La Reconciliación como
Política Pública en Colombia

 

Esperamos entonces, que la primera fase del proceso de construcción participativa de la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización, que como conocemos, finalizará en julio de este año, contribuya no solo a la producción de un documento para entregar a los gobiernos saliente y entrante, sino a generar los compromisos necesarios para que este importante compromiso de la implementación del Acuerdo de Paz, sea una realidad.

 
Mónica Duarte
 
Asesora Estrategia de Lobbying y Presión Política Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Un asunto que avanza lenta pero decididamente y al margen de los altibajos del proceso electoral que se vive actualmente en el país, tiene que ver con la materialización de una Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización. Esta política hace parte de lo concertado por el Gobierno Nacional y las FARC en el Acuerdo Final de Paz y responde a la necesidad de promover una cultura de reconciliación y convivencia “que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente” dice textualmente el acuerdo.

Para nadie es secreto que hablar de la reconciliación en medio del conflicto que aún persiste y después de tantas heridas y víctimas resultado de una confrontación de más de medio siglo, no es nada fácil, pero el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, ha asumido la tarea que le corresponde por decreto (Decreto 885 de 2017) de iniciar un proceso de deliberación ciudadana para recoger recomendaciones de diversos territorios y sectores sociales, sobre lo que podrían ser lineamientos para el diseño de la política pública.

La reflexión en esos espacios regionales, girará en torno a las preocupaciones y propuestas de las organizaciones y movimientos sociales sobre lo que debe contener una política, que entre otros aspectos, debe partir por reconocer que el origen y persistencia del conflicto armado en Colombia tiene que ver con el imaginario del enemigo instaurado en algunos sectores de la sociedad, alimentado por un discurso de miedo y odio construido desde estructuras de poder político y económico, que no permite comprender, aceptar o reconocer las diferencias, particularmente políticas, pero también y no en menor medida, económicas, culturales, étnicas y de género, y trabajar sobre las desigualdades y exclusiones históricas, que en muchos casos están asociados a esas diferencias.

Así mismo, tendrán que promover la comprensión de que la reconciliación debe buscar la transformación de las relaciones y vínculos sociales que permitieron la victimización de un sector social en el pasado y favorecer la construcción de un futuro común de convivencia pacífica entre las víctimas, la sociedad civil y el Estado y los excombatientes, fortaleciendo la participación, la confianza y el tejido social. Esto implica avanzar en la consolidación de una narrativa básica compartida por la sociedad que explique por qué y cómo involucionamos hacia una guerra degradada y quiénes son los responsables en los diversos niveles, la necesidad de edificar procesos que permitan a los victimarios satisfacer los derechos de las víctimas, mediante un compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición, y a las víctimas recibir ese proceso como un verdadero avance hacia el pleno reconocimiento del daño que les fue infringido como un camino a la recuperación de su dignidad.

Requiere del compromiso serio del Estado como garante de derechos, como constructor de bienes públicos, como proveedor de bienes y servicios, pro-equidad, construido desde los territorios con plena conciencia de la diversidad étnica, cultural y ambiental y con vocación de alcanzar propósitos generales en beneficio de todas y todos.

Significa por otra parte, la construcción de una cultura de la tolerancia, de respeto por la diferencia y de valoración de lo público, de convivencia pacífica, de empatía con las víctimas y rechazo de la inequidad, de confianza del Estado en la ciudadanía y de la ciudadanía en el Estado. También implica una sociedad civil fuertemente organizada, participando activamente en los asuntos públicos que le conciernen, de una sociedad política comprometida con los valores democráticos, cuyas prácticas eliminen todo vestigio de validación del uso de la violencia como instrumento de la política.

Una reconciliación con bases en la verdad y en procura constante de formas, estrategias y acciones para hacer posible el goce efectivo de derechos de todas y todos y la comprensión del destino común que es una sociedad más democrática.

Para lo anterior, desde el Consejo Nacional de Paz, se ha propuesto una discusión alrededor de 6 ejes o pilares temáticos, cuyo análisis podría contribuir a la comprensión de los asuntos tan complejos que abordará la política pública en cuestión, para una sociedad en transición como la nuestra:

1. Políticas para la transición – Reconocimiento, Reparación Transformadora y Reincorporación:Obedece a que el reconocimiento y dignidad de los más de ocho millones del conflicto armado en Colombia, debe pasar por la satisfacción de sus derechos en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como por su posicionamiento en la sociedad como sujetos políticos. Además, es fundamental entonces, la articulación con procesos e instituciones creadas por el Acuerdo Final de Paz para el fin mencionado como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

2. Convivencia pacífica:en este eje se parte del supuesto de que, para promover la apropiación de prácticas no violentas para resolver los conflictos por parte de la ciudadanía, el Estado deberá garantizar procesos de fortalecimiento y promoción de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos familiares, escolares, laborales y vecinales o comunitarios vigentes en Colombia en aras de generar escenarios y habilidades propicias para la convivencia. Valorar los saberes ancestrales de los pueblos étnicos, así como las experiencias y trayectorias de organizaciones y movimientos de mujeres, jóvenes, campesinos, comunales, sindicales, entre otros, en la creación de nuevos mecanismos para la resolución de conflictos y la reconciliación.

3. No estigmatización y no discriminación: fenómenos sociales profundamente arraigados en la sociedad colombiana, que han sido la causa de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y que, por tanto, su desactivación del imaginario colectivo implica esfuerzos grandes desde la pedagogía y la cultura, en aras de promover el respeto, reconocimiento y protección a la diferencia, la crítica y la oposición política, a quienes lideran procesos de construcción de paz y otras agencias sociales, a la población LGBTI, a las mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, población LGBTI, los jóvenes, niños y niñas y adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las minorías políticas y las minorías religiosas, entre otros.

4. Confianza y reconstrucción del tejido social:Desde este pilar, se considera que la reconciliación debe apostarle al fortalecimiento de los ejercicios territoriales de diálogo y deliberación sobre lo público, facilitando los escenarios para ello. Dichos espacios de diálogo social pueden favorecer el cambio de los imaginarios sobre los actores que han estado inmersos en el conflicto. Reconstruir el tejido social en el nivel territorial, requiere también de una presencia institucional suficiente y competente para la garantía de acceso a derechos y para el reconocimiento de los actores sociales, en aras de contribuir al restablecimiento de la confianza entre la sociedad y el Estado.

5. Desarrollo social y económico sostenible y transformaciones territoriales:propone que la transformación de las relaciones implica que los sectores y grupos que han sido marginados económica, social y políticamente, logren reestablecer sus derechos en condiciones de dignidad. En el proceso de reconciliación, hay que construir nuevos imaginarios, nuevas comprensiones de todos los actores sociales y fortalecer las visiones de los territorios en torno al desarrollo humano y sostenible. La inclusión, como uno de los escenarios de la reconciliación, requiere que se den las condiciones para eliminar la desigualdad y la exclusión económica y social, en pro de la satisfacción de derechos de la ciudadanía.

6. Adecuación normativa e institucional para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización:La convergencia de diversos factores, en procesos tan complejos de transición política de escenarios de conflictividad a escenarios de reconciliación, plantea distintos retos que le corresponde al Estado atender. Esto, significa generar las condiciones institucionales para materializarlas y si es el caso crear nuevas instituciones, procedimientos y lógicas de articulación entre las instituciones y de estas con la sociedad en general.

Esperamos entonces, que la primera fase del proceso de construcción participativa de la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización, que como conocemos, finalizará en julio de este año, contribuya no solo a la producción de un documento para entregar a los gobiernos saliente y entrante, sino a generar los compromisos necesarios para que este importante compromiso de la implementación del Acuerdo de Paz, sea una realidad. Por tanto, es fundamental que la ciudadanía se apropie de los resultados de este proceso, en articulación con el Consejo Nacional y con los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, generando las acciones de incidencia y movilización ciudadana que se requieran.

Edición 590 – Semana del 1º al 7 de junio de 2018
   
 
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