Un gobierno contra la verdad:
escenarios y estrategias para la CEV

 

Las organizaciones de la sociedad civil que siempre han trabajado para construir paz, justicia y democracia, han mostrado en el pasado su capacidad para adaptarse a los cambios políticos durante ese conflicto armado de larga duración y por eso existe la confianza de que estarán preparadas para hacerlo una vez más con el apoyo de una sociedad colectiva y informada como nunca en la historia del país.

 
Nicole A. Hofmann
 
Cooperante Pan Para el Mundo – Viva La Ciudadanía
 
 

El conflicto armado en Colombia se transformó desde que empezaron las negociaciones con las Farc hasta la firma del Acuerdo de Paz debido a un ambiente sociopolítico que priorizó las condiciones básicas para construir la paz. Cada proceso de paz depende del ambiente sociopolítico y las estructuras de poder que existen en el país durante su negociación, su implementación y su consolidación, este ambiente determina el diseño de la paz, incluso los instrumentos para lidiar con el pasado. En el caso colombiano el instrumento es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, el cual nació en un momento político muy constructivo en que se respetaron las necesidades de las dos partes del conflicto, cuando ya existía la pericia y la experiencia internacional y nacional en el campo de la justicia transicional.1

La polarización política de la población colombiana sobre el Acuerdo de Paz ha generado un ambiente político adverso a la construcción de paz en el país, aún más con la elección del nuevo presidente, porque ha empezado y tiene previsto cambios fundamentales al Acuerdo de Paz, por eso las actuales instituciones que trabajan en la paz deben prepararse para escenarios que influyan su trabajo.

Algunos de los integrantes del equipo de empalme que el presidente electo escogió, hicieron parte de gobiernos que organizaron al Estado colombiano en función de una salida militar del conflicto armado, en ese sentido, existe el riesgo de que ese equipo que conformará el nuevo gobierno sea proclive a negar las responsabilidades sobre delitos que han sido cometidos por los operadores de justicia y otras instancias del Estado y que esto sea adverso al esclarecimiento histórico de las responsabilidades que todavía no han sido determinadas. Un claro ejemplo de lo anterior es que las bancadas en el Congreso de los partidos de gobierno (Centro Democrático, principalmente) para aprobar la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han incluido cambios que favorecen a los militares e integrantes de la Fuerza Pública que cometieron delitos de lesa humanidad, principalmente durante los dos gobiernos del fundador del Partido Centro Democrático (Álvaro Uribe).

En esta situación, el trabajo de la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición (CEV) se vería afectado. Muchos procesos de paz en diferentes países en que se han aplicado instrumentos de justicia transicional se trabajaron en entornos similares desde el principio o tuvieron la misma experiencia de cambios políticos; de esos casos si fuera necesario, la CEV podría aprender las estrategias de adaptación para su trabajo.

De la situación descrita anteriormente se podrían derivar tres escenarios particulares, los cuales van a ser tratados a continuación. Ellos no se agotan en este texto y, tal vez, no son los únicos posibles. En todo caso, sirven para mostrar algunas estrategias que pueden utilizar la CEV y la sociedad civil para mitigar los obstáculos a los que se enfrente el país en la búsqueda de la verdad amplia sobre el conflicto armado.

Escenario de verdad sin responsabilidad

Un gobierno cuyos integrantes se han involucrado en el conflicto armado de manera tan activa, intentará evitar investigaciones en su contra. En el caso de Guatemala, el mismo gobierno de los años del conflicto siguió en el poder durante el proceso de paz y después de él. En este proceso se definió que la verdad consistiría en determinar los hechos (sus causas y consecuencias) y las responsabilidades institucionales sobre los mismos; dejando intactas las responsabilidades individuales y personales. Con esa cláusula, la búsqueda de la verdad estaba limitada a una memoria histórica que denunciaba crímenes de Estado sin soporte en investigaciones judiciales y la condena de los culpables.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible pensar que en Colombia un gobierno nuevo no comprometido con la verdad en toda su complejidad sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado podría limitar el trabajo de la CEV a través de actos legislativos y administrativos. Así como también podría truncar los objetivos y las metas de la CEV al ejecutar acciones para desacreditarla o ignorar sus resultados y recomendaciones.

En el país ya existe una verdad a medias que presenta el número de víctimas y los tipos de daños ocasionados a ellas, pero habla poco de los responsables y de los objetivos buscados por éstos con la comisión de sus delitos. Un ejemplo de esa forma de construir verdad es el contenido (museografía) del Museo Casa de la Memoria de Medellín. En un escenario así, las víctimas y sus organizaciones sociales quedan marginadas, mientras que los victimarios, el gobierno y la población que él representa se sienten respaldados por esa narración parcial de lo ocurrido.

Una estrategia para mitigar las restricciones de un momento sociopolítico adverso al esclarecimiento de la verdad es a través de la preservación de la documentación de los hechos violentos. Esta permitiría, cuando se consolide la democracia en Colombia, volver a usar los archivos para establecer una verdad menos limitada que la que hubiese recolectado y publicado la CEV en el contexto de un gobierno contrario a la definición de responsabilidades individuales, institucionales, históricas y judiciales. Eso significa que es primordial la gestión de datos con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil: recordar, sistematizar y analizar testimonios, documentos entregados y archivos existentes. Como en Guatemala, donde la transformación sociopolítica dio lugar a los procedimientos judiciales que permitieron investigar al dictador Efraín Ríos Montt 10 años después de que la comisión de la verdad (de Guatemala) publicara su informe final.

Otra estrategia para la CEV en ese escenario debería ser garantizar la participación de las víctimas en todas las fases de su trabajo, las cuales van desde el alistamiento hasta la entrega del informe final que incluiría recomendaciones sobre formas de reparación basadas en responsabilidades institucionales. Dicha participación mitigaría la frustración de las víctimas por no tener la oportunidad de buscar y señalar de manera pública las responsabilidades individuales de los perpetradores ni de encontrar reconocimiento de sus versiones de la verdad en el gobierno y la sociedad en general. Esta estrategia sería más relevante en el caso de que el nuevo gobierno limitara o aboliera la JEP y todas las expectativas de construcción de verdad y de reparación en el país se volcaran sobre la CEV. Esto pondría a Colombia en una situación parecida a la de Sudáfrica donde existió una sola institución transicional (Comisión de la Verdad) que no contaba con el mandato de juzgar y condenar a los responsables de los delitos, lo cual volvió inadecuados los procesos de reparación de las víctimas y limitó la consolidación del Estado de Derecho en ese país.

Una estrategia adicional podría ser la que se utilizó en el caso de la República Democrática del Congo (RDC), que consistió en buscar alianzas internacionales para mantener una presión política externa a través de sanciones por no observar protocolos de acuerdos regionales y globales. En la RDC donde la comisión de verdad fracasó por la continuación de la lucha por el poder (sin armas), la Corte Penal Internacional (CPI) condenó al líder del grupo rebelde y ordenó un programa de fondos para reparaciones de las víctimas. De manera similar, las CEV y las organizaciones de las víctimas y la sociedad civil en Colombia podrían colaborar con la CPI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar que al país llegue un apoyo moral y real que no descarte sanciones de la comunidad internacional, las cuales pueden contribuir a un cambio político.

Escenario de verdad sin presupuesto

La construcción e implementación del actual sistema integrado de justicia transicional colombiano ha sido un proceso nacional. Es decir, que su administración y su financiación son fundamentalmente internas, lo que resulta adecuado cuando existe voluntad política para su sostenimiento, pero no cuando se está frente a un gobierno adverso a la construcción de una verdad amplia sobre el conflicto armado. El gobierno electo crea el riesgo de un escenario donde se limita los alcances de los mecanismos del sistema de justicia transicional al desfinanciarlos. Sin fondos, un mecanismo como la CEV se vería obligado a cancelar o restringir muchas de sus actividades para el esclarecimiento, la convivencia y la no repetición.

En el diseño de la CEV no se vinculó inicialmente a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales como financiadores de este mecanismo de justicia transicional. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de buscar fondos externos para ejecutar las actividades en el marco de su mandato. A muchas comisiones de la verdad alrededor del mundo le fueron cortados sus fondos, sin embargo, lograron movilizar recursos internacionales para ejecutar actividades especiales. Por ejemplo, en Sierra Leona, donde se estableció una estructura de financiación mixta (nacional e internacional), se logró cubrir los recursos recortados con cooperación internacional, los cuales fueron operados por ONG locales. En el caso colombiano esto también será posible en el escenario de que se le recorten los recursos nacionales a la CEV, pues los dineros de la comunidad internacional no pasarían por el control del gobierno de turno.

Hay que tener en cuenta una lección importante proveniente del caso de Sierra Leona. Las instituciones y organizaciones que se encargaron de ejecutar los recursos limitados de la comisión de la verdad de ese país no desarrollaron una visión amplia de su trabajo ni la capacidad de coordinarlo entre ellas y con otros actores claves (como instituciones del estado). Esto no les permitió alcanzar metas e impactos sostenibles en el tiempo. Por eso se le recomienda a la CEV una estrategia para identificar y analizar su plan de trabajo con sus propios recursos, que le permita desarrollar propuestas rápidamente y encontrar fácilmente financiamiento sustitutivo en el caso de que el gobierno colombiano no disponga del presupuesto necesario para su funcionamiento. Con un plan de financiamiento que tenga opciones de sustitución con fondos externos, la CEV podría de cumplir con partes fundamentales en su mandato a pesar de que no cuente con el respaldo del gobierno electo.

Escenario de verdad sin paz

El último escenario es el peor de todos los mencionados, pues sus impactos negativos van más allá de las limitaciones del trabajo de la CEV. Se deriva de la decisión política de devolver al país a un estado de guerra propiciado por los mismos grupos armados existentes antes del proceso de paz o por grupos armados nuevos. En ese escenario en que la paz fracasó, la posibilidad para un proceso de construcción de verdad sobre el conflicto armado es muy baja e implica muchos riesgos en materia de seguridad para los funcionarios y los integrantes de la sociedad civil que buscan la verdad. Aunque tuviéramos la confianza de que este escenario no se va a dar en Colombia, la CEV tendría que discutir y definir no sólo el marco de su trabajo sino también sus límites para identificar en cual entorno social e institucional no se va a permitir su trabajo de esclarecimiento. Una estrategia para lidiar con la violencia existente hacia posible regreso de la guerra evita que la CEV se convierta en un fracaso total que aumente los daños a las víctimas cuando ofrecen sus testimonios y/o se presenten como voceros de sus derechos. Esa estrategia consistiría en adoptar aprendizajes de comisiones de la verdad fracasadas como la del Congo que, a pesar de que fue bloqueada a nivel nacional y no pudo seguir con su trabajo de esclarecimiento de la verdad, realizó actividades en las regiones para cumplir su mandato de reconciliación al nivel local en zonas más afectadas por la guerra.

Los escenarios presentados no son completos ni amplios en su categorización, pero sirven para arrojar luz sobre los obstáculos y los desafíos que esperen a la CEV en el gobierno del presidente Iván Duque. Esto, debido a su postura en contra del Acuerdo de Paz del Gobierno colombiano con las Farc y la influencia que tendría en su gobierno el senador Álvaro Uribe, quien le apostó en sus dos periodos presidenciales a la salida militar del conflicto armado y sobre el cual caen incontables acusaciones por delitos de lesa humanidad y cuyos colaboradores han sido condenados por delitos asociados a la guerra y la corrupción.

Con esos escenarios quiero invitar a buscar oportunidades para sacar adelante el proyecto de paz. Las organizaciones de la sociedad civil que siempre han trabajado para construir paz, justicia y democracia, han mostrado en el pasado su capacidad para adaptarse a los cambios políticos durante ese conflicto armado de larga duración y por eso existe la confianza de que estarán preparadas para hacerlo una vez más con el apoyo de una sociedad colectiva y informada como nunca en la historia del país.

1 El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición de Colombia está compuesto por cuatro mecanismos: la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado (UBPD) y las medidas de reparación integral.

Edición 594 – Semana del 29 de junio al 5 de julio de 2018
   
 
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