Luchar contra la corrupción:
precarios compromisos de campaña

 

Una revisión de los programas de gobierno propuestos por los candidatos muestra que algunas de las propuestas para combatir el fenómeno de la corrupción son reiteradas, especialmente aquellas medidas de corte punitivo. Por ejemplo, prohibir la medida de casa por cárcel a servidores públicos investigados o condenados por hechos de corrupción, el incremento de las penas o mecanismos de delación efectiva, son algunas de las propuestas de De La Calle, Duque, Fajardo.

 
Lida Núñez Uribe
 
Coordinadora Estrategia de Lobbying y Presión política – Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Aunque son muchas las diferencias entre los candidatos a la presidencia, un acuerdo es su compromiso en la lucha contra la corrupción. No podría ser de otra manera, pues no sólo ha sido un tema de elevado posicionamiento y discusión en la opinión pública, sino también uno de los de mayor demanda por parte de la ciudadanía. Y no es para menos no sólo por los escándalos que han sido llamados carteles, de la toga, de los pañales, de la hemofilia, de los locos, entre otros, o hecho tan preocupantes como el de Odebrecht que tiene enredados a partidos políticos y las campañas de Santos y Zuluaga.

La pregunta está en cómo abordar una problema tan complejo, extendido y costoso. La Contraloría General de la República reportó recientemente $9.7 billones de pesos en hallazgos fiscales, cifra que supera el costo anual de la implementación del Acuerdo de Paz, y que equivale a educar 3,4 millones de niños, niñas y adolescentes durante un año a precios de Guainía1, siendo este el departamento con el costo de educación más alto del país.

Una revisión de los programas de gobierno propuestos por los candidatos muestra que algunas de las propuestas para combatir el fenómeno de la corrupción son reiteradas, especialmente aquellas medidas de corte punitivo. Por ejemplo, prohibir la medida de casa por cárcel a servidores públicos investigados o condenados por hechos de corrupción, el incremento de las penas o mecanismos de delación efectiva, son algunas de las propuestas de De La Calle, Duque, Fajardo. Otras medidas en ese sentido son la de extinción de dominio a los funcionarios corruptos, que es una propuesta de Duque y Fajardo; la prohibición para que personas electas popularmente puedan ocupar cargos en otras ramas una vez terminen sus períodos y viceversa, y la creación de un sistema de investigaciones para quienes ejercen magistratura, son propuestas de De La Calle. Otras medidas como la muerte financiera, o la prohibición de contratación con el Estado a los corruptos son propuestas de Duque.

El centro de la propuesta de Vargas Lleras está en hacer una reforma estructural a la justicia para reducir el clientelismo y aumentar la transparencia, propuesta que se complementa con la del tribunal de aforados independiente. Fajardo también propone una reforma a la justicia. Petro, Fajardo y De La Calle proponen diferentes mecanismos de reforma política para hacer frente a la corrupción entre las que se destacan reformar los mecanismos de elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral, prevención de delitos electorales como la compra de votos (“ni un peso por un voto” es el slogan de Fajardo), y la financiación estatal completa de todas las campañas políticas. Duque propone que los dineros privados para las campañas provengan solamente de personas naturales.

En el fortalecimiento de organismos de control coinciden las campañas de Petro y De La Calle. Por el contrario, Vargas Lleras propone la eliminación de las Contralorías Territoriales.

Otra coincidencia general es el incremento de participación ciudadana y el fortalecimiento del control social en la acción del Estado y la gestión pública, aunque con expresiones diferentes, propuestas de Fajardo, Petro y De La Calle.

En la lectura y análisis de las propuestas es especialmente llamativa la ausencia de medidas que involucren al sector privado, salvo aquellas a las que ya se hizo alusión de la muerte financiera o la prohibición para contratar, o la extinción de dominio. Consideramos que el país requiere una mayor comprensión de la participación del sector privado en la corrupción, la comprensión de sus implicaciones, sus intereses, y en concordancia con ello avanzar hacia la definición de medidas de prevención, transparencia, investigación y sanción.

Algunas otras medidas que aparecen las propuestas están relacionadas con la creación de sistemas meritocráticos para cargos públicos, sistemas de información y de rendición de cuentas, o de gestión de presupuestos y gastos del Estado, que no parecieran ser muy novedosas.

Desde diversos lugares de la sociedad civil se ha insistido en la necesidad de mejorar lo existente, es decir en profundizar el compromiso del ejecutivo en la implementación seria del Estatuto Anticorrupción, también en la necesidad de establecer programas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en el Estado, lo que implica que existan instituciones capaces, eficientes y eficaces en todos los rincones de la geografía nacional. También se ha hecho insistencia en que se requieren estrategias que permitan ir transformando paulatinamente las matrices y características culturales que en cierta medida generan la idea generalizada de la corrupción como un mal necesario. Esto debe complementarse con medidas de educación ciudadana para que cada vez más colombianas/os conozcan el funcionamiento del Estado, sus obligaciones, responsabilidades y procedimientos, para que puedan intervenir de manera más directa en la gestión pública, que solo se reduce al control social y la veeduría ciudadana.

1 El tiempo. SF. En línea. Disponible en: “La corrupción creativa se devora el país”.

Edición 587 – Semana del 11 al 17 de mayo de 2018
   
 
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