Apertura democrática:
entre promesas y actitudes

 

El acoso y el cierre de los escenarios, así como las hostilidades –atenuadas pero persistentes– son una mala seña y hacen poco viable el tránsito de una competencia armada por el poder a una competencia democrática por las instancias, institucionalmente reguladas, que pueden hacer viable la implementación de un programa político.

 
Juan Carlos Arenas Gómez
 
UdeA–IEP–UNSAM–EpyG
 
 

Un principio central de la política democrática es la incorporación del mayor conjunto de intereses bajo la condición de que se respeten tanto las reglas de competencia como los marcos institucionales en que se desarrolla. Concluida la negociación entre el gobierno y las Farc, una de las promesas contenida en los acuerdos desarrollaba este principio, proponiendo abrir el sistema político no solo a la guerrilla desmovilizada sino a otra serie de actores que tuvieran interés de organizarse para participar activamente en la política electoral del país.

Los componentes claves de esta promesa eran tres. En primer lugar, el diseño de espacios para que la guerrilla desmovilizada pudiera continuar la defensa de sus ideales políticos a través de medios institucionales; en segundo lugar, la adecuación institucional para que ciudadanos provenientes de los territorios históricamente afectados por el conflicto tuvieran la posibilidad de llevar su voz y su voto a la Cámara de Representantes; y en tercer lugar, el compromiso de no volver a combinar armas y política, que implicaba la protección de los desmovilizados, la promesa de no volver a apelar a las armas para la defensa de ideales políticos y la garantía para todos los que ejercen la política de que esta actividad no acarrearía riesgos para sus vidas.

¿Qué de esto queda reflejado en las propuestas de los candidatos a la presidencia? Puede hacerse una distinción entre candidatos como Humberto de la Calle, Petro o Fajardo que apoyan sin reticencias el cumplimiento de los acuerdos, frente a otro aspirante como Vivian Vargas Lleras que, a pesar de que afirma que los acuerdos deben cumplirse, ha mostrado reservas frente aspectos importantes como la JEP o las circunscripciones especiales de paz. Por su parte, el candidato del uribismo, y el entorno que lo apoya, ha dicho explícitamente que hará cambios sustanciales en el acuerdo tanto en su componente de tierras como en aquello que denomina elegibilidad política, lo que supone un bloqueo para el acceso a puestos de representación de los principales líderes de la nueva organización política; alega a favor de su propuesta los resultados del plebiscito de 2 de octubre de 2016.

Otra dimensión importante del mismo problema tiene que ver con las actitudes y estrategias de los diversos actores políticos. La primera actitud está marcada por el imperativo ético político de cumplir la palabra empeñada por el Estado: a cambio de la entrega de las armas y la promesa de no volver a delinquir se abren espacios de representación política. Esto supone la realización del principio según el cual no hay que renunciar a los ideales políticos sino a un modo violento de defenderlos. De este modo se justifican las negociaciones que suponen un reclamo legítimo a favor de la representación de ciertos intereses y la apertura de espacio institucional para que estos sean gestionados de modo no violento. Como resulta más o menos obvio, quien mejor expresa esta postura es Humberto de la Calle, pero en ella también se ven reflejados Fajardo y Petro. Todos ellos se han declarado a favor de salidas negociadas de este tipo de conflictos y comprenden que la consecuencia lógica es la apertura de espacios de competencia electoral para los nuevos actores partidistas, incluso si esto supone tener competidores directos en la aspiración por ocupar los principales cargos de dirección del Estado.

La segunda actitud de los candidatos acepta que de este tipo de negociaciones se deriva el acceso a la representación, pero auspician medidas para acotar y, en tanto sea posible, bloquear cualquier posibilidad de que la presencia de los nuevos actores en ámbitos institucionales implique un cambio de rumbo en las políticas defendidas por gran parte del establecimiento. Esta es la actitud característica de Vargas Lleras y de los partidos que lo acompañan. Esta actitud supone una acción sostenida y sistemática para el bloqueo y modificación del contenido de los acuerdos en su paso por el Congreso y otras instituciones del país. La celebración de los resultados de las elecciones parlamentarias del 11 de marzo por parte de Vargas Lleras, junto con Iván Duque y ante un auditorio de empresarios en la costa atlántica, ejemplifica muy bien los rasgos de esta actitud. En dicha celebración advirtió que tales resultados eran una garantía de que la “extrema izquierda” –que para él arranca en Fajardo- quedaba derrotada en el país. Esta aceptación a medias de las consecuencias de la reincorporación política de los excombatientes refuerza un bloqueo más sustancial a cualquier acción que suponga un cambio en la conducción política del Estado.

La tercera actitud es de cierre del sistema político e Iván Duque es quien mejor la encarna. El candidato del CD ha mantenido una posición consistente de cierre del sistema político ante las nuevas alternativas. La consistencia radica en que, dado su juicio sobre la acción armada de los guerrilleros, no supone que de su desmovilización deba derivarse representación política; si la acción armada se juzga como ilegitima, es decir, enmarcada en el narcotráfico y el terrorismo, lo que se sigue de allí no puede ser, según el relato uribista, elegibilidad política. Esta lectura, simplificada y problemática de la confrontación armada en Colombia tiene los antecedentes más cercanos en el gobierno de Uribe, pero está anclada en una larga tradición de exclusión política.

Una última actitud, no exclusivamente de los candidatos, sino propia de sectores más amplios de la política (líderes en los territorios, cuadros de los partidos, senadores y representantes, algunos formadores de opinión y un sector significativo de votantes) está asociada con un asunto de mayor calado: la dificultad para restituir un enemigo demonizado por largo tiempo en el lugar legítimo del opositor, al que no solo se le conceden garantías sino que se le considera una opción legitima de gobierno. Esta tarea indispensable toma tiempo y hay que emprenderla por los mismos canales utilizados para satanizar al enemigo político. La hostilidad, que no se agota en las acciones propiamente bélicas, tiene que ser transformada en un tipo de conflicto que pueda desenvolverse por los canales institucionales. Pero una condición para que ello ocurra es que la nueva fuerza política tenga espacio y suficientes incentivos para permanecer en la legalidad. El acoso y el cierre de los escenarios, así como las hostilidades -atenuadas pero persistentes- son una mala seña y hacen poco viable el tránsito de una competencia armada por el poder a una competencia democrática por las instancias, institucionalmente reguladas, que pueden hacer viable la implementación de un programa político.

Edición 586 – Semana del 4 al 10 de mayo de 2018
   
 
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