La trampa contra Santrich: hecho grave que se suma al incumplimiento y la oposición al acuerdo de paz

 

Santrich se declara inocente de los hechos publicitados que lo involucrarían. En protesta entró en huelga de hambre siendo ya muy delicada su situación médica. Ha declarado que asumirá una defensa política del proceso, pero los demás dirigentes de las Farc lo han llamado para que responda cabalmente ante la justicia y aclare su actuación. Pero “Santrich” persiste en un hecho de resistencia ante la institucionalidad que denomina “por la dignidad”.

 
Álvaro Villarraga Sarmiento
 
Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica,
integrante Fundación Cultura Democrática, catedrático
 
 

El caso que implica judicialmente Jesús Santrich, uno de los principales dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, firmante de los acuerdos, integrante de la CSIVI y representante a la Cámara por este partido político, no es un hecho casual sino resultado de una acción deliberada y preparada. Se inscribe en la cadena de incumplimientos, renegociación del contenido, provocaciones y ataques contra el acuerdo de paz con las Farc – EP. Con este hecho se desata una compleja situación que tiene como punto de partida una trampa contra Santrich, a partir de la cual se le involucra ante la justicia interna y de los EEUU. Y dadas las circunstancias se debilita la credibilidad y posibilidades de la aplicación del acuerdo. Por tanto, es necesario que se aclare con transparencia lo ocurrido y se trate en justicia y con garantías a Santrich, defendiendo el curso del proceso de paz.

Un caso fraguado a partir de una trampa

Es de recordar que ha sido usual que la CIA y la DEA burlen leyes internas e internacionales, combinen lo legal, lo ilegal y la intervención armada y procedan sin respeto de las soberanías nacionales. En las décadas recientes son numerosos los casos en los cuales la DEA recurre a el llamado “entrapment”, es decir al procedimiento de tender trampas para inducir a personas a cometer un delito, de forma que preparan y propician situaciones para documentar determinados hechos para luego capturar, desprestigiar, juzgar y condenar.

Es claro que la DEA organizó en este caso mediante una operación encubierta, de forma que, con apoyo en la infiltración de al menos un agente, se habría montado una dinámica de reuniones en las cuales supuestamente se habría convenido la exportación ilegal de un cargamento de cocaína desde Colombia a EEUU. Sin embargo, tal tipo de exportación no llegó a suceder. “En el caso de Santrich es un delito que ni siquiera se ha cometido aún”1. Sin embargo, se difunde la versión sin pruebas verificadas y contundentes de un presunto compromiso de Santrich con haber aceptado hacer parte de la preparación de tal negocio ilegal, a partir de lo cual se le señala en EEUU el delito de “conspiración para exportación de cocaína”.

El Gran Jurado de la Corte del Distrito Sur de New York, EEUU, emitió una orden de captura con base en los hechos referidos, que se dice tuvieron ocurrencia entre el junio de 2017 y abril de 2018, dando lugar a una circular roja de la Interpol, la cual activó la actuación de la Fiscalía. Este organismo con apoyo en agentes del CTI allanó la residencia de Jesús Santrich (Seuxis Hernández Solarte) en Bogotá y lo detuvo, junto con las otras personas también sindicadas de participar en los hechos.

De tal forma, se habla de un supuesto grupo que habría concertado tal ilícito integrado por Santrich; por Marlon Marín, de quien se dio a conocer que es familiar del excomandante guerrillero y negociador principal de paz Iván Márquez; de Armando Gómez, persona con reconocidos vínculos con el narcotráfico; y de Fabio Simón Younes integrante de una firma de abogados. Supuestamente estarían pactando la venta de diez toneladas de cocaína por un monto de quince millones de dólares. Lo real es que el delito de exportación ilegal de cocaína no se llegó a fraguar, pero sí surge el interrogante sobre si Santrich se habría dejado involucrar en su promoción, por lo cual se reclama la actuación de la justicia.

El abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, puso de presente que no existe una investigación judicial sobre el caso en Colombia, ni en particular contra Santrich. “…la Fiscalía no tiene una investigación seria. ¿Por qué no ha realizado un proceso judicial en Colombia? No hay un proceso contra él y, a partir de eso, empezamos nosotros a evidenciar que eso es un montaje y que efectivamente esas pruebas son un acervo probatorio totalmente mentiroso, ilegal y descontextualizado”2. Por tanto, llama la atención que en ausencia de una investigación judicial que arroje pruebas de soporte, con la sola comunicación de la Interpol que habla del supuesto de ciertos hechos delictivos, el Fiscal General declare sin fundamento ante el país para justificar la captura de Santrich, que existía “evidencia concluyente”.

Entre tanto, Marlon Marín viajó a EEUU en calidad de testigo protegido, bajo señalamientos de tener previos nexos con el Cartel de Sinaloa y adicionalmente, según la Fiscalía, estar involucrado en supuestos hechos de corrupción en complicidad con funcionarios y otras personas, con relación al trámite de proyectos relativos a la aplicación del pacto de paz. Las informaciones indicaron que Marín fue interrogado por la DEA y por la Fiscalía y que decidió negociar con la DEA para hacer supuestas revelaciones y delaciones, a cambio de beneficios judiciales.

“Antes de irse a declarar a Estados Unidos dio nombres de varios alcaldes de Boyacá, la Costa Caribe, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, así como de contratistas, sobre la red que buscaba información privilegiada para quedarse con contratos relacionados con el posconflicto”3.

Discusión sobre la implicación política y jurídica del caso

En tal contexto la primera discusión es sobre la real implicación y dimensión de este caso, puesto que en medio del alto impacto mediático y político causado, se asume como algo probado, cuando es solo un señalamiento que se hace en una petición de la justicia de EEUU, sin que las autoridades nacionales ni las de ese país hayan realizado una investigación y un fallo judicial. Se trataría de un preparativo o una tentativa y no del hecho ilícito al que se hace referencia en todas sus consecuencias como si en realidad se hubiera consumado.

“Nadie se tomó la molestia de explicar que el envío no se dio. La dramatización con el precio en las calles y el peso del cargamento (…) ayudaron a que la audiencia imaginara una operación completamente terminada, exitosa y coronada. (…) Nadie dice que la acusación gringa sea inexistente, pero dado lo general que es el indictament, el caso no pasa de ser un engrapment. Una trampa para inducir un delito (y sacudir unas elecciones)”4.

La segunda discusión es sobre el desconocimiento que se hace al derecho a la presunción de inocencia, de forma que distintas voces dan por hecho también lo que no ha existido, producto de la confusión o de la mala fe, incluidos sectores opositores al acuerdo de paz que se aprovechan para mantener ataques de manera insidiosa contra la Farc y sus integrantes. Buscan así criminalizarlos incluso en su condición actual de partido legal con ejercicio individual y colectivo de ciudadanía, para endilgarles sin beneficio de inventario supuesta responsabilidad en hechos bien no demostrados o bien no ocurridos. De fondo persisten en la negación que hicieron del carácter político de la insurgencia guerrillera y prolongan la posición de criminalización total, extendiendo contra la población excombatientes los señalamientos de delincuentes y narcotraficantes, ignorando incluso el estatus jurídico distinto de su pasado y su presente.

Al respecto, son dicientes las opiniones criminalizantes y desconocedoras de la presunción de inocencia y del debido proceso de varios columnistas de prensa: “Asombra que Jesús Santrich (…) sea o tan criminal o tan bruto, o ambas cosas. Porque después de recibir del gobierno Santos una segunda oportunidad sobre la tierra, resuelve tirársela cuadrando un multimillonario negocio ilegal por el que no solo tendrá que pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos, sino con el que además traicionó al resto de los desmovilizados de las Farc que no estaban en la jugada”5. “El develamiento de las andanzas de “Santrich” es la prueba al canto de que no era un temor infundado el que los guerrilleros siguieran delinquiendo”6.

Incluso, en casos como el análisis de la revista SEMANA se reconoce la celada o la trampa tendida por la DEA contra Santrich, pero a la vez se señala sin que existan pruebas soportadas y verificadas por autoridad competente que Santrich se habría inmiscuido en el negocio ilegal de drogas. “El excomandante de las Farc cayó en una trampa de narcotráfico que le montó la DEA. Lo único seguro de la acusación es que no es un montaje. La DEA le montó una trampa a Santrich, pero este cayó. A él le ofrecieron un negocio ilegal y aceptó. Pero la responsabilidad penal es la misma con o sin trampa”7.

La tercera discusión es sobre la real dimensión del asunto con relación al conjunto del proceso y al propio acuerdo de paz y su implementación. Esto porque sin querer desconocer la importancia y el alto impacto negativo de lo sucedido, a todas luces es un despropósito calificar el hecho como lo más grave que le ha sucedido al proceso de paz de manera general. Se afirma entonces que el señalamiento de un supuesto delito, aunque tenga especial impacto por involucrar a uno de los principales dirigentes de la Farc en su paso a la vida legal, tendría más peso que, por ejemplo: las crisis suscitadas por hechos como el resultado del plebiscito; las rupturas de ceses al fuego declarados; la suspensión de la mesa por el Gobierno cuando un general del Ejército ingresó a zona controlada por las Farc y fue retenido por efectivos de esta guerrilla; los reiterados incumplimientos gubernamentales y estatales en la implementación del acuerdo; las decisiones de la Corte Constitucional y del Congreso que desvirtuaron la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); entre otras situaciones posibles de referir.

Así, distintos sectores refieren equivocadamente este caso como si se tratara de lo más relevante del histórico proceso de paz o como la problemática más grave que lo ha afectado. Situación que a la vez se conjuga y le hace el juego a la tendencia a criminalizar a la población excombatiente amnistiada y acogida al pacto de paz. En tal sentido titularon muchos medios de prensa nacional y regional: “Su captura representa el punto más crítico de la implementación del acuerdo de paz”. “Sin lugar a dudas, esta captura constituye la crisis más grave de todo el proceso de paz con las FARC”8. El propio Alto Comisionado para la Paz Rodrigo Rivera declaró en entrevista de prensa: “Lo de “Santrich” es la prueba de fuego para la paz”9.

En la misma línea el diario El Espectador expresó: “El momento más difícil que haya vivido el proceso con las Farc, desde su inicio hasta hoy, es sin duda la captura de “Santrich”, miembro del consejo político nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (…) su detención ha tenido efectos traumáticos”10. Así mismo lo consignó en nota editorial: “Es el peor momento que puede estar atravesando el proceso de paz…”11. Y el diario El Tiempo editorializó: “Han sido muchos y de toda índole los obstáculos que ha debido sortear el proceso mediante el cual las Farc dejaron las armas y se convirtieron en partido político. Pero ninguno tan complejo como el que supone la detención, con fines de extradición, de “Jesús Santrich” por supuestamente haber incurrido en el delito de conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos con posterioridad a la firma de los acuerdos”12.

Y una cuarta discusión versa sobre la intencionalidad política de aprovecharse de la situación y los hechos desatados. Al respecto, con agudeza los advierte el reconocido cineasta y crítico Lisandro Duque, aludiendo el propósito evidenciado de satisfacer la presión de EEUU ante su presión injerencista por el incremento de los cultivos de uso ilícito en el país y refiere las nefastas consecuencias políticas y hacia la base exguerrillera en proceso de consolidar sus formas de vida, trabajo y actuación en la vida civil, en medio de la ineficacia estatal y gubernamental: “Con este paquete preparado, el fiscal general mataría, además, tres pájaros de un tiro: demostraría al presidente gringo que las Farc continuaban en el negocio de la droga; le pondría el uniforme naranja, con sus respectivas cadenas y grilletes en manos y pies, a uno de los líderes del naciente partido legal exguerrillero, y estimularía una deserción masiva de excombatientes que hoy en día están saltando matojos en los espacios territoriales, sin agua, ni energía, ni escuelas, ni servicios médicos, para enrolarse en las llamadas “disidencias””13.

También es palpable el oportunismo político con el caso. Es así como en medio de tanta impunidad en la justicia colombiana el Fiscal General actúa de forma selectiva, interesada, prevenida y de sindicaciones y ataques frecuentes sin fórmula de juicio contra los integrantes de la Farc. Además, se hace ahora con innegable incidencia en la actual coyuntura electoral de elección presidencial. A propósito, es diciente el cuestionamiento de la periodista Cecilia Orozco, quien interroga sobre la actuación de la DEA y la Fiscalía General con hechos que desde al año anterior se habrían registrado, pero que ahora buscan efectos negativos hacia determinados sectores partidarios de la paz y de la izquierda democrática, a la vez que no se procede de igual manera contra reconocidos capos del narcotráfico y el paramilitarismo, incluso ante situaciones como la de alias Popeye, capturado in fraganti con armas y en reunión con narco-paramilitares buscados por la justicia, de manera que recobra la libertad y no lo afectan por esta situación las diligencias debidas de los aparatos de justicia.

“No deja de ser una curiosa coincidencia que una operación encubierta de la fuerza extranjera DEA en nuestro territorio, habiendo comenzado en junio de 2017 según reza el indictament publicado, se avive solo ahora y de forma tan espectacular, a tan solo seis semanas de celebrase la votación (…) No deja de ser una curiosa coincidencia que Martínez Neira venga amenazando con perseguir y meter a la cárcel a las Farc y que se haya opuesto, con ardor casi enfermizo, a la Justicia Especial de Paz. No deja de ser curiosa coincidencia que la Fiscalía y la DEA (…) sean tan eficaces y ágiles (para) proceder a desbaratar bandas del narcotráfico conformadas por izquierdistas, pero no se ocupen de los narcotraficantes de comprobada militancia en los carteles de la cocaína, como el tal Popeye…”14.

La resolución del caso constituirá un precedente importante

Sobre el caso el presidente Juan Manuel Santos declaró que, si en respeto al debido proceso se confirmaba por la justicia lo señalado, procedería a responder a la petición de extradición de Santrich hecha por un juez de New York, si la Corte Suprema de Justicia daba su visto bueno. Sin embargo, omitió referir que el caso correspondía tratarlo a la JEP y no hizo ninguna referencia a favor del proceso de paz, en medio del impacto negativo que se le ha causado. Luego, en una pronta reunión sostenida entre el presidente Santos con la dirigencia de la Farc para conversar sobre el asunto, el presidente de nuevo se pronunció y acogió la justa demanda de esta agrupación política de población amnistiada, de forma que se pronunció como correspondía demandando el obligado tratamiento del caso de Santrich por parte de la JEP.

Por su parte la JEP tiene en el caso un hecho importante para activar su actuación con diligencia y acierto. Su presidente Patricia Linares ha sido clara al respecto al explicar lo que corresponde en términos de su actuación: “…la sección de revisión debe corroborar y determinar la fecha en la que se produjeron los hechos por los que esta persona fue detenida, y si estos hechos están relacionados, directa o indirectamente, o fueron cometidos en el marco y con ocasión del conflicto armado interno”15. Bien se ha establecido en el acuerdo de paz que las conductas en la guerra son competencia de la JEP pero que, en el caso de los excombatientes de las Farc – EP, si se trata de conductas posteriores al inicio de la implementación del acuerdo, desde diciembre de 2016, éstas deben ser de competencia de la justicia ordinaria.

Si bien todavía no hay un código de procedimiento para la JEP debe surtirse el tratamiento del caso con apoyo en lo ya establecido en el Acto Legislativo No 1 de 2017, que al crear el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición dio vida y reglamentación para la creación y entrada en funcionamiento de la misma JEP. Tiene entonces cuatro meses la JEP para revisar el caso y pronunciarse en consecuencia.

Por supuesto que se aspira bien en la jurisdicción de paz o en la ordinaria al respeto de las garantías y derechos procesales, sobre lo cual hay fundada esperanza en los nuevos entes derivados del acuerdo de paz, pero no así en la justicia ordinaria caracterizada por la impunidad. Además, la Fiscalía General que prácticamente no actúa por una década ante miles de compulsas de copias por graves crímenes del paramilitarismo, procede con arbitrariedad en otros casos. Esto porque basta recordar que capturó en 2017 de numerosos líderes sociales y comunitarios del sur de Bolívar que, tras ser capturados y señalados con supuestas pruebas existentes de tener vínculos con el ELN, tuvieron que ser liberados por ser infundadas. Igualmente, este año capturó bajo el mismo señalamiento a exalcaldes, un exconcejal y un expersonero de Nariño, de manera que también tuvieron que ser liberados al no existir prueba alguna de vínculos con el ELN. En los dos casos se trata de la criminalización de las demandas humanitarias y de paz que hacen las comunidades locales ante el Estado y las guerrillas. En igual comportamiento, la Fiscalía General con gran despliegue y supuestas pruebas capturó a los integrantes de una familia señalada de ser propietaria de supermercados puestos al servicio de las Farc – EP, pero también tuvieron que ser liberados al encontrar el juez inconsistencias y falta de pruebas.

Por eso la gran dificultad en tratar el caso ante la ausencia de una justicia proba, depurada, eficiente y garantista, salvo casos excepcionales y la subsidiaridad que en contados casos logra realizar el sistema internacional de protección. Por tal razón, el reconocido defensor de derechos humanos Gustavo Gallón advierte que resulta gravísima la situación cuando con pruebas débiles se pretende anticipar una condena social ante la opinión pública. “El gravísimo señalamiento hecho contra Santrich contrasta con las cuatro débiles pruebas que se han mostrado a la opinión pública”16. Incluso, razonablemente se recomienda que en el caso obre en seguimiento especial la supervisión y acompañamiento de la comunidad internacional. “Teniendo en cuenta lo que está en juego, sería conveniente agregarle a este proceso una veeduría internacional independiente. Si las pruebas son tan “contundentes” como dice el fiscal y tan “irrefutables” como exige el presidente, un aval de esta naturaleza les daría credibilidad indiscutible a las decisiones, no solo a nivel nacional sino internacional”17.

De todas formas, el caso Santrich deja sentado un reto al Estado por la alta significación que reviste y al proceso de paz por su conexión e impacto directo, de forma que se precisa la vigilancia para que sus resultados se funden en derecho y con las debidas garantías. Y se advierte que de librarse el presunto implicado de los cargos que se le imputan, otra vez, pero de manera muy grave saldrá cuestionada la Fiscalía General y el propio gobierno por sus inconsecuencias. “…si Santrich no acaba siendo culpable, el veredicto de la historia para Santos y el futuro político de Martínez quedaría en entredicho”18.

Posición de la FARC y actitud de Santrich

El caso ha causado mucho impacto al interior de las Farc, especialmente en lo referido a la confianza ante el Estado, el Gobierno y las instituciones de justicia, con referencia a los acuerdos firmados. “Muchos exmiembros de las Farc sienten que también está en riesgo la seguridad jurídica…”19. El Consejo Político Nacional de la Farc llamó a sus bases a mantener el cumplimiento del acuerdo y exigió al presidente Santos y a la JEP que actuara ante el caso como corresponde en cumplimiento de lo pactado. Recordó que la creación de la JEP, habilita según el Acto Legislativo 1 de 2017, en su artículo 19 transitorio, a la Sala de Revisión de su Tribunal Nacional, a verificar su situación20.

Por su parte, el principal líder de las Farc Rodrigo Londoño declaró con acierto: “El partido Farc está firmemente comprometido con el acuerdo, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. La paz de Colombia no está condicionada por los problemas ni las personas que formamos parte de la organización”21. Su alusión fue clara y adecuada, en el entendido de que corresponde a la justicia aclarar la situación de Santrich, de manera que de su caso particular no puede buscarse derivar sin fundamento una implicación de afectación al conjunto de las Farc ni en detrimento de la dinámica de implementación del acuerdo.

Pero también es notorio que se expresan dos matices en dirigentes de la Farc, que no son de fondo contradictorios, sino que pueden armonizarse entre el justo llamado en la condición de civiles en la legalidad a respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad y los propios acuerdos, con todas sus consecuencias, con el también justo reclamo ante las expresiones de arbitrariedad, falta de garantías y maniobras en detrimento del proceso de paz que se evidencian. De tal forma, el principal dirigente Rodrigo Londoño manifiesta con claridad que: “En el momento en que firmamos el acuerdo, aceptamos la Constitución y las leyes, y es nuestro deber actuar ajustados a ellas. Quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias, y ahí difícilmente puede pedirle solidaridad al partido”22. Y por su parte Iván Márquez, quien fue jefe negociador, insiste en la denuncia del caso Santrich como montaje y en protesta se trasladó al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, Caquetá, y anunció que de no producirse la liberación de Santrich no asumirá su curul en el Senado.

Santrich se declara inocente de los hechos publicitados que lo involucrarían. En protesta entró en huelga de hambre siendo ya muy delicada su situación médica. Ha declarado que asumirá una defensa política del proceso, pero los demás dirigentes de las Farc lo han llamado para que responda cabalmente ante la justicia y aclare su actuación. Pero “Santrich” persiste en un hecho de resistencia ante la institucionalidad que denomina “por la dignidad”, la anunciada como “mi última batalla” y declara que no dejaría extraditar. “…nunca he pensado ni pensaré en someterme ni a la venal y corrupta justicia ordinaria, ni mucho menos a una corte yanqui. Eso no va a ser posible jamás (…) Mi batalla es de patria o muerte y es una batalla de gratitud a la vida que a lo que más aspira es a poner en algo la dignidad. Tengo mi frente en alto, tengo mi conciencia limpia, mi espíritu y mi voluntad llegando hasta el mismísimo techo del cielo…”23.

Sin embargo, las propias Farc, todos los actores del proceso de paz, la ciudadanía y la comunidad internacional pueden entender y respetar su actitud, pero también les asiste el derecho a conocer la verdad de lo sucedido, con el compromiso transparente de la actuación de la justicia y del propio Santrich, bien para que sea liberado de tales sindicaciones o, dado el caso, para que tenga que asumir las consecuencias si de alguna forma y en algún grado cayó en la provocación que se le tendió.

1 “Que la paz no se muera en sus manos, presidente”, Patricia Lara, El Espectador, 20 de abril de 2018, página 24.

2 “Prueba de fuego para el Acuerdo de Paz”, redacción política y judicial, El Espectador, Bogotá, 11 de abril de 2018, página 2.

3 “Transparencia con los recursos de la paz”, editorial, El Espectador, 19 de abril de 2018, página 23.

4 “El caso Santrich”, Nicolás Rodríguez, El Espectador, 14 de abril de 2018, página 23.

5 “La traición de “Trichi””, María Isabel Rueda, El Tiempo, 15 da abril de 2018, página 1.17.

6 “Las FARC, ¿vivitas y coleando”, Saúl Hernández, El Tiempo, 17 de abril de 2018, página 1.13.

7 “Santrich: lo que faltaba”, Semana, No. 1876, abril 15 de 2018, página 22.

8 “El proceso contra Santrich”, Felipe Zuleta Lleras, El Espectador, 15 de abril de 2018, página 39.

9 “Lo de “Santrich” es la prueba de fuego para la paz”, entrevista con Rodrigo Rivera, Lorena Arboleda, El Espectador, 16 de abril de 2018, página 2.

10 “Las grietas de la paz”, El Espectador, 17 de abril de 2018, página 10.

11 “Operación encubierta para “Santrich”, redacción judicial, El Espectador, Bogotá, 10 de abril de 2018, página 3.

12 “Crisis y oportunidad”, editorial, El Tiempo, 11 de abril de 2018, página 1.12.

13 “Santrich”, Lisandro Duque, El Espectador, 16 de abril de 2018, página 23.

14 “Porqué “Santrich” sí y “Popeye” no?”, Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, 11 de abril de 2018, página 22.

15 Declaración de Patricia Linares, presidente de la JEP, citado en: “Someterse a la legalidad y sus reglas”, editorial, El Espectador, 11 de abril de 2018, página 22.

16 “Pilatos, siglo XXI”, Gustavo Gallón, www.elespectador.com, 27 de abril de 2018.

17 “Santrich: lo que faltaba”, Semana, No. 1876, abril 15 de 2018, página 23.

18 Ídem, página 23.

19 “Que la paz no se muera en sus manos, presidente”, Patricia Lara, El Espectador, 20 de abril de 2018, página 24.

20 Comunicado de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Bogotá, DC., 10 de abril de 2018.

21 “Caso Santrich: Gobierno y FARC coinciden en seguir lo que dice el acuerdo de paz”, El Tiempo, redacción de paz, 12 de abril de 2018, página 1.2.

22 “Timochenko pide cumplir la ley a su gente”, El Tiempo, 22 de abril de 2018, página 1.7

23 “Nunca he pensado en someterme a una corte yanqui”, entrevista con Jesús Santrich, redacción política, El Espectador, 23 de abril de 2018, página 3.

Edición 585 – Semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2018
   
 
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