El modelo económico
en la campaña presidencial

 

En estas elecciones presidenciales están en disputa diferentes visiones sobre el modelo económico. Nos encontramos ante la posibilidad de continuar con lo que se viene haciendo desde la década de 1990 o de plantearnos un cambio de paradigma, una nueva visión a partir de la cual se empiece a revalorar el papel de lo público, a redefinir las fuentes de generación del ingreso nacional desde otra perspectiva sobre la relación con el ambiente y el papel del trabajo y la protección social, al igual que el reconocimiento del rol de las mujeres en la economía.

 
Ricardo Jaramillo
 
Asesor Estrategia de Lobbying y Presión Política Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Antecedentes

Las perspectivas económicas para Colombia mejoran lentamente. De acuerdo con Corficolombiana, “la desaceleración de la economía colombiana tocó fondo en los primeros meses de este año [2017] y posteriormente comenzó una aceleración moderada que esperamos continúe en 2018. En su primera etapa, el choque de términos de intercambio, asociado al fuerte descenso de los precios del petróleo, redujo significativamente el crecimiento de la inversión en 2014 y 2015; posteriormente afectó el desempeño del gasto público por una mayor caída de la renta petrolera en 2015 y 2016; y finalmente debilitó el consumo de los hogares a lo largo de 2016, a través de un aumento de la inflación, las tasas de interés y el desempleo. Sin embargo, la desaceleración del gasto de los hogares, que es el componente de mayor peso en el PIB, se acentuó en [el primer trimestre de 2017] debido al incremento de una sola vez de los impuestos indirectos que ordenó la reforma tributaria de finales de 2016. Desde entonces, el crecimiento de la economía ha mejorado lentamente, lo que sugiere que la desaceleración habría llegado a su fin a comienzos de año y que su desempeño en 2018 sería mejor que en 20171. Como señala el informe, se evidenció la gran dependencia del gasto público en los recursos derivados de actividades extractivas, principalmente el petróleo.

Este asunto se ha abordado en las campañas presidenciales y en diversos análisis a las propuestas de los candidatos, siempre bajo la sombrilla de “propuestas económicas”. Sin embargo, la discusión sobre el modelo económico es más amplia. El objetivo de este artículo es presentar un breve análisis de los programas de gobierno desde esta categoría.

Sobre los modelos económicos

Un modelo económico es más que el conjunto de políticas relacionadas con las variables económicas (políticas monetaria, fiscal, cambiaria, laboral), hace referencia a los arreglos institucionales que buscan “ocuparse de las operaciones de economías reales con el fin de transformarlas, mejorarlas o protegerlas del empeoramiento”2, operaciones que conforman y son definidas mediante “las relaciones sociales de producción, distribución y consumo”3. Esta aproximación implica superar la abstracción originaria que, según Bourdieu, sustenta a la disciplina del conocimiento que denominamos Economía, “consistente en disociar una categoría particular de prácticas del orden social en que está inmersa toda práctica humana […]. Esta inmersión obliga a pensar cualquier práctica, empezando por aquella que se da por ‘económica’, como un ‘hecho social total’”4.

Desde esta perspectiva, la CEPAL recientemente señaló: “En los últimos 30 años se registraron profundas transformaciones en el modelo de desarrollo económico y las formas institucionales que, durante el período de posguerra del siglo pasado, cimentaron un sostenido progreso económico y social, sobre todo en el mundo desarrollado. La crisis de los años setenta marcó un punto de inflexión que en América Latina fue potenciado por el estallido de la crisis de la deuda, que dio inicio a un período denominado la “década perdida” —en función de los indicadores económicos— pero que coincidió, en muchos casos, con la recuperación de los regímenes democráticos. En ese contexto, los avances en materia de derechos civiles no estuvieron acompañados por las mejoras necesarias en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La legitimación de la democracia como la mejor manera de aumentar el bienestar de la población y la cohesión social continúa planteando desafíos. La búsqueda de una sociedad más cohesionada e integrada territorialmente, con pleno acceso a los servicios sociales para toda la población, es aún una asignatura pendiente. En la gran mayoría de los países latinoamericanos existen altos niveles de pobreza y desigualdad, que plantean fuertes tensiones entre la expansión de la democracia y la economía, la búsqueda de la equidad y la superación de la pobreza”5.

La aproximación al modelo económico implica considerar al menos tres dimensiones: el papel de lo público y del Estado, los componentes que se priorizan para la generación del ingreso nacional (PIB) y las políticas relacionadas con la superación de las brechas de género y el reconocimiento de la economía del cuidado. Estas dimensiones se articulan en matrices de políticas públicas que pueden privilegiar alguna sobre las otras. Como aproximación conceptual esta perspectiva tiene sesgos y vacíos. En relación con lo primero, supone que la conformación de las relaciones sociales de producción, distribución y consumo están principalmente definida por políticas nacionales, en un enfoque top-down. Frente a lo segundo, no contempla herramientas para reconocer las construcciones sociales y comunitarias construidas sin el Estado o de manera paralela a él, asunto central en un contexto como el colombiano en el cual el Estado no ha logrado llegar a toda la nación por falta de interés y capacidad6 o ha sido reemplazado en sus funciones por otros grupos, en dinámicas de construcción de contrapoderes7.

La Constitución Política de 1991 diseñó una democracia centrada en el goce efectivo de derechos y la preponderancia de la participación ciudadana, pero en términos económicos sentó las bases para un modelo basado en el fortalecimiento del papel del mercado en las relaciones de producción, distribución y consumo, en particular la apertura a los mercados internacionales y la creación de entidades de vigilancia y control, dejando al Estado con una función principal de gendarme y con un modelo basado en la descentralización política y administrativa. Se priorizó la comercialización de bienes primarios y de servicios, por encima de las apuestas relacionadas con industrialización.

Con respecto a las matrices de políticas públicas, las de los gobiernos de Álvaro Uribe (2002 – 2010) se resumen en sus tres huevitos: seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista. En los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010 – 2018) la matriz estuvo dada por las “locomotoras”: infraestructura, agricultura, vivienda, minería, e innovación, aun cuando en su segundo periodo el plan nacional de desarrollo se refiera a paz, equidad y educación.

En estas elecciones presidenciales están en disputa diferentes visiones sobre el modelo económico. Nos encontramos ante la posibilidad de continuar con lo que se viene haciendo desde la década de 1990 o de plantearnos un cambio de paradigma, una nueva visión a partir de la cual se empiece a revalorar el papel de lo público, a redefinir las fuentes de generación del ingreso nacional desde otra perspectiva sobre la relación con el ambiente y el papel del trabajo y la protección social, al igual que el reconocimiento del rol de las mujeres en la economía. Todo esto con la necesaria construcción de una matriz de políticas desde la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Como anexo a esta edición del Semanario Virtual Caja de Herramientas, se encuentra el análisis de cada una de las propuestas desde la categoría de modelo económico, les invitamos a consultarlas. Propuestas sobre modelo económico en las Campañas Presidenciales 2018.

1 Corficolombiana [2017]. Perspectivas económicas Corficolombiana 2018. Proyecciones económicas: Despacito. Bogotá D.C., p. 10.

2 Hobsbawmn, Eric [1980]. “Historiadores y Economistas”, en Sobre la Historia. Barcelona, Editorial Crítica. 1998, p. 109.

3 Sweezy, Paul [1942]. Teoría del desarrollo capitalista. México D.F., Fondo de Cultura Económica. 1ª edición en español: 1945, 9ª reimpresión, 1977, p. 13.

4 Bourdieu, Pierre [2000]. Las estructuras sociales de la economía. Buenos Aires, Ediciones Manantial. 1a edición en español 2001, 1a reimpresión, 2002, p. 15.

5 CEPAL [2018] Panorama fiscal de América Latina y el Caribe. Los desafíos de las políticas públicas en el marco de la Agenda 2030.  p. 79

6 Ver al respecto: Serje, Margarita [2005] El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Bogotá D.C., Universidad de Los Andes.

7 Ver, por ejemplo: Aguilera, Mario [2014] Contrapoder y justicia guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952 – 2003), Bogotá D.C., IEPRI-DEBATE-Universidad Nacional de Colombia & García Villegas, Mauricio (dir.). [2008] Jueces sin Estado. La justicia colombiana en zonas de conflicto armado. Bogotá D.C., Siglo del Hombre Editores.

Edición 588 – Semana del 18 al 24 de mayo de 2018
   
 
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