Las víctimas en el debate presidencial

 

Revisando las propuestas de los candidatos, es posible afirmar que el de las víctimas es un tema al que se le ha dado poca relevancia en el debate, en general, los aspirantes más opcionados a la presidencia, se refieren a asuntos de empleo o productividad para las víctimas, sin embargo, se encuentran disímiles enfoques y niveles de prioridad para las víctimas.

 
Leidy Johanna Sanjuan
 
Asesora Estrategia de Lobbying y Presión Política Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

En el actual debate presidencial existe un tema de vital importancia para Colombia y su futuro, las víctimas. Cerca del 10% de la población colombiana es víctima del conflicto armado (8.376.463 según el Registro Único de Víctimas), es decir que diez de cada cien personas en el país, han vivido la tragedia que significa la violencia. En ese sentido, la construcción de la paz, la democracia y la convivencia debe hacerse con estos colombianos y colombianas y el próximo presidente del país, debe advertir el compromiso con las víctimas en su gestión.

Revisando las propuestas de los candidatos, es posible afirmar que es un tema al que se le ha dado poca relevancia en el debate, en general, los aspirantes más opcionados a la presidencia, se refieren a asuntos de empleo o productividad para las víctimas, sin embargo, se encuentran disímiles enfoques y niveles de prioridad para las víctimas, veamos:

Humberto De la Calle: Replantearía el énfasis de las políticas dirigidas a distintos grupos poblacionales, buscando superar las medidas asistenciales para escalar a políticas que partan del empoderamiento de los sujetos y que apunten a una mayor productividad de estos en la sociedad. Para esto, propone la puesta en marcha de mecanismos que aporten generar ingresos incluyentes, apoyo financiero desde el Estado y también proveniente de capital privado, especialmente para que las mujeres desvinculadas del mercado laboral, dedicadas a labores del cuidado, puedan usar su tiempo de manera productiva y obtener beneficios económicos. Expresa claramente su compromiso con el desarrollo de los acuerdos de paz, lo que significaría una garantía de avanzar, por lo menos en lo pactado.

Iván Duque: Ante la pregunta por las víctimas, se centra en la formalización del trabajo y en la mejora en la calidad del empleo mediante beneficios tributarios a los empresarios, que busca que el aparato productivo se disponga a contratar, con algunas condiciones de calidad, si recibe un beneficio económico a cambio. Vale señalar que, en el conjunto de sus propuestas, las garantías de derechos para las víctimas no parecieran tener un lugar significativo, máxime teniendo en cuenta sus serios cuestionamientos a los acuerdos de paz y la institucionalidad que de éstos se deriva.

Sergio Fajardo: Sus propuestas para las víctimas se refieren al empleo incluyente y están enmarcadas en la institucionalidad ya dispuesta, asunto que podría significar la continuidad de las acciones actuales. Contempla también procesos de formación y entrenamiento que apoyen la inserción de las víctimas al mercado laboral.

Gustavo Petro: Contempla acciones enfocadas en esta población en específico en el marco de un programa de construcción participativa para el desarrollo pleno del trabajo dirigido a jóvenes y hacia el fortalecimiento de las políticas de primer empleo. Hace una propuesta de estímulos económicos para el trabajo de las mujeres en el cuidado de sus familias, enfermos, adultos mayores y la protección de la naturaleza. Expresa compromiso con las víctimas en el marco de lo desarrollado en los acuerdos de paz.

Vargas Lleras: El candidato tiene como propuesta priorizar al empleo en cuento política social con un programa que mejore las competencias para obtener un trabajo. Como parte de esta política, busca mantener los programas de transferencias condicionadas, incluyendo a las buenas prácticas laborales como una de las condiciones para beneficiarse de estas iniciativas. Vargas se refiere en general a la población vulnerable del país, sus propuestas podrían concretarse en cuanto a los problemas de empleo de grupos poblacionales específicos, tales como las víctimas. Su compromiso con el desarrollo de los acuerdos de paz, y en este marco, el SIVJRNR, ha sido ambiguo, lo cual puede interpretarse como una posible poca voluntad política para con las víctimas.

Vale señalar que el próximo presidente de Colombia requiere implementar políticas públicas fuertes para las víctimas, principalmente, la reforma del sistema de atención y reparación a víctimas contemplado en la Ley 1448 de 2011, para lo cual se hace necesario y urgente:

- Garantizar fuentes de financiación para los programas de atención y reparación a las víctimas, fortalecer la gestión de recursos y reorganizar el gasto público, esto debería ser el resultado de una real voluntad política de garantizar los derechos de las víctimas.

- Transformar el enfoque, pasando de aquel basado en medidas humanitarias, principalmente asistencialista, hacia uno centrado en el empoderamiento de las víctimas individuales y colectivas y en la búsqueda de la reconstrucción de su ciudadanía.

- Fortalecer internamente la institucionalidad del SNARIV, garantizando su transparencia, capacidad técnica y el equilibrio de las asimetrías propias del desarrollo en los territorios. Adicionalmente se requeriría reorganizar las interacciones de las entidades responsables de garantizar los derechos de las víctimas.

- Fortalecer la protección de las víctimas. Esto exige la transformación hacia un enfoque más colectivo y territorial y el reconocimiento de medidas de protección desde las mismas comunidades.

- Se requiere garantizar la participación activa de las víctimas en todas las etapas de la política pública, su representatividad y garantías para que cualquier víctima pueda ser sujeto en los espacios de decisión.

- Garantizar la sostenibilidad de los procesos de restitución de tierras y el desarrollo rural integral, además de los planes de desarrollo con enfoque territorial para la equidad en el campo, la atención con enfoque diferencial y el desarrollo de programas que garanticen la inclusión de las víctimas en procesos de inclusión económica.

- Priorizar acciones de restitución colectiva, en este sentido es necesario que el “próximo Gobierno se comprometa con realizar esfuerzos reales y enfáticos para garantizar la contribución de los perpetradores, determinadores y beneficiarios de las violaciones en la reparación, particularmente en la ejecución territorial de medidas como tránsito legítimo y concertado con las víctimas, de una reparación estrictamente individual a una de carácter colectivo con garantías de satisfacción de derechos en su dimensión territorial y comunitaria […] En este contexto, la política administrativa de reparaciones colectivas debe ser transformada estructuralmente para articularla con los nuevos escenarios de resarcimiento y dar cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos por administraciones anteriores con diversidad de sujetos de reparación colectiva que accedieron a dicha ruta con la confianza legítima de ver reparados los daños colectivos sufridos1.”

- Se requiere generar garantías de representación política de las víctimas, para lo que debería ser condición, la creación de circunscripciones especiales de paz mediante las cuales puedan promover su visión política.

En este sentido, resulta prioritario que el próximo presidente impulse tres acciones fundamentales:

1. Adelantar la reforma a la ley 1448 y evidenciar su compromiso político con las víctimas, asignando el presupuesto necesario y garantizando que la reforma que se adelante pueda ser el marco para garantizar efectivamente los derechos de las víctimas, entendidas como sujetos de derechos.

2. Comprometerse con las víctimas en su dimensión colectiva, de esta manera lograr el restablecimiento de sus derechos, reconstruir el tejido social afectado por la guerra y generar verdaderos impactos sociales y políticos para el país. Este tema, que de manera directa aporta a la reconstrucción de procesos sociales no puede seguir pasando inadvertido.

3. Ejecutar mejores políticas para frenar las dinámicas que cotidianamente siguen produciendo víctimas, esto es, impulsar los esfuerzos para lograr acuerdos de paz con el ELN y de manera decidida avanzar en el desmantelamiento de grupos paramilitares y herederos de los paramilitares.

1 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES. Llamado a las y los precandidatos y candidatos a la presidencia para que respondan prioritariamente a la agenda de víctimas. Mayo de 2018.

Edición 588 – Semana del 18 al 24 de mayo de 2018
   
 
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