narcotraficante y terrorista; y no hace mucho el mismo presidente Santos calificó la región como un “Bronx”. Lo cierto es que los funcionarios públicos departamentales y nacionales no conocen en realidad al Catatumbo, a lo sumo llegan en helicóptero a Tibú o a Ocaña. No lo han recorrido, desconocen el sentir de sus habitantes, su cultura, sus formas organizativas que construyen alternativas de vida, sus ejercicios de gobierno comunitario, sus prácticas de sobrevivencia y convivencia, su creatividad, su espíritu humano, cómo sus Juntas de Acción Comunal se fortalecen para integrar la región alrededor de un buen vivir en medio del olvido estatal.

Incumplimiento a todos los acuerdos

El Catatumbo fue uno de los territorios donde se puso más expectativa para la implementación de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno Nacional y las Farc, dado la importante presencia de ésta en la zona. Pero, además, al dársele cumplimiento a los acuerdos, sería un camino abonado para cerrar parte la conflictividad en esa frontera porosa, alimentada por el narcotráfico que incrementa los cultivos de coca estimadas ahora en más de 25 mil hectáreas, el contrabando de gasolina, tráfico de armas y demás fenómenos ilegales de las fronteras colombianas.

La realidad no ha sido así. La implementación de los acuerdos de paz aún no se siente en la región, no ha habido sustitución de cultivos, el nivel de convocatoria de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDTs solo ha llegado al nivel veredal, pero no así al nivel de los municipios. Así las cosas, la esperanza de estos planes aún está lejana.

Pero no sólo a las Farc el Gobierno y Estado incumplen, al campesinado también. Recordemos la fuerte movilización social por cerca de 2 meses del campesinado en 2013. De aquél pliego de 16 puntos acordado con el campesinado para mejorar algunas condiciones de vida, nada queda, solo el recuerdo de 4 campesinos muertos en la refriega. Y así un largo etcétera desde las movilizaciones de 1998 que provocaron el Plan de Desarrollo Alternativo del Catatumbo, que quedó plasmado en un buen documento preámbulo de la entrada paramilitar de 1999. Ah, por allí archivado se debe encontrar el Documento Conpes 3739 de enero de 2013 “Estrategia de Desarrollo Integral de la Región del Catatumbo”.

Pero ante los evidentes hechos de violencia y crisis humanitaria que padece la región por el enfrentamiento de las guerrillas del ELN y el EPL, y el paro armado decretado por este último grupo, el Gobierno Nacional no sólo se ha quedado corto en atender a la población, sino que ha negado la existencia de la problemática.

Como desde que comenzó la crisis hace cerca de 2 meses, negó el problema, el Gobierno nacional llegó tarde, el 23 de abril, un día después de la gran asamblea comunitaria, y sólo hasta Ocaña -entrar a la región da pánico-. Las respuestas, las obvias: expertos del DNP y un equipo élite del POT pare revisar los proyectos de los alcaldes, a año y medio de terminar mandatos. La creación del Puesto de Mando Unificado, PMU en Ocaña para atender la emergencia y entrar 20 toneladas de comida a la región a través de corredores humanitarios. Retomar de manera urgente los PDTs para en 10 días presentar una ruta abreviada para sacarlos adelante. Examinar “profundamente” qué está pasando con la sustitución de cultivos y retomar los PNIS, lo cual será liderado por la Vicepresidencia. Retomar la situación de infraestructura para lo cual la Agencia Nacional junto con el DNP revisará los proyectos viales. Por su puesto no faltó el aumento del pie de fuerza, como si no fueran suficientes los 12 mil efectivos que hay en la región. Allí se puede decir que hay un militar por cada 23 habitantes, sin contar los militares de los grupos armados ilegales. Realmente es una cifra absurda que contrasta con los médicos en la región, que son más o menos uno por cada cinco mil habitantes.

En fin, nada distinto de lo anterior. Quizás destacar el reconocimiento a la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, conformada por líderes comunitarios, alcaldes, personeros, iglesias y organizaciones sociales.

El enfrentamiento entre el ELN y el EPL

Frente a esta confrontación todo está dicho en medios de información. Es obvio el interés de estos grupos por el control de las rutas del negocio de la coca, la gasolina y la pata de grillo. Hoy, a decir verdad, estos grupos anclados en este territorio, han perdido sus objetivos políticos estratégicos y quedaron atrapados en la trampa económica ilegal, de la cual derivan el sustento de sus ejércitos. Sin embargo, les cabe la pregunta ¿de qué sirven unos supuestos “ejércitos del pueblo” que con tan agresiva disputa territorial y un paro armado como el actual, se van contra la misma población, esa que les dio la vida y les ha prodigado protección en medio de tanta represión? Con estos hechos, pareciera que poco interés tienen en cuidar el escaso margen de legitimidad política que aún les queda. Todavía retumban en los oídos las frases de los dirigentes comunitarios en la Asamblea del domingo 22 de abril “esa guerra no es nuestra, esa guerra es de ustedes, resuélvanla políticamente, pero no involucren a la comunidad”.

Pero más allá de la evidente degradación del conflicto armado, en el fondo de esta tragedia social, gravita la altísima responsabilidad del Estado colombiano, que como ya dijimos, ha engañado a su población con promesas eternamente incumplidas, empujándola cada vez más a una frontera invisible de lo imposible. Una juventud que desde el mismo vientre ha visto a sus padres y madres correr y desplazarse para proteger sus vidas de arsenales legales e ilegales. Una juventud que sabe construir ranchos de madera en cualquier lugar para atemperar de la violencia. Una juventud que nace con la mirada fija en mesas de billar, no hay políticas de recreación distinta; en un cultivo de coca, la yuca no da para comer; en una arruinada cancha de futbol, que tanto aman; en una universidad que nunca ha existido; en un montón de sueños irrealizables.

Recordar que sus comunidades enfrentaron y resistieron como ninguna las arremetidas militares de los años 90. Luego soportaron estoicamente el cerco paramilitar de principios del 2000, que los masacró con el beneplácito del Estados colombiano (lo dicen las sentencias judiciales). Lograron parar los falsos positivos cometidos por el Ejército colombiano contra sus hijos campesinos entre el 2006 y 2007.

Ante este panorama, la realidad es pura y dura y se hereda de generación en generación, convirtiendo a las guerrillas en especies de “Robin Hood” que les salva de la perversidad de un Estado ausente pero represivo cuando se trata de imponer intereses ajenos a la región. No obstante, estos “salvadores” también empiezan a recibir de los habitantes catatumberos, legítimos reclamos que con seguridad les dejará claro quiénes son los dueños históricos del territorio y quiénes mandan en él.

No es la primera vez, ya antes las comunidades catatumberas han ejercido esa misma autoridad frente a la incursión de los grupos paramilitares que pretendieron desplazar y confinar la población en varios momentos; o frente a un Ejército estatal que pretendió sembrar la región de falsos positivos, conminando a sus oficiales de mando a comparecer ante audiencias públicas para reclamarles por qué mataban a sus inocentes hijos y a otros traídos de afuera, como fueron los de Soacha.

El valor del poder popular

Entonces la gente del Catatumbo ha demostrado tener una capacidad de resiliencia en medio de tantas violencias, buscando la cohesión y la articulación desde sus Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas hasta sus expresiones regionales como el Cisca, Ascamcat, MCP y la Asociación del pueblo Barí. Esta difícil coyuntura lo demuestra una vez más. Son ya muchas las concentraciones y movilizaciones en casi todos los municipios reclamando “el Catatumbo es nuestro” y exigiéndole a los armados el respeto a la vida de la población. Es en este proceso que fue conformándose la Comisión por la Vida la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, acompañada por la Defensoría del Pueblo, las Diócesis, Naciones Unidas y varias alcaldías.

La gran Asamblea Comunitaria del pasado 22 de abril realizada en El Tarra, con la presencia de más de cinco mil personas movilizadas desde todos los rincones del Catatumbo que atendieron la convocatoria de la Comisión, asumiendo los riesgos del paro armado, constituyeron la expresión de una extraordinaria fuerza social que le dio legitimidad al encuentro, a sus decisiones y a sus organizaciones. En esta Asamblea se concentraron las memorias de valientes y osadas respuestas a las intervenciones en el territorio y la vida del pueblo catatumbero, para erigirse nuevamente con dignidad y trazar autónomamente como gobierno legítimo de la región, unas líneas que conduzcan progresivamente a la superación de la crisis.

Pero más allá, con una visión de largo aliento consecuente con la lectura integral e histórica de la situación que se presenta, la Asamblea trazó también una ruta que busca proyectar los acumulados sociales y políticos del momento en construir nuevos escenarios que mandaten sobre otros asuntos que están presentes en el contexto de la región.

Por eso frente a la nueva crisis que genera el enfrentamiento entre el ELN y el EPL, es preciso enfatizar que la salida se encuentra solamente en el tejido comunitario del pueblo del Catatumbo. Aquí la salida militar sería totalmente contraproducente en términos de los graves impactos que tal opción produciría, por la extensión y profundidad que la crisis adoptaría, en el presente y el futuro de la región y sus entornos. Tal vez quienes quieren pescar en río revuelto, una situación de violencia generalizada en la que se desarticulen por enésima vez los procesos sociales les resulte conveniente a sus intereses; pero deberían considerar que la voluntad de los pueblos de la región ha terminado siempre sobreponiéndose a las circunstancias.

Como lo han reclamado las comunidades y sus organizaciones, se precisa de un gran diálogo de todos los actores del Catatumbo para armonizar la casa y comprometer manos y corazones en la definitiva solución de todos los conflictos y angustias que se viven a diario, en muchos asuntos y desde hace mucho rato. Para algo deben servir los momentos de crisis, se ha dicho y se ha comprobado.

Es una exhortación que se corresponde con el propósito de muchas organizaciones y sectores sociales del país, quienes desde varios escenarios le apostamos a la participación protagónica de la sociedad en la superación del conflicto armado y la construcción de la paz transformadora de realidades injustas como las que soporta el Catatumbo. Por eso el llamado a respaldar, desde los espacios nacionales e internacionales, esa propuesta de configurar un gran escenario de Diálogo Regional liderado por la Comisión por la Vida la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, que incluya de alguna manera a los armados, con una agenda que resuelva el enfrentamiento que se presenta y sus diversas tensiones, pero que proyecte el futuro que los catatumberos y catatumberas han soñado.

1 http://albertocastilla.org/la-guerra-entre-el-eln-y-el-epl-no-cabe-en-nuestra-casa-paren-ya-esa-guerra-discurso-del-senador-alberto-castilla-en-asamblea-comunitaria/

Edición 585 – Semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2018
   
 
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