¿Es relevante la participación ciudadana
para los candidatos presidenciales?

 

Un presidente que reconozca y priorice la participación ciudadana debe por supuesto, reconocer, garantizar y salvaguardar los mecanismos e instancias institucionales y formales de participación, pero además tener una puesta de construcción de abajo hacia arriba, fortaleciendo la planeación y la presupuestación participativa.

 
Cristhian David Paris González
 
Asesor Estrategia de Lobbying y Presión Política – Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

La participación ciudadana no es uno de los temas relevantes en la agenda pública, sin embargo, es un tema fundamental para la construcción de paz, por esto preguntarse sobre como la entienden los candidatos presidenciales es esencial para escoger un candidato que priorice la paz, el respeto de derechos y libertades y por supuesto, que promueva el diálogo y la participación ciudadana.

La participación es un derecho fundamental, consagrado en la constitución de 1991 y reglamentado ampliamente por la ley 1757 de 2015 sobre participación democrática que ofrece un marco institucional y de política para propiciar la participación ciudadana en las decisiones públicas. Igualmente, la participación ciudadana está estrechamente relacionada con la reivindicación de la autonomía por parte de organizaciones y movimientos sociales para definir sus apuestas, las rutas y los repertorios de su acción y las modalidades de relación con otros actores, incluido el Estado.

En nuestro país hay mecanismos de participación e instancias de participación. Los primeros dan la opción de ejercer el derecho a participar del poder político, entre los mecanismos de participación se encuentran el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

Los segundos son espacios de interlocución permanente, con diferentes niveles de incidencia, entre la ciudadanía y el Estado, respecto a temas específicos de la gestión pública, creados por una norma nacional, regional o local. Así pues, son un conjunto de acciones mediante las cuales los ciudadanos pueden incidir en las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos. Tienen como finalidad aumentar la efectividad, transparencia, corresponsabilidad, gobernabilidad, cooperación y la garantía de los derechos. Entre ellos se encuentran las Veedurías Ciudadanas y Redes de Veedurías, los Consejos de Planeación, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradores Locales, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, Consejos de Juventud, Consejos de Educación, Consejos Ambientales, entre muchos otros.

Igualmente el reconocimiento de libertades de asociación, reunión y libre expresión, además de los derechos de movilización y la protesta social y el enfoque de participación ciudadana del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera que busca superar la debilidad institucional para lograr goce efectivo de derechos, contando con la activa participación de la ciudadanía implica, para poner en marcha los instrumentos, medidas y dispositivos que contiene el Acuerdo proponer, construir, diseñar y hacer parte de la toma de decisión a corto, mediano y largo plazo, son elementos esenciales para comprender la participación ciudadana.

Así pues, un presidente que reconozca y priorice la participación ciudadana debe por supuesto, reconocer, garantizar y salvaguardar los mecanismos e instancias institucionales y formales de participación, pero además tener una puesta de construcción de abajo hacia arriba, fortaleciendo la planeación y la presupuestación participativa; reconocer y garantizar los derechos de reconocimiento, acceso, fortalecimiento, protección, promoción e incidencia de organizaciones y movimientos sociales, tener clara su para definir sus apuestas, las rutas y acción; reconocer el enfoque participativo del Acuerdo de Paz; y sobre todo entender que una sociedad colombiana encaminada a superar la desigualdad, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que garantiza el goce efectivo de derechos debe ser una sociedad con altos niveles de participación.

¿Cuáles son las propuestas de los candidatos?

Para Humberto de La Calle el fácil acceso a toda la información pública conducirá a la ciudadanía plena y se deberá elaborar planes de acción y estrategias con participación ciudadana. Sus propuestas abarcan la promoción y el fortalecimiento de la participación de jóvenes, incluyendo veedurías juveniles; empoderamiento de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y el sistema de salud; formular planes participativos de mejoramiento de vivienda y zonas priorizadas; promover la consolidación de espacios de participación, pedagogía ciudadana y resolución pacífica de conflictos y veedurías tanto a planes de desarrollo, como POT y presupuestos.

Iván Duque propone socializar el uso de las herramientas de seguimiento y denuncia; realizar talleres para escuchar preocupaciones e ideas de las comunidades; habilitar mecanismos de denuncia rápida y fomentará los presupuestos participativos en proyectos relacionados con desarrollo comunitario.

Sergio Fajardo fomentará la participación en el proceso de planeación y diseño de las políticas públicas y movilizará la sociedad para hacer del empoderamiento de las mujeres un proyecto de país. Esto, contando con rendición de cuentas, participación de las mujeres en la lucha contra el cambio climático, asignación participativa de recursos y vigilancia ciudadana.

Gustavo Petro propone fortalecer la participación en las decisiones territoriales; promover presupuestos participativos; generar gran participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas y respetar las decisiones democráticas que se tomen en las consultas previas de grupos étnicos y en las consultas populares.

Germán Vargas Lleras propone involucrar a la comunidad en labores de planeación, monitoreo, reconciliación y convivencia ciudadana; fortalecer el papel participativo de las Juntas de Acción Comunal y los ediles en el Gobierno municipal y entregar a todos los ciudadanos la información pública y aumentar la participación de la ciudadanía en lo relacionado con la seguridad. Igualmente, propone delimitar el derecho a la protesta para que está no afecte a terceros y acotar la consulta previa, para que está no sea obligatoria, especialmente en lo relacionado con el sector minero-energético.

Edición 589 – Semana del 25 al 31 de mayo de 2018
   
 
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