Sobre asesinatos, un mensaje sencillo y una última oportunidad de este gobierno

 

Mientras el gobierno banalizó una situación grave, preocupante y persistente, y se desentendió de su responsabilidad de ofrecer garantías a los LSDDH en todo el territorio nacional, escondido tras los resultados que pudiera ofrecer la Fiscalía, las muertes se multiplicaron, y las voces de indignación crecieron (esto también hay que decirlo). Hasta ayer, un día en el que al volver los ojos hacia atrás el último bienio parece tiempo inútil, puro desperdicio.

 
David Martínez
 
Investigador social, escritor y consultor
 
 

I

Durante los dos últimos cuatrienios, el gobierno se ha pronunciado con tibieza sobre la legitimidad de las actividades de líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos (LSDDH), a diferencia de lo que ocurrió entre 2002 y 2010, cuando el presidente en persona asumió un discurso abiertamente hostil contra ellos, según el cual su labor era pura complicidad con el terrorismo. Se puede decir, en todo caso, que constituye un avance que los LSDDH hayan dejado de ser considerados en la retórica institucional como piezas fundamentales del “enemigo interno” que se combatía (herencia pura y dura de la vetusta Doctrina de Seguridad Nacional). Esto es fundamental, porque la estigmatización está en la base de cada una y todas las formas de agresión contra LSDDH, que van desde hostigamientos hasta el asesinato o la desaparición.

El miércoles de esta semana, el presidente Santos, el ministro del Interior y el de Defensa repudiaron los últimos asesinatos de LSDDH. Ya lo habían hecho en marzo de 2016, a propósito del homicidio de Klaus Zapata en Soacha. De hecho, las protestas desatadas por este evento (entre ellas la toma de la iglesia de San Francisco por mujeres del movimiento Marcha Patriótica) condujeron a que el presidente Santos creara el Grupo de Alto Nivel para hacerle seguimiento a las investigaciones penales de homicidios perpetrados contra LSDDH. Al interior de este mecanismo, encabezado por el entonces ministro Juan Fernando Cristo y el ministro Villegas, fue que comenzaron a tomar forma las ideas de las “razones personales” y los “líos de faldas” como móviles principales de numerosas muertes violentas, al amparo de la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación.

Mientras el gobierno banalizó una situación grave, preocupante y persistente, y se desentendió de su responsabilidad de ofrecer garantías a los LSDDH en todo el territorio nacional, escondido tras los resultados que pudiera ofrecer la Fiscalía, las muertes se multiplicaron, y las voces de indignación crecieron (esto también hay que decirlo). Hasta ayer, un día en el que al volver los ojos hacia atrás el último bienio parece tiempo inútil, puro desperdicio.

II

Durante los dos últimos años, el gobierno de Santos hizo suyo el discurso de la antisistematicidad: esas muertes no son sistemáticas. Pero su ocurrencia se concentra en algunas regiones, se oyó decir. No son sistemáticas, respondió. Pero la situación es más crítica en lugares donde convergen el antiguo control de las Farc, la presencia de grupos herederos del paramilitarismo y el auge de economías ilegales se alcanzó a oír. No son sistemáticas, insistió. Pero la mayoría de las personas asesinadas ejercían su liderazgo en comunidades campesinas, indígenas o negras, en medio de conflictos similares, y muchas de ellas pretendían la restitución de su tierra. No son sistemáticas, reiteró. Pero mire que los asesinatos selectivos parecen operar como una tradición cuando soplan tiempos de apertura democrática. No son sistemáticas, y punto.

El gobierno se arranchó tras el argumento de que debe existir un único plan nacional de exterminio (tipo UP) para rebatir la sistematicidad de los crímenes contra LSDDH, y perdió una oportunidad para aclimatar la paz. Porque la mayoría de los lugares donde siguen ocurriendo los asesinatos son sitios en los que no ha dejado de persistir la violencia, así ya no sea indiscriminada o generalizada (por eso antes califiqué aquellos como selectivos), parajes donde el Estado es apenas una palabra remota, de otro mundo. Tuvo la oportunidad política de defender la paz que pactó con las Farc mediante una declaración escueta: los líderes sociales son agentes indispensables para la construcción de la paz territorial y que sus comunidades gocen de derechos. Era sencillo, sigue siéndolo; unas pocas palabras de respaldo decidido –quizás más eficaz que un chaleco antibalas y un teléfono celular, y con seguridad más barato–, mientras se intenta vencer la lentitud de las agencias estatales para hacer presencia en eso que algunos llaman la Colombia profunda. Sencillo, pero algo que a muchos les parece todavía más improbable después del próximo 7 de agosto, aunque la vida nunca deja de dar sorpresas.

A pesar de que se sabe, hay que recordarlo: para qué hacer algo sencillo, si se puede difícil. La administración de Santos prefirió los galimatías jurídicos. ¿Y a éste por qué lo mataron? ¿Si era líder o defensor? ¿Y lo mataron actuando en calidad de tal, o estaba en lo suyo? Por supuesto que es muy importante que se avance en la superación de la impunidad que rodea la gran mayoría de asesinatos de LSDDH, tarea que le corresponde cumplir a la rama judicial. El deber prioritario del poder ejecutivo, en cambio, es evitar que los maten, ofrecerles garantías efectivas para que esas personas sigan vivas. Y la primera garantía es reconocer públicamente –con insistencia– que lo que hacen es fundamental para lograr una sociedad democrática desde abajo, desde sus cimientos. Además de no ser perseguidas oficialmente, ése es el primer gesto que las organizaciones sociales y de derechos humanos han esperado de la institucionalidad durante décadas.

III

Desde 2017, Rodrigo Uprimny ha insistido en que uno de los pilares de la violencia contra LSDDH es el silencio que guardan ante ella algunos sectores políticos: “grupos locales diversos se consideran políticamente autorizados para perpetrar esos crímenes porque sienten que algunas fuerzas políticas nacionales aprueban esa violencia, por cuanto no la han rechazado explícitamente”. Con base en este planteamiento, hizo una propuesta: “un pacto político genuino y claro de condena de esos crímenes por las principales (ojalá todas) las fuerzas políticas”.

Antenoche, el senador Uribe publicó un trino un tanto desganado: “Noticias Caracol* * *Han matado a 153 líderes sociales en 20 meses. Las cifras crecen día tras día y parece no ser efectiva la estrategia para brindarles seguridad y apoyo cuando son amenazados.*”. Así, sin más, sin remitir a la nota del portal de Caracol TV. La andanada de críticas de sus opositores fue más que un aluvión. No obstante –déjenme especular, por favor–, ¿qué pasaría si él se sumara al pacto propuesto por Uprimny, tal como se muestra partidario de éste el ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín? ¿Sería irrespetuoso o cínico? Si estuviera dispuesto a hacerlo, ¿no sería un avance? Acaso, ¿lograr un Pacto Político Nacional para que nunca más se usen las armas en la política no es uno de los puntos pendientes del Acuerdo Final?

El análisis cotidiano de la política exige cautela y ponderación. De todas las declaraciones que hubo durante este miércoles que pasó, hay dos que merecen ser contrastadas: mientras Iván Duque, que está a un mes de posesionarse como presidente, después de haberse reunido con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, rechazó categóricamente los asesinatos de líderes sociales, el ministro Villegas también fue categórico al señalar que existía una investigación contra la finada Ana María Cortés por vínculos con las redes de apoyo del Clan del Golfo. Después, la oficina de prensa del Ministerio de Defensa añadió que un familiar de ella tenía un vínculo directo con esa organización criminal.

Otra vez el ministro Villegas prefirió los intríngulis propios de leguleyos, con el agravante de que él no tiene facultades de policía judicial, y hace pública información (supuestamente sometida a reserva) que tiende a condicionar las actuaciones de la Fiscalía, y a echar por la borda algunos de los exiguos avances de esta institución en relación con los asesinatos de LSDDH. Porque no ha sido fácil que, durante los últimos años, algunos fiscales e investigadores, en cualquier caso, de asesinato de LSDDH, asuman como hipótesis obligatoria de sus primeras indagaciones que la comisión del crimen, prima facie, estaría vinculada a la actividad de la víctima. Si sus pesquisas arrojan hipótesis distintas, y las pruebas que se recauden conducen a desechar aquélla, es otra cosa; que mientras esté bien soportada y obedezca a un plan de investigación serio y riguroso, también debe aceptarse como verdad judicial preliminar, pues después debe sustentarse mediante acusación ante las autoridades judiciales. En realidad, el ministro Villegas lo único que hizo fue prejuzgar e invertir la lógica que orienta un proceso penal: en 48 horas tendió un manto de duda sobre las calidades de la muerta (que ya no puede ser investigada, señor ministro), y para hacerlo tan sólo necesitó de un informe de sus subalternos, un micrófono y la atención que la ciudadanía le presta a un ministro de Defensa. Lo más parecido a un juicio sumario de una acusada ausente, ausente ya para siempre.

El presidente electo también dijo: “Como presidente de los colombianos estaré trabajando intensamente por la protección de los líderes sociales, por la protección de todos [los] líderes políticos”. La vicepresidenta electa, Martha L. Ramírez, además de lamentar el asesinato de Ana María Cortés, se sumó a Duque mediante un trino: “Ningún líder social debe morir asesinado en Colombia”. Y agregó: “La Policía y CTI deben garantizar protección a líderes sociales indistintamente de si son de derecha o izquierda”.

Duque y Ramírez no deberían esperar a la posesión de sus cargos para hacer realidad sus anuncios. Podrían comprometerse a persuadir a las fuerzas políticas que representan a tomarse en serio la idea de un pacto político de condena de cada uno y todos los asesinatos de líderes sociales y políticos, independientemente de su ideología. Sería la mejor manera de demostrar que el mensaje del 18 de junio es en serio: “Voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país. ¡No más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos!”.

A esta administración le queda un mes. Muy poco tiempo, pero el suficiente para no perder una oportunidad más. Hacer realidad la propuesta de Uprimny podría hacer que la indignación que ha crecido ante el asesinato de líderes y defensores cristalice en algo. Veremos.

Edición 595 – Semana del 6 al 12 de julio de 2018
   
 
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