“Se respira en distintos lugares del territorio nacional, lo sentí en el Huila hace 15 días, en Barranquilla la semana pasada, en el Chocó hace dos días un aire de tristeza, pero al mismo tiempo de determinación para impedir que esto siga pasando…”

Mientras el gobierno banalizó una situación grave, preocupante y persistente, y se desentendió de su responsabilidad de ofrecer garantías a los LSDDH en todo el territorio nacional, escondido tras los resultados que pudiera ofrecer la Fiscalía, las muertes se multiplicaron, y las voces de indignación crecieron (esto también hay que decirlo). Hasta ayer, un día en el que al volver los ojos hacia atrás el último bienio parece tiempo inútil, puro desperdicio.

Recientemente el Gobierno Nacional presentó en Ginebra un examen periódico donde manifestó que la raíz de los asesinatos de líderes sociales se presenta por el freno que los defensores están haciendo para que organizaciones ilegales no tomen de nuevo el control de territorios que ya habían sido libres por parte de la ilegalidad.

Luego de la segunda vuelta presidencial, el incremento de asesinatos al liderazgo social se disparó. Según estadísticas del Programa Somos Defensores, en lo corrido del año al menos 90 han sido asesinados. Es una cifra preocupante desde el punto de vista humano por el dolor que implica para sus familias, el impacto en sus comunidades y la desestructuración de sus organizaciones sociales.

Según el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ENS, la violencia antisindical de los últimos 40 años se ha ensañado particularmente contra los maestros, que han llevado la peor parte. De los cerca de 7 mil casos de amenazas contra sindicalistas entre 1979 y al momento actual, 3.207 han sido contra miembros de Fecode, o sea casi la mitad.

Las reglas de procedimiento de la JEP aprobadas la semana pasada, incorporan dos disposiciones que, contrariando la Constitución, incumplen el acuerdo pues convierten en notarios de procesos de extradición a los Magistrados de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz y excluyen a los integrantes de la fuerza pública de su comparecencia obligatoria ante la JEP.

Los más de ocho millones que votaron en segunda vuelta por la propuesta de La Colombia Humana y los cerca de 900.000 que lo hicieron en blanco, constituyen un caudal enorme para avanzar en la consolidación de una fuerza alternativa que permita al país, avanzar por la senda de la justicia, la equidad y la paz.

Como aporte a la construcción de la verdad en el país, la Ruta coordinó con la participación de más de mil mujeres, entre el año 2010 y 2014 la Comisión “La Verdad de las Mujeres Víctimas del conflicto armado”, un ejercicio investigativo que se realizó desde la base y en los territorios, y que tuvo como protagonistas a las mujeres víctimas.

El reto para estas mujeres elegidas está en propender por el reconocimiento y el goce efectivo de los derechos de las mujeres, evitando cualquier tipo de retroceso frente a los derechos alcanzados: mantener y fortalecer la bancada de mujeres para la acción concertada frente a propósitos comunes en favor de las mujeres y posicionar la agenda de las mujeres.