Dos semanas de exacerbación uribista y la obstrucción a la jurisdicción especial para la paz

 

Sin que Duque se haya posesionado aún como presidente, a lo largo de estas dos semanas se ha evidenciado no solo el triunfalismo de este bloque anacrónico, sino que ha sido conocido públicamente cómo personajes representativos de esta colectividad se abrogan licencias para agredir y amenazar opositores, obstruir proyectos de ley fundamentales en materia de justicia ordinaria y transicional…

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
 
 

Como se ha analizado en varios medios de comunicación y redes sociales digitales, con ocasión del triunfo en segunda vuelta del candidato Iván Duque el pasado 17 de junio, hoy presidente electo del Uribismo, las fuerzas retardatarias en el Congreso de la República y en otros órganos del poder público están concentrando sus esfuerzos para darle la estocada final al accidentado Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno de Colombia y la exguerrilla de las Farc en noviembre de 2016. Este objetivo ha estado acompañado de nuevas y viejas estrategias de esta organización, la cual camufla en un mismo bloque expresiones nocivas para la democracia y el Estado Social de Derecho, como partidos políticos tradicionales vetustos, clanes familiares regionales que integran parapolítica y carteles de compra de votos, hacendados y ganaderos dueños de grandes extensiones de tierra, movimientos ultranacionalistas (llamados neonazis) como Tercera Fuerza, Alianza Social Patriotas y Comando Radical Nacionalista, así como expresiones religiosas conservadoras, las cuales van desde la conocida Tradición, Familia y Propiedad, el Opus Dei y los católicos lefrebvristas hasta las llamadas iglesias cristianas.

Sin que Duque se haya posesionado aún como presidente, a lo largo de estas dos semanas se ha evidenciado no solo el triunfalismo de este bloque anacrónico, sino que ha sido conocido públicamente cómo personajes representativos de esta colectividad se abrogan licencias para agredir y amenazar opositores, obstruir proyectos de ley fundamentales en materia de justicia ordinaria y transicional e influir políticamente en el cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) para impedir que el senador electo Antanas Mockus se pueda posesionar. Sin embargo, a la par, han sido silenciados, o tratados de manera tímida, hechos que confirman la presunta existencia de redes ilegales en el funcionamiento de esta organización, como la condena a nueve años por paramilitarismo de Jorge Visbal, exdirigente de Fedegán, exsenador y exembajador uribista, la investigación por presunta compra de votos de las congresistas Margarita Restrepo y María Fernanda Cabal del Centro Democrático y la posición firme de la Corte Suprema de Justicia para darle continuidad a investigaciones por paramilitarismo que involucran a Luis Alfredo Ramos, Santiago Uribe y Álvaro Uribe.

Particularmente, dentro de las investigaciones que se adelantan en contra del expresidente Uribe, ha pasado a segundo plano el caso del testigo Juan Guillermo Monsalve. Se trata del hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe, quien en calidad de testigo ha sostenido no solo que Álvaro Uribe y su hermano Santiago son fundadores del bloque metro de las autodefensas, sino que ha demostrado cómo ha sido objeto de múltiples presiones y amenazas para cambiar la versión de su testimonio. De hecho, en la columna de Daniel Coronel de la Revista Semana del 28 de mayo de 2018 se demuestra con grabaciones de audio cómo un amigo de Monsalve fue contactado para incidir en el cambio del testimonio. Lo grave de este oscuro episodio es que las fechas en que contactaron al amigo de Monsalve coinciden con el anuncio del jefe supremo del Centro Democrático, quien, con megáfono en mano, alevosamente anunció públicamente que presentaría nuevos testimonios para demostrar su inocencia e incriminar nuevamente a Iván Cepeda como artífice de un cartel de falsos testigos en su contra, asunto que incluiría a Monsalve.

Además de hacer los consabidos escándalos para ocultar hechos tan graves como los descritos anteriormente, durante estas dos semanas la bancada uribista en el Congreso se concentró en oponerse al proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo más agresivo de este nuevo episodio fue la presencia de Iván Duque en el Congreso haciendo lobby para que los congresistas aliados a su campaña presidencial se unieran a esta cruzada que concluiría con el hundimiento casi definitivo del Acuerdo de Paz. La situación fue tan complicada que, luego de casi dos semanas debatiendo en ambas cámaras, el pasado jueves 29 de junio se aprobó la conciliación de ley, en la que se logró imponer el congelamiento de procesos contra los militares que deban acudir a la JEP –y que así lo deseen– mientras se crea un procedimiento especial y diferenciado, es decir, una sala especial. Asimismo, se aprobó que la JEP no tendrá potestad para practicar pruebas a solicitudes de extradición que algún gobierno, por ejemplo, los Estados Unidos, haga de jefes del grupo desmovilizado de las Farc. La senadora Paloma Valencia, quien no es que se haya destacado por promover grandes iniciativas legislativas durante estos cuatro años, orgullosa, señaló que este mecanismo garantizará la dignidad y el honor de los militares y exmilitares, quienes no deberán ser juzgados con el mismo racero que los exguerrilleros.

Aunque el ministro del Interior Guillermo Rivera, quien en su soledad ante el Congreso intentó defender el proyecto original mientras el presidente Santos celebraba el triunfo de la Selección Colombia ante el férreo Senegal, advirtió la inconstitucionalidad del texto, lo cierto es que este resultado deja en profunda vulnerabilidad el proceso de paz frente al nuevo gobierno y afecta nocivamente no solo a los desmovilizados de las Farc, en relación con eventuales solicitudes de extradición, sino a militares y exmilitares que están siendo investigados por delitos asociados con el conflicto armado. De hecho, varios militares que han resultado beneficiados por acogerse a la JEP, y el propio comandante de las Fuerzas Militares, General Alberto José Mejía, abiertamente han expresado que no están de acuerdo con este tipo de procedimiento especial para los militares en la JEP, pues pone en riesgo su seguridad jurídica.

Así las cosas, si este procedimiento afecta la seguridad jurídica de los militares y exmilitares que se acogieron o que se acogerán a la JEP ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que el Uribismo promovió esta modificación estructural del proyecto de ley? ¿Por qué esta bancada está interesada en crear una sala especial para los militares si saben que ésta podría tardar hasta 18 o 24 meses para su puesta en marcha? La obstrucción a la JEP, resultado de este nuevo procedimiento, ¿Podría dilatar las investigaciones de este tribunal que por paramilitarismo y parapolítica involucren al Uribismo? Si los militares no pueden contar la verdad del conflicto armado ¿Quiénes se beneficiarían? Si los militares deben esperar hasta que cuenten con un procedimiento especial ¿Qué pasará con las investigaciones por falsos positivos que puedan llegar a la JEP? ¿O con las investigaciones sobre las masacres del Aro, la Granja y San Roque que por conexidad lleguen al tribunal de la JEP? Y en relación con el tema de la extradición a desmovilizados de las Farc: frente a eventuales solicitudes de extradición de dirigentes del actual partido Farc ¿El Estado colombiano estaría obligado a cumplir estas órdenes de algún gobierno, por ejemplo, el de Estados Unidos? ¿En qué quedaría la participación política de la exguerrilla de las Farc? ¿Qué consecuencias tendría esto para la construcción de paz y reconciliación en Colombia? No quisiera afirmarlo, pero parece que estamos retornando a los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente. Así lo cantaba Manu Chau con mano Negra en 1994: “Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide quien la paga, dice quien vivirá… Del Señor Matanza”.

Edición 594 – Semana del 29 de junio al 5 de julio de 2018
   
 
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