La paz agredida y el gringo ahí

 

Otra vez, como en tiempos del Plan Colombia en el gobierno Duque, serán los intereses de los gringos, como en el caso de Santrich, los que se pondrán por encima de la paz de Colombia.

 
Antonio Madariaga Reales
 
Asesor de Dirección Corporación Viva La Ciudadanía
 
 

Todavía escaldados por lo sucedido el 7 de agosto de 2010, deseosos de mantener un cerco protector de la impunidad de Uribe y animados por el odio a las Farc y a todo lo que huela a lo popular, Uribe y sus amargos muchachos, han puesto en marcha en el Congreso y ante los medios una feroz ofensiva que tiene a mi modo de ver tres propósitos fundamentales.

El primero de ellos busca evitar que el próximo 7 de agosto, Duque después de halagar al “presidente eterno”, lo “traicione”, como dicen ellos lo hizo Santos, (lo llamó “genial e irrepetible” en su posesión, después de anunciar, ante el rostro demudado de Uribe, que restauraría los ministerios que él había fusionado –justicia, trabajo y salud– que protegería los desplazados y les devolvería sus tierras y que la llave de la paz estaba en su bolsillo). Para ello han corrido la cerca en el debate parlamentario y en las declaraciones públicas lo más a la derecha posible y enviado a través de Alicia Arango el mensaje más contundente. “Duque será presidente, pero el jefe es Uribe”.

Lo segundo que han hecho en el ataque a la JEP, bajo la apariencia de salvar el honor de las Fuerzas Armadas, al tiempo que les ponen en la mira de la Corte Penal Internacional, es trabajar para evitar que se cumpla uno de los principios fundamentales de la justicia transicional, a saber, el cambio de sanción por verdad y reparación a las víctimas, lo que significa para los perpetradores, penas alternativas, de menor duración y pagadas en condiciones especiales, pero también la obligación concomitante de decir toda la verdad sobre las determinaciones y los determinadores, (funcionarios civiles, terceros, etc.), que les llevaron a la comisión de graves y masivas violaciones a los derechos humanos.

A su vez han anunciado, para descargar su odio con las extintas Farc y al mismo tiempo cortarle las alas a su presencia política en el Congreso y en la vida pública que les ofende, modificaciones al Acuerdo que castigue duramente a los líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y les impida hacer política mientras pagan su pena.

Los cambios legislativos, más allá de su evidente inconstitucionalidad de la que tendrá que dar cuenta la Corte, lo que logran es poner una agenda en el extremo del espectro para restar margen de maniobra a Duque, quien no tiene tanto por su origen como por su trayectoria la autonomía de vuelo que tenía Santos, y a sus aliados menos extremos de la coalición, no necesariamente por razones ideológicas o altruistas, y consolidar al uribismo como la voz cantante de la misma.

Estos y otros riesgos, el posible desmonte de políticas consagradas en el Acuerdo de La Habana que no tienen protección constitucional o legal fuerte, (como es el caso de la mayoría de decisiones pendientes para hacer efectiva la Reforma Rural Integral o el punto de participación política y social, o la terminación p.e del llamado Ministerio del Postconflicto), o la asfixia presupuestal de otras, (como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad), o las limitaciones posibles a la intervención de la comunidad internacional, (renegociando en septiembre y limitando, por ejemplo, el mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas creada por el Consejo de Seguridad, o la acción de los países y organismos garantes y acompañantes, por ejemplo, o minimizando la comisión de notables de los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González), y la posible terminación de la negociación con el ELN obligan, como lo desarrollaremos más adelante, a una acción múltiple y concertada de fuerzas políticas y sociales para defender lo alcanzado y avanzar en la construcción de la paz.

Pero el otro gran riesgo, a mi modo de ver central en esta coyuntura, es lo que Duque ha expresado en torno a las drogas de uso ilícito, íntimamente ligado a lo que él llama la agenda de seguridad y legalidad y que no es más que la agenda Trump a la criolla. Es evidente que aun los leves avances de Santos en dirección a una postura más racional frente a ese tema de las drogas se reversarán en el gobierno Duque. Tanto la persecución a los consumidores, incluyendo el decomiso de la dosis personal, como la erradicación forzosa en vez de la sustitución voluntaria, incluyendo la utilización masiva del glifosato, hoy propiedad de Bayer después de la compra por esta de Monsanto, como el posible regreso de una estrategia similar a la de las Zonas de Consolidación y los CECAI, que ponían a la autoridad civil de los territorios, bajo el control real de las autoridades militares, representan una seria amenaza a la paz.

El reclamo tanto de las organizaciones y comunidades del territorio, como en general de la sociedad civil colombiana al gobierno Santos ha sido, que cumpla con las familias que voluntariamente quieren sustituir los cultivos de uso ilícito, y hemos dicho que la esquizofrenia estatal hace que la sustitución voluntaria vaya en bicicleta y la erradicación forzada manual en avión. Lo que se avecina es que la erradicación forzada química vaya en aviones y drones de fumigación, no solo contra la coca, también contra la salud y contra el medio ambiente, y la sustitución voluntaria se paralice y peor aún retroceda.

Con ello estaríamos ante el inicio de un nuevo ciclo de movilización de las comunidades que sobreviven de la coca y de las organizaciones ambientalistas por un lado y un fortalecimiento de las organizaciones ilegales, llámense Clan del Golfo o Disidencias que van a defender el negocio y ante eso el gobierno responderá con represión, militarización de los territorios y creará el entorno favorable para una nueva ola de violencia y destrucción de tejido social y de la poca confianza que el Acuerdo de Paz ha logrado para la interlocución entre las comunidades y el Estado. Otra vez, como en tiempos del Plan Colombia en el gobierno Duque, serán los intereses de los gringos, como en el caso de Santrich, los que se pondrán por encima de la paz de Colombia.

Frente a ello, la sociedad civil y las organizaciones políticas alternativas tenemos tareas diferenciadas pero complementarias. Estas, las políticas, están ante la obligación histórica de conformar una bancada sólida por la paz, la democracia y los derechos que incluya, además de los partidos y movimientos que se declaren en oposición, a sectores dentro de los partidos tradicionales que contrarresten la agenda de la derecha, tanto en términos de oponerse a ella, como en el posicionamiento y gestión de una agenda alternativa, en la que los temas de participación, entre ellos y que son claves el trámite de la ley estatutaria de garantías de participación y del derecho a la protesta pacífica y las Circunscripciones Especiales de Paz; de desarrollo de lo que falta de arquitectura institucional para la paz como el catastro multipropósito, o la reforma a la ley orgánica de planeación para incorporar al Plan de Desarrollo los PDET, etc. Le corresponde a su vez a los partidos y movimientos que se declaren en oposición, conformar una fuerza coordinada, con vocerías múltiples, que pueden definirse temáticamente y alternarse, como un dique de contención, frente al posible arrasamiento de la institucionalidad de democrática y del acuerdo de paz. Todo ello sin la figura de jefe de la oposición que no existe en el ordenamiento jurídico ni en las costumbres políticas colombianas.

A la sociedad civil le corresponde una primera tarea de fortalecimiento y reactivación de las relaciones con la comunidad internacional y por tanto de hacer incidencia en las embajadas presentes en Colombia, en sus capitales y cancillerías; en Nueva York y Ginebra, para el caso de Naciones Unidas y en Bruselas para el caso la Unión Europea, para lograr, por un lado, una reafirmación por parte del Consejo de Seguridad del mandato de la Misión de Verificación, y por el otro tener una interlocución política que mantenga el papel de garantes, acompañantes y cooperantes para la implementación del Acuerdo de Paz, incluyendo una posible Conferencia Internacional de Cooperación para la Paz de Colombia.

También le corresponde levantar de manera novedosa, creativa y responsable el tema de garantías, para líderes, lideresas, comunidades, poblaciones y pueblos, para su existencia digna y para el respeto de sus derechos y trabajar por la legitimidad y efectividad de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la paz y la Unidad de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas.

Le corresponderá también a la sociedad civil, además de urgir a la Corte Constitucional para el rápido avance de las decisiones que a ella corresponden en la implementación y que están pendientes, intervenir de manera pública y transparente y en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos por la propia Corte, en relación con los temas que se encuentran en estudio o que a ella lleguen en relación con la implementación siendo uno de los más urgentes la demanda de los artículos inconstitucionales introducidos por el uribismo a las reglas de procedimiento de la JEP.

No es menos importante que la sociedad civil, el que esta levante una agenda que partiendo del reconocimiento de los avances y limitaciones de la implementación del acuerdo de paz, contenga propuestas viables para su extensión y profundización.

Finalmente, y como corresponde al Estado Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución, la sociedad civil debe establecer canales directos de comunicación, para de manera clara, respetuosa y constructiva tener con el nuevo gobierno un intercambio de opiniones, presentación de demandas y propuestas para el cuatrienio que comienza y establecer mecanismos y espacios permanentes y visibles para gestionar esa interlocución durante todo el tiempo. Un avance en esa dirección, respaldado en que forma parte de la arquitectura institucional, constitucional y legal del Acuerdo, ha hecho el Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, solicitando participar en lo que hace a su misión de las conversaciones del empalme de gobierno.

Coda: A pesar de promesas, protocolos, acciones y esfuerzos diversos tanto del gobierno, en particular del Ministerio de Interior, como de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, continua el desangre de líderes y lideresas sociales y personas que defienden los derechos humanos. ¿Hasta cuándo?

Edición 594 – Semana del 29 de junio al 5 de julio de 2018
   
 
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