Si gana, no la tendrá fácil

 

El plebiscito por la paz demostró, y las campañas por la presidencia lo han ratificado, que este país se debate entre las ideas conservadoras de un deber ser, sujeto a dogmas de algunas iglesias, y el reconocimiento de la libertad e igualdad plena del sujeto para realizar su proyecto de vida en estricto respeto del de los demás.

 
Fernando Valencia Rivera
 
Abogado, docente universitario y director de Conciudadanía
 
 

La competencia por la Presidencia de la República deja un ambiente político bastante polarizado y expone temas polémicos y fundamentales como el extractivismo, los acuerdos de paz, la política tributaria y el libre desarrollo de la personalidad. Esta situación, sumada a la composición del recién elegido Congreso y a las nuevas normas sobre su relación con el gobierno hace prever que el próximo presidente, sea quien sea, deberá enfrentar una fuerte oposición política y ciudadana.

En cualquier Estado las cosas se resuelven por la correlación de fuerzas, según el punto de equilibrio que logre la tensión existente entre los diferentes poderes, representantes de una diversidad de intereses en la economía, la sociedad y la política de la nación. El mayor o menor grado de democracia está directamente relacionado con la posibilidad de que esas diversas miradas de país participen efectivamente en la toma de decisiones, de que el poder esté distribuido en múltiples actores de forma tal que se evite su excesiva concentración y la configuración de regímenes autoritarios.

El ejercicio de poder político puede ir cerrando o expandiendo las condiciones para la democracia; en buena medida ha sido eso uno de los factores determinantes en la existencia y la resolución del conflicto armado en nuestro país, y es precisamente por lo que Colombia se aboca al reto de producir una apertura democrática que consolide la reconciliación y el anhelo de una política sin violencia.

En tal sentido, puede advertirse que el próximo gobierno deberá encarar los retos que supone la entrada en vigencia del estatuto de la oposición, el auge en la participación ciudadana y los gobiernos territoriales en la decisión de las industrias extractivas y los recursos del territorio, las nuevas figuras de integración en regiones y provincias, así como la creciente expresión de diversidad e inclusión que van ganando las personas históricamente desconocidas por valores conservadores, acumuladores y patriarcales.

La fórmula que ocupe el segundo lugar en las elecciones pasará a encabezar la oposición en el parlamento, y además de contar con un importante caudal de seguidores podrá propiciar alianzas frente a esos temas de gran impacto. Como ya hemos visto la histórica práctica de corromper mediante prebendas la voluntad de los legisladores para conformar bloques decisorios que aprueban o niegan sin consultar el bien común, tocará esperar a que quien quede en minoría sepa acudir al respaldo ciudadano para defender los intereses colectivos y dignificantes de la humanidad, para lo cual será necesario fortalecer el tejido de participación ciudadana, cualificándola para la acción política sobre la gestión de los parlamentarios.

La consulta a las poblaciones, particularmente, aunque no de manera exclusiva a las minorías étnicas, sobre el uso de los recursos de sus territorios, como medida cada vez más vinculante a partir de las decisiones de la Corte Constitucional y de las acciones desatadas por habitantes y autoridades de las localidades, plantea también un importante reto para el nuevo gobierno. Tal como ha quedado expreso en las campañas políticas, las propuestas van desde reconocer esa autonomía como expresión soberana hasta eliminarla por la vía del recorte a las consultas Previa y Popular, y de sanciones a los gobiernos territoriales; lo que devendría en la implementación forzosa de explotaciones y construcciones que aportaría a la permanencia y agudización de los conflictos.

La creciente movilización social por la gestión sostenible de los recursos del territorio y la definición democrática de los modelos de desarrollo hacen parte del proceso de descentralización dispuesto por la constitución política, y en tal propósito los entes territoriales vienen conformando figuras administrativas que les permita formular modelos de desarrollo territorial. Las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y las Provincias Administrativas y de Planificación (PAP) están siendo implementadas y demandan el desarrollo legislativo para adquirir mayor autonomía política, técnica y administrativa, con lo que el gobierno central se vería abocado a la negociación de sus proyectos.

Estos dispositivos de integración supramunicipal son además una herramienta indispensable en la administración ambiental y en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y en todo caso van a requerir de efectivos dispositivo de planificación participativa y control social.

También se ha develado una fuerte puja en la forma de financiar el funcionamiento y los programas del Estado, donde es evidente la necesidad de ajustes tributarios. Este tema brinda la oportunidad para vincular la población a los ejercicios de presupuesto participativo, de veeduría, de manejo de las regalías, de comprensión de funcionamiento del Estado y de los dispositivos tributarios como medio para garantizar la progresividad en la redistribución de la riqueza nacional.

No menos importante será la puja por el espectro de garantías que configuran la democracia de género y el libre desarrollo de la personalidad. El plebiscito por la paz demostró, y las campañas por la presidencia lo han ratificado, que este país se debate entre las ideas conservadoras de un deber ser, sujeto a dogmas de algunas iglesias, y el reconocimiento de la libertad e igualdad plena del sujeto para realizar su proyecto de vida en estricto respeto del de los demás.

El Capitolio y las plazas estarán llenas de expresión, en un rico debate que permitirá elevar la cultura política y la participación ciudadana, siempre y cuando le apostemos a la apertura democrática y se brinden las prometidas garantías para la oposición y la movilización social; también pudiéramos asistir a un escenario de represión e imposición autoritaria o corrupta, donde los únicos ganadores serían los agentes de la ilegalidad y el beneficio particular.

Edición 589 – Semana del 25 al 31 de mayo de 2018
   
 
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