Apuntes sobre el tema de apertura
política en la reciente campaña presidencial

 

La razón por la que el tema de la apertura política y democrática haya pasado a un segundo plano en las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, puede radicar en que la postura de cada uno de los candidatos respecto al Acuerdo Final recoge un proceso aún en marcha de implementación de medidas que persiguen dicha apertura.

 
Jorge Andrés Varela Yepes
 
Catedrático Universidad EAFIT, Coordinador de Antioquia Visible
 
 

Propuestas de gobierno y apertura política1

La apertura política, tema fundamental para la construcción de la paz que tanto anhelamos, es asumida de manera fragmentaria e incompleta en las propuestas de los candidatos a la presidencia. Más allá de las políticas públicas sectoriales y las propuestas específicas de los mecanismos para realizarlas, el debate profundo sobre el modelo político que caracterizaría a cada uno de los posibles gobiernos que ellos representan como candidatos se encuentra rezagado. Así, por ejemplo, entre los descargables de las propuestas de la campaña de Vargas Lleras no hay ni una que se refiera a una posible reforma política, como tampoco la hay respecto a una propuesta de inclusión política de minorías o de movimientos sociales. En el caso del candidato del Centro Democrático, Iván Duque, sus propuestas políticas las agrega bajo el inapropiado rótulo de “Justicia”, aunque su formulación es en exceso general y no hay ninguna indicación de cómo logrará llevar a cabo sus propuestas. Se trata, sin más ni más, del triunfo de las políticas tecnocráticas particulares que escasamente dan cuenta de un proyecto a largo plazo de construcción permanente de nación y de ejercicio de ciudadanía.

La razón por la que el tema de la apertura política y democrática haya pasado a un segundo plano en sus propuestas puede radicar en que la postura de cada uno de los candidatos respecto al Acuerdo Final recoge un proceso aún en marcha de implementación de medidas que persiguen dicha apertura. Como ha quedado registrado en los debates televisados, de aquellos candidatos que puntean en las encuestas, únicamente Iván Duque ha mostrado rechazo a lo alcanzado en éste. Sin embargo, la pobreza del debate ha sido tal en cuanto a apertura democrática que dichas diferencias con el Acuerdo Final han girado en torno al problema del paso previo de los antiguos cabecillas de las Farc por el sistema judicial antes de su ejercicio político. El acuerdo, empero, toca más temas respecto a la necesaria apertura que no han sido referidos por los candidatos en sus propuestas oficiales y que, en caso de no implementarse de manera adecuada, ponen en riesgo lo acordado en el punto 2 y, de paso, ponen en riesgo todo lo alcanzado por el proceso de paz. Entre ellos se encuentran la puesta en marcha del estatuto de oposición, las garantías de seguridad para el ejercicio de la política, garantías políticas para movimientos y organizaciones sociales, garantías para la movilización y la protesta pacífica, entre otras.

No se trata de un asunto menor. Trabajos académicos recientes2 han recordado la importancia de que las instituciones políticas tengan un carácter inclusivo para poder generar las condiciones necesarias de prosperidad económica y social. No se trata, entonces, de crear únicamente los incentivos económicos necesarios para integrar grupos poblacionales históricamente segregados por el mercado laboral y, por tanto, históricamente marginados de unas condiciones mínimas de vida digna. Esto, por supuesto, es fundamental, pero no suficiente. Toda política de incentivos económicos debe ir acompañado de incentivos de las instituciones políticas para generar formas más profundas de representación política de dichos grupos y de su ejercicio de ciudadanía.

La propuesta de Gustavo Petro hace mayor énfasis el problema de la apertura política. De entrada, ésta reconoce la necesidad de “potencias las voces” de las minorías históricamente marginadas de la toma de decisiones políticas y propone un conjunto de puntos generales para superar dicha marginación. Hace énfasis, además, en el carácter territorial de dicha marginación, aspecto que, como veremos más adelante, es fundamental para cualquier intento de apertura democrática en el país. No menos significativo es que su programa recoja el problema de la efectividad de la representación política del sistema imperante, resaltando la necesidad de establecer diálogos con sectores comunitarios, gremiales, sindicales, de movimientos sociales, y planteando las dificultades del sistema electoral vigente. Igualmente señala las garantías para la movilización y la protesta, tema que resurgió en la opinión pública bajo el gobierno actual. Estas propuestas, sin embargo, son más bien enunciados abstractos que falta aterrizar de manera precisa.

En algunos casos muy particulares, las propuestas de los diferentes candidatos coinciden en resaltar no solamente la necesidad de generar incentivos económicos sino también de participación para minorías políticas. Tal es el caso de la política focalizada en la mujer. Candidatos tan diversos como Vargas Lleras, De la Calle o el mismo Fajardo reconocen que no se trata únicamente de brindarles oportunidades laborales sino de ampliar su rango de acción en el sistema político. Fajardo, por ejemplo, propone una distribución equitativa en términos de género de los altos cargos del Estado. Por su parte, De la Calle propone la creación de una Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el fomento de mecanismos en los partidos políticos para la promoción de la participación política de la mujer. Vargas Lleras, por su parte, propone la creación de un Viceministerio de la Mujer. No pasa lo mismo con otros sectores marginados. No pasa así, por ejemplo, con el campesinado. Si bien es tema central el desarrollo rural en las diferentes propuestas, no reconocen la necesidad de abrir el sistema político a un sector que, dadas las relaciones de patronazgo y clientelismo local y regional, no termina por constituirse en sujeto político.

Las propuestas de reforma política también brillan por su ausencia. El candidato Iván Duque recoge algunos de los temas que han venido siendo discutidos por la opinión pública en los últimos meses como, por ejemplo, la limitación del número de períodos que una persona podrá hacer parte de un cuerpo colegiado de elección popular, el tema de la financiación de las campañas, entre otros. Pero, de nuevo, su formulación es en extremo general, fragmentada, y no hacen parte de una política integral de reforma política ni de apertura democrática. La candidata Viviane Morales, por su parte, agrega sus propuestas de reforma política a través del eje de recuperación de confianza en las instituciones. En algunos casos, empero, cae en fórmulas generales sin mayor contenido. Por ejemplo, propone que impulsará una reforma electoral y que avanzará en la eficiencia de la administración pública y del gasto público sin entrar en los detalles de estas.

Resalta, sin embargo, la importancia que se da al tema de la lucha contra la corrupción en todos los candidatos. Es en este tema particular donde parecen entrar algunos de los componentes fundamentales de una eventual reforma política. Todos ellos hacen énfasis en romper con las estructuras clientelistas que han redundado en el aumento de la corrupción y en la deslegitimación del sistema electoral. De lograrse tal aspecto, habremos, sin duda, avanzado por el camino de la apertura política.

Autoritarismo subnacional y apertura política

En Colombia no es extraño que familias o castas políticas dominen la vida política de los diferentes departamentos. El caso más visible durante los últimos meses ha sido el del Departamento de Córdoba, donde las relaciones familiares de congresistas y gobernadores han desatado los niveles de corrupción debido al uso de los recursos públicos para la financiación de campañas y para el enriquecimiento ilícito. A pesar de la persecución por parte del sistema judicial de las cabezas de estas castas familiares, usualmente logran mantener su poder político por interpuesta persona. Tal es el caso, usualmente, de la reelección de diversos familiares de parapolíticos con el apoyo de las maquinarias políticas.

Este fenómeno de cierre del sistema político regional alrededor de una casta particular es lo que la disciplina de la Ciencia Política ha denominado autoritarismo subnacional. Usualmente, éste puede coexistir con un régimen democrático nacional sin problema alguno. De hecho, en ocasiones, como es el caso colombiano, el gobierno nacional requiere el apoyo político de aquellos que detentan el poder político regional para asegurar la gobernabilidad, razón por la cual no existen incentivos para el gobierno nacional que lleven a romper con dicha dinámica de cierre regional del sistema político. Por el contrario, ha sido alimentado a través del clientelismo y de la llamada mermelada, de tal manera que la influencia política nacional de dichas castas y élites autoritarias subnacionales se ha solidificado, al igual que su cooptación de los vínculos institucionales entre lo local y lo nacional, aspectos fundamentales para E. Gibson3.

Estos autoritarismos regionales pueden manifestarse de manera violenta. Así ha sucedido, por ejemplo, en La Guajira. Es paradigmático el régimen de terror implantado por el político conocido como Kiko Gómez, que llegó a ostentar la gobernación del departamento. Este oscuro personaje ha sido señalado por vínculos con BACRIM y por el asesinato de contradictores políticos. No es, por supuesto, el único caso. El asesinato de periodistas locales y regionales que se enfrentan a estructuras políticas territoriales continúa siendo una preocupación mayúscula para el Estado colombiano, así como el asesinato de líderes sociales o de restitución de tierras.

Para romper con esta dinámica, es necesaria la intervención del Estado central. En el contexto de posconflicto e implementación del Acuerdo Final, la ruptura de los autoritarismos subnacionales es un paso fundamental de apertura política y de legitimización de las instituciones. Por tanto, debería ser un eje fundamental de las propuestas de los candidatos presidenciales.

Como se dijo anteriormente, la ruptura con el clientelismo es el eje principal de la lucha contra la corrupción en los planes de gobierno de los candidatos. Llevarlo a cabo es fundamental. Sin embargo, esta política debe ir acompañada de la territorialización de políticas públicas que fomente fomenten prácticas democráticas, la participación política de sectores marginados y el ejercicio libre y responsable del voto. El reto es pues mayúsculo.

1 Las propuestas de los candidatos fueron tomadas de sus respectivas páginas web oficiales.

2 Daron Acemoglu y James A. Robinson, Why Nations Fail, New York: Crown Business, 2012.

3 E. Gibson, “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control politico en regímenes democráticos”, en: Desafíos (Bogotá) (14): 204-237, semester I de 2006, pp. 204-237.

Edición 589 – Semana del 25 al 31 de mayo de 2018
   
 
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